El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prioriza el fortalecimiento de una estructura policial señalada por organismos internacionales de derechos humanos por su participación en la vigilancia política y la represión de la población, mientras los pacientes de los hospitales públicos de Nicaragua enfrentan largas esperas por la falta de médicos y los docentes imparten clases a grupos de hasta 70 estudiantes.
Según el estudio Nicaragua en Cifras 2026, elaborado por el economista y director del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, el país cuenta con 104 400 policías, incluidos 76 000 voluntarios-que operan como estructuras paramilitares-frente a 6200 médicos y 39 000 maestros del sistema público. Es decir, por cada médico hay casi 17 policías y, por cada docente, aproximadamente tres.
Con una población estimada de 6.9 millones de habitantes, Nicaragua tiene alrededor de 42 policías regulares por cada 10 000 personas. Al incluir a los voluntarios, la cifra aumenta a 151, casi cuatro veces la proporción inicial.
En contraste, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra nueve médicos por cada 10 000 habitantes en Nicaragua, que incluyen profesionales de los sectores público, privado y del sistema previsional.
Esto significa que, incluso sin contar a los voluntarios, Nicaragua tiene un 367% más policías que médicos por cada 10 000 habitantes.
Nicaragua frente a Centroamérica
A nivel regional, el país tiene casi el doble de policías por habitante que Honduras, Guatemala y Costa Rica, según el estudio de Orozco. Mientras Nicaragua registra 42 agentes regulares por cada 10 000 habitantes, Honduras cuenta con 24 y Guatemala y Costa Rica con 23 cada uno. Esta comparación no incluye a los 76 000 policías voluntarios.
Pero cuando se trata de médicos, las cifras cambian. Nicaragua tiene apenas nueve por cada 10 000 habitantes, frente a 16 en Guatemala, 19 en Honduras y 27 en Costa Rica. Es decir, por cada médico disponible en Nicaragua, Costa Rica tiene tres en relación con su población.
La escasez de personal sanitario también aparece en los registros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un perfil del país publicado por el organismo señala que Nicaragua contaba con 21.9 médicos, enfermeras y parteras por cada 10 000 habitantes, una cifra inferior a la mediana internacional de 49 profesionales utilizada por la OMS para identificar países con escasez relativa de trabajadores sanitarios.
Aunque no se trata de una cantidad mínima recomendada para todos los países, el indicador permite dimensionar las limitaciones de personal que enfrenta el sistema de salud nicaragüense.
En educación ocurre algo similar. Nicaragua registra 1.7 docentes por cada 100 estudiantes, mientras Honduras tiene 2.5, Guatemala cuatro y Costa Rica 6.4. Esto significa que, en proporción a su población estudiantil, Costa Rica cuenta con casi cuatro veces más maestros que Nicaragua.
La diferencia es aún mayor si se toma en cuenta el tamaño de ambos países. Costa Rica, con una población un 25% menor que Nicaragua, tiene 80 000 docentes, un 105% más que los 39 000 registrados en Nicaragua, según el estudio de Orozco.
Los policías “voluntarios” y el reclutamiento forzado del régimen

A diferencia de las limitaciones de personal que enfrentan los sistemas de salud y educación, la estructura policial se amplió con la incorporación masiva de voluntarios durante el año 2025.
Entre los incorporados hubo trabajadores de instituciones públicas. Incluso docentes denunciaron presiones para sumarse a sus filas, en medio de la preocupación de organismos internacionales de derechos humanos.
Entre enero y febrero de 2025, el régimen organizó juramentaciones masivas de policías voluntarios en distintas ciudades de Nicaragua. En estas ceremonias participaron personas con el rostro cubierto, mientras la dictadura sandinista presentó estas incorporaciones masivas como una medida para fortalecer la seguridad ciudadana.
La figura de la Policía Voluntaria quedó reconocida en el artículo 92 de la Constitución reformada en 2025, que la define como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional. La misma reforma prohíbe el reclutamiento forzoso. Sin embargo, trabajadores estatales denunciaron que fueron convocados a las juramentaciones bajo amenazas de despido y otras represalias.
Esta ampliación de la estructura policial ocurrió siete años después de las protestas de abril de 2018, cuando agentes de la institución y grupos armados progubernamentales participaron en operaciones represivas contra los manifestantes.
Menos médicos y largas esperas para recibir atención
La diferencia entre el personal policial y sanitario preocupa al doctor nicaragüense en exilio, José Antonio Delgado, quien considera que el régimen ha priorizado la ampliación de instalaciones hospitalarias sin atender suficientemente las necesidades de profesionales.
“El déficit de médicos es enorme. Los médicos privados solo cubren la población que les paga en su clínica privada, que es una minoría. Y los médicos en la previsional sólo cubren a la población asegurada, nada más”, señaló.
Por esa razón, considera que la disponibilidad de profesionales para atender a quienes dependen exclusivamente del sistema público es menor que la reflejada en el indicador nacional.
La falta de personal, explica, se traduce en demoras para recibir consultas especializadas, realizarse exámenes y acceder a cirugías programadas. “La escasez de médicos provoca largas listas de espera para los pacientes en consulta externa”, afirmó.
El especialista mencionó como ejemplo a los pacientes que reciben un diagnóstico en un centro de salud y deben esperar varios meses para ser valorados por un médico especialista en un hospital.
También describió las dificultades que enfrentan quienes necesitan una cirugía de vesícula, debido al tiempo que transcurre entre el diagnóstico, las consultas previas, los exámenes y la programación de la operación.
Delgado sostiene que las deficiencias en los centros de salud terminan aumentando la demanda en los hospitales, porque algunos pacientes acuden directamente a las emergencias cuando no encuentran una respuesta oportuna. “Ese escaso número de médicos provoca todo ese desorden, porque es un desorden en cadena”, explicó.
El médico también cuestiona las ferias de salud organizadas por el Minsa, en las que se ofrecen consultas especializadas y cirugías durante jornadas extraordinarias. A su juicio, estas actividades no sustituyen la necesidad de contar con especialistas permanentes en los municipios. “Entonces, el problema de salud no se resuelve. Lo que hacen es pegar parches”, afirmó.
Educación no es prioridad para el régimen

Gabriel Putoy, docente de Matemáticas y miembro de la Unidad Sindical Magisterial (USME), actualmente en el exilio, cuestionó que el régimen Ortega y Murillo haya ampliado la estructura policial mientras la educación pública enfrenta problemas como la falta de docentes, el hacinamiento en las aulas, los bajos salarios y las presiones políticas contra el magisterio. A su juicio, las cifras reflejan las prioridades del Gobierno.
El profesor también cuestionó las presiones denunciadas por trabajadores del Ministerio de Educación para incorporarse a la Policía Voluntaria, durante las juramentaciones masivas realizadas en 2025.
“La educación no es la prioridad de doña Rosario (Murillo), lo que sí es el control y vigilancia en cada esquina y metro cuadrado de Nicaragua”, afirmó a DIVERGENTES.
“Esa brecha que existe entre la cantidad de policías y docentes no es mayor porque muchos docentes no aceptaron ser policías voluntarios, porque hasta eso quería el régimen, obligar a los docentes a convertirse en paramilitares y policías. Hoy en día muchos docentes que no aceptaron están en desempleo o castigados por el régimen”, señaló.
En febrero de 2025, el diario LA PRENSA publicó testimonios de docentes y trabajadores administrativos de centros escolares públicos que aseguraron haber sido convocados a juramentaciones policiales y temían perder sus empleos si se negaban a participar.
Más recursos para proteger a codictadores que para seguridad vial

El presupuesto de la Policía Nacional para 2026 asciende a 5622.3 millones de córdobas, según los documentos del Ministerio de Hacienda.
Aunque los ministerios de Salud y Educación reciben asignaciones totales mayores, la distribución interna del presupuesto policial muestra diferencias entre las funciones que desempeña la institución.
El programa de Protección de Personalidades dispone de 248 millones de córdobas y 1269 cargos presupuestados. En cambio, Seguridad Vial cuenta con 71.7 millones y 345 puestos.
Esto significa que la protección de personalidades recibe 3.5 veces más recursos y dispone de 3.7 veces más cargos que el programa encargado de prevenir accidentes de tránsito.
La diferencia ocurre en un país donde 903 personas murieron en accidentes de tránsito durante 2025, según las estadísticas policiales.
Protección de Personalidades tiene entre sus funciones brindar seguridad a integrantes de los poderes del Estado, representantes diplomáticos y otras figuras. Para 2026, contempla ejecutar 39 749 planes de seguridad y 265 072 revisiones técnicas antiexplosivos. El departamento de Seguridad Vial, en cambio, debe atender la prevención de accidentes, la regulación del tránsito, la educación vial y la investigación de siniestros en todo el territorio nacional.
Estas asignaciones no permiten establecer cuánto cuesta mantener a los policías voluntarios, porque los documentos presupuestarios no presentan un desglose específico de los recursos destinados a esa estructura.
El crecimiento policial y la falta de transparencia
La incorporación de miles de voluntarios ha ampliado la estructura policial nicaragüense, aunque no existe información pública suficiente para conocer cuántos permanecen activos, qué funciones realizan o cuánto cuesta su funcionamiento.
El presupuesto de 2026 contempla 17 299 cargos en la Policía Nacional, una cifra distinta de los 28 400 agentes regulares contabilizados por Orozco. Sin embargo, la falta de transparencia sobre la cantidad de efectivos y las categorías utilizadas en los registros oficiales impide aclarar esta diferencia y establecer con precisión cuántos policías están en servicio.
Esta falta de información también dificulta conocer los recursos destinados a sostener la Policía Voluntaria y evaluar el alcance de su incorporación a las tareas de seguridad. A más de un año de las juramentaciones masivas, las autoridades no han ofrecido un desglose público que permita conocer el tamaño real de esta estructura, ni sus costos para el Estado.