En Nicaragua la represión ha mutado a lo jurídico. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuenta con un sofisticado arsenal represivo que se ejecuta a través del Poder Judicial. Basta con analizar los procesos contra los más de cuarenta opositores encarcelados durante la escalada represiva de 2021 para darse cuenta de ello. Según un grupo de expertos internacionales que participaron en el foro “Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión”, organizado por la Red Voces del Sur, el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) es uno que reúne todo “el horror” de la justicia nicaragüense.
A dichas conclusiones llegaron los participantes de un panel en el que se discutió la situación de Nicaragua a casi cuatro años del aniversario de las protestas de abril de 2018. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Jocelyn Nieva, académica y abogada estadounidense; Paulo Abrão, docente y experto en derechos humanos; José Ugaz, abogado penalista peruano; Ciro Colombara, abogado chileno; y Orietta Benavides, abogada y defensora de los acusados en el caso de la FVBCh fueron los participantes de este panel en el que se alertó sobre los “patrones” represivos del régimen en los últimos meses.
“Hemos observado desde el 2018 violaciones a los derechos humanos dirigidas a grupos específicos, también un uso no legítimo de la fuerza de manera sistemática y permanente. Estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado. Nicaragua es un país manejado por un grupo de individuos que quiere proteger ese terrorismo a través de la legalidad”, dijo Abrão durante su intervención.
Estándares internacionales para reprimir
Los expertos aseguraron que la dictadura utiliza las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como argumento para la cancelación de personerías jurídicas en Nicaragua. El organismo sugiere en el octavo punto del reglamento que “los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo”.
Recibe nuestro boletín semanal
“El GAFI reconoce que muchos países están utilizando mal sus estándares internacionalmente y muchos tienen un problema grave con la resolución ocho. Es decir, hay consecuencias muy severas para algunas organizaciones”, aseguró Nieva durante el panel. Sin embargo, el GAFI mantiene en la lista gris al país por presentar deficiencias para combatir el delito de lavado de dinero.
“Nicaragua ha tomado medidas para mejorar su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluso mediante el establecimiento de mecanismos para garantizar que la información sobre la propiedad efectiva de las personas jurídicas y los acuerdos se mantenga y obtenga de manera oportuna”, aseguró la institución sin mencionar el contexto de violaciones a la libertad de asociación realizada por el régimen.
El papel de la comunidad internacional
Por su parte, la expresidenta Chinchilla resaltó la incapacidad del sistema interamericano para hacerle frente al régimen sandinista en estos cuatro años de represión. “Es más que claro que se ha quedado corto ante la situación de Nicaragua”, criticó. A pesar que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una serie de resoluciones de condena al régimen, ninguna ha disuadido a Ortega y Murillo de parar la persecución contra las voces críticas.
“Todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día, y con la complicidad de algunos sectores del país. Se ha detectado una gran incapacidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos realizados ante las resoluciones que se aprueban. El régimen se vuelve en un experto en patear la bola y ganar tiempo a su favor”, aseguró la exmandataria.
Sumado a ello, la dictadura reanudó a inicios de febrero los juicios políticos contra los opositores encarcelados durante una orgía de detenciones en pleno año electoral. Uno de los procesos más prolongados fue el que se realizó contra la FVBCh. En él, la justicia nicaragüense declaró culpables a Cristiana Chamorro, aspirante presidencial; Marcos Fletes y Walter Gómez, funcionarios; Pedro Vásquez, conductor; también fue implicado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, político nicaragüense y hermano de la aspirante.
La abogada Benavidez enfatizó durante el foro la indefensión que enfrentan las personas detenidas por la dictadura en Nicaragua. “En todo este camino fueron notorias las violaciones al debido proceso. En primer lugar, desde la citación, cada uno de ellos recibió una con menos de 24 horas. En segundo lugar, se les prohibió la entrada a sus abogados defensores para que les pudieran asistir a las entrevistas” aseguró la representante.
La persecución judicial inició desde el 20 de mayo, cuando Chamorro fue citada a comparecer en el Ministerio de Gobernación. Benavidez manifestó que a partir de entonces “todo el sistema comenzó a articularse”. Meses antes, la precandidata hizo públicas sus intenciones de presentarse a la presidencia contra el régimen. La encuestadora CID Gallup la posicionó como la favorita entre el resto de aspirantes presidenciables.
“A todos se les impuso también un defensor público. Luego, meses después, fueron llevados a una audiencia en la que no tuvimos acceso a los expedientes. No se nos dio acceso a las piezas del expediente y durante la segunda audiencia, cinco minutos antes, se nos dieron más de doscientos folios que corresponden al expediente judicial lo cual no podíamos consultar ni revisarlo con ellos”, agregó Benavidez.
El juicio finalizó el 11 de marzo con el fallo de culpabilidad de los acusados. Ninguna de las pruebas presentadas por los fiscales pudo probar los delitos que atribuye el Ministerio Público. Los defensores llevaron más de 300 documentos que demostraban la inocencia de los detenidos, pero se impuso la sentencia del juez orteguista Luden Martín Quiroz.