Cada cuatro años los países se evalúan y se hacen recomendaciones a sí mismos en materia de derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en un proceso que es conocido como el Examen Periódico Universal (EPU). Este año, Nicaragua fue uno de los países que formó parte de este mecanismo.
Además del informe que brindó el Estado de Nicaragua, con la narrativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el EPU toma en cuenta información de otras partes interesadas, como organismos defensores de derechos humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Una de las organizaciones que participó en el EPU fue Derechos Digitales, un organismo latinoamericano, con sede en Chile, que tiene como objetivo el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Lucía Camacho, abogada colombiana y coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, fue la encargada de esta organización de dar recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
En esta entrevista con DIVERGENTES, Camacho habla sobre el informe que realizó esta organización sobre Nicaragua y su participación ante la ONU. Ella, que también ha participado en procesos de valoraciones de otros países, califica la situación del país centroamericano como “crítica” y que “puede entrar en estado de coma”.
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¿En qué consistió su participación en el EPU?
Nosotros, en Derechos Digitales, junto con el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), hicimos un informe documentando particularmente cuál había sido el desempeño del Estado de Nicaragua durante los últimos cuatro años. Las recomendaciones se basan en el desempeño del país: viendo qué se hicieron estos cuatro años atrás y cómo le ha ido al país. Creo que una de nuestras conclusiones es que la situación de derechos humanos en general, pero en derechos digitales, es crítica y todavía no tenemos información o compromisos del Gobierno de que la situación vaya a mejorar pronto.
¿Qué eventos identificaron?
Identificamos muchos eventos críticos. El primero, sin duda, tiene que ver con los apagones de Internet. El régimen actual, desde 2018, ha usado los apagones de Internet, quizás, con dos propósitos muy claros. El primero es disuadir protestas, es decir, desarmar la convocatoria de protestas públicas o torpedear las protestas que se estén fraguando y la intención de asociación de la ciudadanía. Luego, también hemos visto que los apagones, de manera deliberada, se han usado para silenciar a los opositores políticos. Internet es un megáfono, y sin Internet dejas a la gente sin voz. Entonces, los apagones han tenido al menos esos objetivos claros de impedir el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, el trabajo de defensores de derechos humanos, entre otros.
Detectamos que en Nicaragua, en estos últimos cuatro años, se ha venido consolidando un marco jurídico muy robusto, pero muy peligroso, para las libertades que se pueden ejercer en línea. Y una de esas leyes, que son particularmente críticas e incompatibles con los derechos humanos, es esta Ley de Ciberdelitos. Es una ley que permite castigar a las personas que difunden noticias falsas. Pero sabes que bajo el rótulo de noticias falsas entra cualquier cosa: es lo que el Estado diga qué es verdad y qué es mentira. Y ha sido usado para silenciar a opositores políticos. Ahí está el caso de Brooklyn Rivera, un exdiputado que fue investigado por la aplicación de esta ley, pero también hay otros activistas a quienes se les ha aplicado.
¿Qué dijo el Estado de Nicaragua sobre estas leyes durante su intervención?
Las autoridades de Nicaragua defendieron la aplicación de esta ley y dijeron básicamente: “Bueno, esta ley es válida, esta ley fue aprobada por el Congreso, es lo que se aplica”.
Fue muy preocupante evidenciar no solo la defensa de ese marco jurídico, sino ver que los representantes del Estado no tuvieron ningún comentario o reacción frente a, por ejemplo, las delegaciones de Estonia y otros países que recomendaron, enérgicamente, a Nicaragua derogar ese tipo de leyes, para proteger y restablecer el Estado de derecho y facilitar el ejercicio de los derechos en línea.
Al tiempo que eso sucedía, la visión que presentaba el Estado de Nicaragua, de cómo se había comportado en estos cuatro años, era muy optimista, y no solo optimista, sino que celebraban un buen desempeño, donde la narrativa del respeto a la soberanía se imponía. Decían “cómo somos soberanos, no se vayan a meter con nosotros”, o “no intervengan en asuntos de otro país”. Básicamente esa fue la narrativa. Esa audiencia, que tuvo lugar en Naciones Unidas, duró bastante, pero luego, al cierre, el mensaje de las autoridades de Nicaragua fue apegarse a su mensaje: “Estamos haciendo las cosas bien en atención a nuestro marco jurídico, nuestro marco jurídico es este, y les pedimos que lo respeten”, y omitieron cualquier pronunciamiento sobre eventuales compromisos. Desde luego, porque su visión de todo lo que ha pasado es favorable.
¿Qué otra situación le llama la atención sobre el caso de Nicaragua?
Encontrar cómo el Gobierno de Nicaragua ha adquirido, en estos cuatro años, softwares espías para monitorear redes sociales, comunicaciones privadas… Básicamente diluir cualquier esfera de la privacidad que exista en línea o fuera de ella. Desde luego que sobre la adquisición de este software espía, de origen ruso, no sabemos nada sobre cuánto costó, cuáles fueron las condiciones de contratación, en qué casos se ha usado y qué informaciones se han obtenido a partir de allí. No sabemos nada. Hay una total opacidad… En la región cada vez más se está prestando atención a la adquisición de softwares espías por los Gobiernos de Panamá, Colombia, México, con la adquisición de Pegasus. Pero Nicaragua también hace parte del listado y quizá no ha resonado tanto en la opinión pública este evento.
¿Cuál es la recomendación más urgente que debería acatar el régimen de Nicaragua?
Yo creo que son muchas cosas, pero al menos le daría bastante prioridad a que se derogara todo ese marco jurídico que inhibe que la gente se exprese en línea. Si se desmonta eso, yo creo que sería un grandísimo avance.
¿Cómo se puede calificar la situación de los derechos humanos en los entornos digitales de Nicaragua?
Si uno tuviera que ponerlo en estos términos diría que la salud de los derechos digitales en Nicaragua es crítica, y si no se presta atención puede que entre en un estado de coma. O sea, no hay garantías para que tú puedas publicar un tuit sin que al otro día te llegue la Fiscalía a la puerta de tu casa.
La gente teme, y por eso, se autoexilia en Costa Rica y en Estados Unidos. Los medios de comunicación no pueden florecer porque están silenciados porque el Internet, que es su medio, su megáfono al mundo, está siendo constantemente vigilado.
Y luego, cualquier posibilidad de protestar, o esos mecanismos de contrapeso del poder, que florecen gracias a Internet, no existen. La situación ahora es muy crítica, quizá lo sea más si Nicaragua continúa en el paso en el que sigue de aislarse del escenario internacional. Y ese aislamiento lo que genera es que no permite, por ejemplo, visitas de relatores de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para que evalúen qué está pasando. Los altos comisionados de Naciones Unidas o expertos para, por ejemplo, la pobreza o los derechos económicos o sociales, entre tantos otros, tienen prohibida la entrada al país. Entonces, es esa continua y progresiva política de aislamiento para que nadie los critique.
¿Esta situación de Nicaragua con qué contexto o qué país es comparable?
Yo creo que, guardando las distancias, porque establecer analogías entre casos que no son análogos, puede ser perjudicial, pero diría que los riesgos a los que se enfrenta la gente que usa internet de ser vigilada, de ser presa, de perder la libertad por expresarse en internet, son los mismos que enfrenta la gente que vive ahora mismo en Venezuela y Cuba. Son los mismos riesgos, las mismas amenazas. Desde luego que la intensidad varía.
¿Qué tan grave es el aislamiento internacional de Nicaragua?
Es particularmente grave porque la CIDH, por ejemplo, en nuestra región ha tenido un rol importantísimo para evidenciar violaciones a los derechos humanos, incluso en las dictaduras. Cuando en Argentina hubo la última dictadura militar, la visita de la CIDH fue clave para poder decir “aquí está pasando esto”, y poder documentarlo al mundo. Fue lo que permitió y aportó, en buena medida, a que la dictadura perdiese cualquier tipo de apoyo y respaldo social, y posteriormente retornar la democracia.
Fue esa visita la que le permitió a los medios conocer y a otros países entender qué era lo que estaba pasando en Argentina, más allá de la versión oficial. Porque esto se trata de un juego de narrativas en buena manera. Si la sociedad civil no puede documentar, porque es perseguida y le toca exiliarse, y a los medios de comunicación les pasa lo mismo, y a los periodistas independientes igual, no hay quien dé una versión alternativa a la oficial sobre qué está pasando en el país.
En el informe que presentaron destacan que a pesar del poco acceso a Internet que existe en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza los entornos digitales para difundir su narrativa. ¿Cómo valora esta situación?
En Nicaragua se presentan riesgos y se acentúan de manera particular. Internet sí que se vuelve en un instrumento crítico cuando las personas acceden a él, porque es una vía de acceso a información, de educación, de trabajo. Pero también es una vía que muchas personas utilizan como si fuera la única posible o la única imaginable para acceder a información que les puede resultar de interés. Hay gente que no lee la prensa física, pero accede a Internet y esa es su única manera de conectarse con otras realidades, con otras geografías de su propio país y entender qué está pasando. Sin embargo, las personas, al manifestarse en línea, enfrentan estos riesgos de que al día siguiente amanezcan en la cárcel porque les abrieron una causa judicial. Todo eso debilita el ecosistema de Internet que imaginamos. Sin duda que no hace más si no aportar a esta sensación de censura.
¿Ese entorno de censura qué consecuencias tiene para los ciudadanos nicaragüenses?
Yo creo que debilitar los entornos digitales no solo representa un riesgo en materia informativa, sino la posibilidad de que las personas puedan formar su propia opinión de qué es lo que está pasando. Sin información no sabes, ni quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, o entender siquiera el contexto. Esto termina debilitando mucho más el espacio cívico, la arena pública, el poder contribuir al debate público y rendición de cuentas de quienes están en el poder. Todo eso se ve debilitado cuando los entornos de discusión social como Internet están bajo constante monitoreo y vigilancia.
¿Por qué el régimen Ortega-Murillo actúa de esta manera?
El objetivo es muy claro: silenciar a la oposición, la diversidad de opiniones e ideas, especialmente de las que resultan críticas del régimen actual. Entonces, donde no hay oposición se generaliza la sensación de que está todo bien. Si se controla eso, la falsa sensación de seguridad, de que todo está bien, ayuda a perpetuar el estado de cosas actual. Sin duda, el Gobierno de turno no simpatiza con los ideales o los valores democráticos ni busca perseguirlos activamente. Busca silenciar voces críticas y consolidar su posición en el poder.