El Grupo de Expertos en Derechos Humanos (Ghren) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) documentó 67 incidentes violentos en territorios indígenas desde marzo de 2018 hasta marzo de 2024. En ese período se identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de estas, 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros.
El informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua” fue presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
El documento registra que al menos 46 personas fueron asesinadas (42 hombres y 2 mujeres), de las cuales 33 habrían fallecido por impactos de armas de fuego. Otras 35 personas resultaron heridas (32 hombres y 3 mujeres), 20 de ellas por arma de fuego.
En algunos de los casos las víctimas llevaban marcas indicando que habrían sido mutiladas. En un caso de junio de 2020, la víctima se encontraba en su parcela “cuando fue asesinada por colonos que le dispararon al pecho, le cortaron una oreja y le marcaron una equis en el abdomen”, detalla el documento.
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En el caso del asesinato de un indígena mayangna en marzo de 2022, la víctima fue encontrada después de siete días de su desaparición, con “rotura en el hueso craneal, despellejado la parte del rostro, sin cabello, mutilado las orejas y dedos de la mano izquierda, con fractura en la médula espinal y mano derecha, así mismo, presentaba dos orificios de bala de calibre escopeta en la espalda cerca de la columna vertebral, y los dedos abiertos del pie derecho”.
En otro caso, presuntamente perpetrado por colonos en el territorio Mayangna Sauni As, el cuerpo de la víctima “presentaba múltiples marcas de golpes, había sido degollada, le faltaba un ojo y una pierna estaba quebrada”.
Nueve violaciones registradas
Se identificaron al menos 39 secuestros (29 hombres y 10 mujeres). 37 de estos habrían sido perpetrados por colonos, y dos por personas sin identificar. Cinco de las personas secuestradas fueron encontradas muertas. En los demás casos, las víctimas quedaron secuestradas entre dos horas y más de una semana. En 12 casos, las víctimas eran mujeres, cuatro eran menores de edad. Los secuestros se dieron cuando las víctimas se encontraban en las parcelas de sus comunidades o transitaban en su territorio.
“Dos mujeres fueron obligadas a trabajar en una parcela ocupada por los colonos que las habían secuestrado. En otro caso, un hombre y una mujer fueron secuestrados por colonos en la misma parcela que trabajaban y obligados a hospedarlos y alimentarles”, complementa el documento.
También se identificó a nueve mujeres víctimas de violación sexual a manos de colonos. Siete eran menores de edad. Los expertos de la ONU destacaron que las agresiones contra la comunidad indígena de Alal en 2020, en la mina de Kiwakumbaih en 2021 y contra la comunidad de Wilú en 2023, todas en el territorio Mayangna Sauni As, “son representativas del recrudecimiento y la profundización de la violencia que prevalece en la zona”.
Principales perpetradores fueron colonos armados
En 57 incidentes de los 67 identificados, las víctimas y/o testigos señalaron a colonos armados, todos hombres, como perpetradores de los hechos violentos. En dos incidentes, los colonos actuaron con la complicidad de personas indígenas. En cuatro incidentes, las víctimas indicaron que los colonos que actuaron pertenecían al grupo armado Kukalón, también conocido como “banda Chabelo” o “banda Chavelo”, el cual estaría conformado por al menos 80 colonos fuertemente armados.
Las víctimas indicaron que los agresores vestían ropa camuflajeada o uniformes militares y tres de estos estaban encapuchados.
Los datos muestran que en la mayoría de los incidentes los agresores actuaron en grupo. En 47 de los ataques las víctimas portaban armas de fuego y machetes. Según los testimonios, los perpetradores llevaban los siguientes tipos de armas de fuego: escopetas, pistolas o revólveres y fusiles o rifles, incluidos AK.
Régimen considera a indígenas y afrodescendientes “un obstáculo”
El silencio que el régimen Ortega-Murillo impone a líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes –tradicionales y políticos, defensores, activistas y guardabosques– demuestra que los considera obstáculos para sus intereses políticos, económicos y sociales. “Ha convertido a sus miembros en un blanco de represión”, señalan los expertos de la ONU.
El informe de 130 páginas detalla las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos contra personas de comunidades indígenas y afrodescendientes. Las violaciones y abusos han sido múltiples, y abarcan desde derechos individuales, hasta derechos colectivos.
Entre los derechos individuales violentados se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal, a la integridad y a no ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la no discriminación en base a la opinión política, la raza; el origen étnico y el género, al debido proceso y a un juicio justo, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos.
Entre los derechos colectivos afectados se encuentran la libre determinación, la autonomía, el control de sus tierras, territorios y recursos y a ser consultados para determinar su consentimiento libre, previo e informado.
Frente Sandinista implementa política de tolerancia frente a colonos
Para la elaboración de este documento, el Grupo de Expertos entrevistó a 48 miembros de comunidades y organizaciones indígenas y afrodescendientes (25 hombres y 23 mujeres) y 12 personas expertas en el tema, incluso miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y personas académicas e investigadoras.
También examinó más de 900 fuentes secundarias, incluyendo documentos oficiales, confidenciales, videos, fotos e información de fuentes abiertas, para corroborar y contextualizar la información recopilada. Se evaluaron “las fuentes rigurosamente para determinar su fiabilidad”, apuntan los expertos.
Los incidentes se limitan a los territorios indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y de la cuenca del Alto Wangki (río Coco) y del río Bocay, en el departamento de Jinotega.
“El Gobierno, sus autoridades y representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional sistemáticamente han penetrado las estructuras y organizaciones de autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes con el objetivo de mantener y extender su control político, social y económico, silenciar la oposición política e impedir cualquier participación libre en los asuntos públicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, detalla el documento en sus conclusiones.
Esto lo ha logrado “a través de actos de cooptación, de la creación de un entorno de intimidación y miedo y de una política de tolerancia frente a las usurpaciones crecientes de tierras comunales por terceros, particularmente colonos”, explican los expertos.
El descabezamiento de YATAMA
Algunas de estas violaciones constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura y persecución por motivos políticos.
Un ejemplo de esto es la cancelación de la personalidad jurídica del partido político YATAMA y la detención arbitraria de líderes políticos y tradicionales indígenas.
En el caso de YATAMA destacan la desaparición forzada del líder de este partido, Brooklyn Rivera, exdiputado de la Asamblea Nacional, y la detención arbitraria y condena por motivos políticos de Nancy Henríquez, dirigente de YATAMA y diputada de la Asamblea Nacional. Esto contribuyó a “descabezar el liderazgo indígena e infundir miedo en las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
Ninguno de los dos políticos de YATAMA fueron excarcelados el pasado 5 de septiembre, cuando desterraron a Guatemala a 135 presos políticos del régimen de Ortega y Murillo.
El Grupo de Expertos asegura tener motivos razonables para creer que Ortega y Murillo, funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles –como la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral y Telcor– participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.