El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recibido 384.8 millones de dólares para la ejecución de 27 proyectos de financiamiento verde en los últimos seis años, como parte de 31 proyectos aprobados. Sin embargo, estos desembolsos han tenido pocos resultados positivos en los indicadores ambientales del país, según el informe de Análisis de Financiamiento Verde y el Presupuesto Ambiental en Nicaragua, realizado por Fundación del Río.
Los cuatro proyectos restantes son de índole regional, en los que Nicaragua ha participado con otros países centroamericanos, y cuyo financiamiento suma 197 millones de dólares. No obstante, en el Presupuesto General de la República (PGR) no se indicó la distribución de este dinero.
El 2021 fue el año en que el régimen tuvo el máximo de aprobaciones de financiamiento verde. En la actualidad, Nicaragua es el país de la región que recibe más de este tipo de financiamientos en calidad de donación. Al menos, un 66% del dinero que recibe para proyectos de desarrollo sostenible es en forma de donaciones, el 34% restante corresponde a préstamos.
El análisis expone que el 80% de los organismos receptores de este financiamiento han sido las instituciones públicas, el 12% han sido instituciones privadas y el 6% no se especificó.
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Pese a las ayudas, esto no se refleja en avances y mejoría ambiental, asevera Amaru Ruíz, director de Fundación del Río. “Los indicadores de vitalidad de los bosques evidencian un deterioro en la vitalidad de los bosques en el país. Hay indicadores como la incidencia de incendios ha ido en aumento, en vez de ir en detrimento. Las emisiones de gases invernaderos han aumentado en el último año”, explica el ambientalista.
De acuerdo con el Índice de Desempeño Ambiental, la vitalidad de los bosques se ha reducido el 11.4% en los últimos 10 años, debido a la pérdida de bosques primarios y paisaje forestal. Mientras que el Indicador de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, elaborado por Climate Watch, señala que hay un aumento de la emisión de 38.94 toneladas métricas hasta 2021, por consecuencia del uso de la tierra.
Además, otros indicadores muestran que en Nicaragua hay una pérdida de la biodiversidad por la pérdida de hábitat naturales y el deterioro ambiental, expone el análisis.
Régimen ha disminuido asignación presupuestaria a Marena
A pesar que el régimen Ortega-Murillo ha recibido grandes sumas de dinero para el financiamiento de proyectos ambientales, y ha aumentado las recaudaciones para el PGR, la asignación presupuestaria al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) ha disminuido desde 2018 hasta la actualidad.
En 2018, Marena recibió 492 millones de córdobas para su funcionamiento. Dicho monto fue reduciéndose, hasta que en 2024, recibió únicamente 222 millones. Esto significa que en 2018, la asignación presupuestaria representaba el 0.57% del PGR, mientras que en 2021, es apenas el 0.17%.
“El comportamiento del PGR ha sido inversamente proporcional a las asignaciones presupuestarias al Marena, es decir, mientras el PGR aumenta en términos económicos, se disminuye la asignación a esta institución”, detalla Ruíz.
La asignación presupuestaria no es lo único que ha cambiado en Marena, también el tipo de gasto. Pese a que la institución ha recibido menos dinero en los últimos seis años, aumentó el gasto de planilla de trabajadores. En 2018, el pago a trabajadores pasó de ser del 26% en 2018 y aumentó progresivamente hasta el 60% en 2024. Es decir, solo el 40% del presupuesto de Marena se utiliza en planes ambientales.
“Lo lógico sería que Marena redujera los pagos de planilla para poder funcionar y continuar con el trabajo, no aumentarlo. Pero hemos visto un aumento del personal, de al menos unos diez trabajadores cada año en los últimos tres años”, señala.
De acuerdo con la investigación, esto ha significado una reeducación importante en la inversión de programas importantes de la institución, tales como el de Servicios de Protección y Mejoramiento de la Calidad Ambiental, y el de Servicios de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Mayoría de proyectos ambientales se concentran en la Costa Caribe
La priorización de los proyectos de financiamiento verde se ejecutan en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, y algunos departamentos de la zona central del país, como Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa.
Ruíz señala que esto es contrario a la política predatoria que mantiene el régimen Ortega-Murillo con los recursos naturales de estas zonas, especialmente las de las Regiones Autónomas.
“Esto es contrario a los objetivos que tienen los proyectos financiamiento verde de cara a la conservación, al manejo sostenible, a la adaptación, la conservación de bosques y al mejoramiento de las condiciones ambientales en las comunidades de los pueblos indígenas”, detalla.
Nicaragua es el país de Centroamérica que tiene mayor superficie terrestre ―de las Regiones Autónomas― destinada a la explotación minera y el que más ha dado concesiones a empresas destinadas a este rubro.
En un informe anterior, Fundación del Río reveló que el régimen Ortega-Murillo ha concesionado la cuarta parte del país a empresas mineras, lo que representaba el 23% del territorio hasta 2022.
Los últimos beneficiados de las concesiones han sido las empresas chinas, que sumaban más de 39 mil hectáreas para explotación minera en junio de este año.