Naciones Unidas: en Nicaragua víctimas de violación forzadas a ser madres 

Entre 2017 y 2021, al menos 341 mujeres, adolescentes y niñas quedaron embarazadas producto de una violación y 1 676 estuvieron en riesgo de embarazo, según datos del Instituto de Medicina Legal. La ONU señala que la penalización total del aborto en el país somete a las mujeres y niñas a torturas, tratos inhumanos y degradantes

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Ilustración por Divergentes

Las mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua son forzadas a continuar con embarazos producto de violación debido a la penalización total del aborto que impuso el régimen Ortega-Murillo, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

La penalización absoluta del aborto, incluso en los casos de violación, incesto, peligro para la salud de las mujeres o malformaciones fetales, hace que “las víctimas de violencia sexual no pueden interrumpir de manera legal y segura su embarazo, prolongando y exacerbando su intenso sufrimiento físico y psicológico”, señala el informe.

341 embarazos por violación 

De acuerdo a un recuento que realizó DIVERGENTES con los anuarios estadísticos del Instituto de Medicina Legal (IML)  publicados entre 2017 y 2021 al menos 341 mujeres, adolescentes y niñas resultaron embarazadas producto de una violación. 

Y 1 676 estuvieron en riesgo de embarazo, según los peritajes médicos realizados. Esto se determina en dependencia de si hubo penetración, si la víctima utilizaba anticonceptivos previamente o si utilizó después del abuso, así como las fechas del ciclo menstrual de la mujer, niña o adolescente.

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Hasta la fecha, el IML no ha publicado el anuario de 2022 con la información sobre la cantidad de mujeres y menores de edad que quedaron embarazadas por violencia sexual. 

Únicamente se encuentran publicados los boletines mensuales de ese año, que solo brinda datos sobre la cantidad de casos denunciados, el sexo y la edad de las víctimas, y el parentezco con los agresores.

Los anuarios del período 2017-2021 muestran que el IML realizó peritajes médicos legales por violencia sexual a 23 034 personas, de las cuales 20 124 fueron mujeres y de estas, 16 304 eran niñas y adolescentes de hasta 17 años.

De las más de 20 mil mujeres y menores víctimas de violencia sexual en ese período, 14 258 se encontraban en edad fértil. Cabe destacar que las mujeres comienzan a ser fértiles alrededor de los 10 y 12 años, según información de organismos médicos.

Aunque el IML señala que 341 de ellas quedaron en condición de embarazo y 1676 estuvieron en riesgo de embarazo, la entidad no desagregó este dato por edad. Así que no se puede saber con exactitud cuántas mujeres adultas y cuántas menores de edad se convirtieron en madres, como consecuencia de la violencia sexual.

Embarazos forzados derivan en torturas y en tratos degradantes

La Oacnudh expresa que la grave situación de violencia sexual que viven las mujeres y menores de edad en Nicaragua, aunado a la prohibición absoluta del aborto, “somete a las mujeres y las niñas a dolores o sufrimientos físicos y mentales que viola el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Dicho artículo señala que “nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

Estas circunstancias hacen que las víctimas de violencia sexual embarazadas recurran a abortos ilegales con métodos inseguros, que ponen en riesgo su salud y su vida. Además, que muchas de las mujeres y menores se vean empujadas al suicidio. 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) añade en el informe que el régimen Ortega-Murillo es el responsable de garantizar la vida y salud de las mujeres, y de alejarlas de peligros y riesgos relacionados a su salud sexual y reproductiva.

Nicaragua, junto con Honduras, El Salvador y República Dominicana son los únicos países de América Latina y el Caribe que penalizan totalmente el aborto, sin importar las circunstancias de las mujeres embarazadas. Esto convierte a Centroamérica en la zona más restrictiva del mundo para las mujeres en materia de derechos humanos.

Víctimas son estudiantes de primaria, secundaria e incluso preescolar

La Oacnudh insiste que las niñas y adolescentes son las más vulnerables no solo por las afectaciones físicas que trae un embarazo temprano, sino también porque todas ellas se encuentran en edad escolar.

Esto porque la maternidad temprana puede significar el abandono de sus estudios, la pérdida de oportunidades laborales y la continuación del ciclo de la pobreza.

“En 2021, las víctimas eran especialmente jóvenes: el 50 por ciento de las víctimas de violación tenían menos de 14 años”, dice el Alto Comisionado de la ONU.

En los datos analizados por DIVERGENTES, el IML señala que 10 732 víctimas de violencia sexual se encontraban en primaria en el momento del abuso o violación; 7 944 estudiaban en secundaria; 1862 no tenían ninguna escolaridad; y 1 188 estaban apenas en preescolar.

Además de las niñas, los niños varones víctimas de abuso también se encuentran en estos últimos datos, porque no están desagredados por sexo, aunque representan un mínimo de las estadísticas.

Debido a la alta incidencia de niñas y niños víctimas de violencia sexual entre las edades de 0 y 12 años (9563 casos), las 1 862 víctimas que no tienen ninguna escolaridad podría tratarse de bebés y menores en los primeros estadios de la infancia, que todavía no habían ingresado al preescolar.

Por otro lado, la Oacnudh expone que estos datos todavían son insuficientes para comprender el verdadero impacto de la violencia sexual en las mujeres y en la niñez en Nicaragua, pues los informes IML tampoco están desagredados por etnia, identidad de género u orientación sexual de las víctimas.

Casos de violencia han aumentado después de 2018

Las denuncias de violencia sexual aumentaron en un promedio de mil casos más después de 2018. En 2018, el IML reportó 4 085 casos de violencia sexual y en 2022, la cifra aumentó a 5 049 casos. “Estas cifras muestran el impacto desproporcionado de la violencia sexual en las niñas y las mujeres”, cita el  de la Oacnudh.

En 2023, los casos de violencia sexual ya suman 3 709 únicamente, entre enero y julio, según los boletins mensuales del IML. Esto significa un promedio de 529 casos mensuales de abuso sexual y violación. De continuar este ritmo, 2023 podría terminar con más de 6 358 denuncias por violencia sexual.

Además, el informe de la Oacnudh cuestiona la veracidad de los boletines del IML sobre la “eficacia policial”, que según el régimen Ortega-Murillo es de un 90%. Sin embargo, el Estado nicaragüense “no publica más información sobre juicios o la rendición de cuentas de los perpetradores”, dice el Alto Comisionado de la ONU.

Una investigación de DIVERGENTES con CONNECTAS reveló que más de los 18 mil casos de violencia sexual denunciados entre 2017 y 2020, solo el 19% se llevaron a juicio, sin que esto garantizara una condena para los agresores.

El Alto Comisionado de la ONU insiste en la necesidad de que el régimen Ortega-Murillo incremente urgentemente los esfuerzos para erradicar la violencia de género, incluyendo los malos tratos y torturas a mujeres y niñas; promover la rendición de cuentas para los perpetradores y el acceso a la justicia y a los servicios para las víctimas; así como modificar la legislación sobre aborto de conformidad con el derecho internacional.


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