“No voy a votar”

DIVERGENTES entrevistó a cuatro ciudadanos: una estudiante universitaria, un administrador de empresas, un comunicador social y una emprendedora para conocer las razones por las que no asistirán a las urnas este próximo siete de noviembre. El principal argumento es que “no hay por quién votar” y el control absoluto del régimen Ortega-Murillo sobre el CSE. Tampoco quieren legitimar “una farsa electoral”.


La decisión de asistir o no a las urnas electorales este próximo siete de noviembre es una discusión que todavía está abierta en Nicaragua. Por un lado están los que quieren marcar nulo en la boleta como forma de protesta, y por el otro, los que “ni de broma” se asomarán a los centros de votación el domingo. “Yo me voy a quedar en mi casa, no voy a votar porque no hay por quién”, dice Alejandra Alemán, estudiante universitaria de 21 años originaria de Carazo.

Antes de que el régimen Ortega-Murillo ejecutara una ola de detenciones que resultó en la captura ilegal de siete precandidatos presidenciales y 32 opositores (entre ellos empresarios, líderes estudiantiles, campesinos, políticos y activistas), Alejandra si quería votar. “Había opciones para sacar a Daniel y Rosario de la presidencia”, afirma la joven universitaria.

Sin embargo, la captura de las figuras opositoras, sumado a la represión y la aprobación de reformas electorales que dejan en bandeja de plata la reelección para Daniel Ortega y Rosario Murillo, desinflaron las ganas de Alejandra y la de muchos nicaragüenses que, si bien no han decidido si ir o no a las urnas (aunque sea para marcar nulo), rechazan a los candidatos impuestos por la dictadura y toda la farsa electoral.

DIVERGENTES habló con cuatro ciudadanos: una estudiante universitaria, un administrador de empresas, un comunicador social y una emprendedora, para conocer a fondo las razones por las que no asistirán a votar este próximo siete de noviembre. Estos son sus argumentos.

“El domingo me voy de paseo”

Noel Salinas Morán, comunicador, 33 años.

Las elecciones del próximo siete de noviembre carecen de legitimidad. Los nicaragüenses lo tienen claro y los organismos internacionales también. La semana pasada Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter, aseguró que en Nicaragua no existe ninguna garantía de un proceso electoral libre y justo. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las votaciones no cumplen con los estándares interamericanos a los que está sujeto el país.

Noel Salinas Morán, un comunicador social de 33 años, tiene tan claro el asunto que el próximo domingo no estará en la capital. Su plan es salir de paseo junto a su familia y desconectarse por completo.

“El domingo me voy de paseo, quiero estar fuera de la ciudad. Y si no consigo salir, me quedo en la casa viendo televisión pero sin intentar informarme del proceso”, expresa Salinas, quien asegura que no irá a votar porque no hay garantías y “mucho menos candidatos competentes para elegir”.

En la familia de Salinas Morán nadie irá a votar. Todos están en la misma sintonía desde el estallido social en abril de 2018. Ese año el régimen sandinista reprimió con armas de guerra a ciudadanos autoconvocados que protestaron por las violaciones a los derechos humanos y las encarcelaciones.

“Además de apresar a los precandidatos, que quizás habrían sido la opción para ir a votaciones, no hay garantías ni para los mismos partidos de oposición. El FSLN manejará a su antojo el proceso como ya ha hecho en las últimas dos elecciones nacionales”, insiste Salinas Morán.

Al igual que muchos nicaragüenses, el comunicador explica que antes de las detenciones a los precandidatos, sí pensaba votar y la posibilidad de un candidato único le llamaba la atención, porque podía generar un cambio en la política nacional.

“Mi círculo cercano esperaba eso para votar, ahora todo eso se revirtió”, asegura.

Salinas Morán considera que después del siete de noviembre habrá un proceso de relativa calma con la propaganda oficial a punto. “Desde que nos quitaron el derecho a protesta solo nos queda refunfuñar. Si existe alguna posibilidad de salir a otro país con condiciones, lo haría”, dice el comunicador.

“Vamos a pasar en el patio el 7 de noviembre”

Kamila Fernández, emprendedora, 28 años. 

Kamila Fernández protestó contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en abril de 2018. En aquellos meses creyó que el régimen sandinista podía dejar el poder y convocar a elecciones anticipadas. Pero la realidad trastocó sus esperanzas y esta dictadura se encargó de enterrarlas en pleno 2021, cuando ordenó encarcelar a la competencia.

A tres días de la farsa electoral, Fernández dice que no irá a votar. Ese domingo pasará en el patio de su casa junto a toda su familia. No cree ni en el proceso y mucho menos en los candidatos que Ortega y Murillo aceptaron como sus “adversarios”.

“Se hacen llamar oposición, pero claramente son aliados de Ortega, son partidos zancudos que están siguiendo el juego a cambio de algunos beneficios que supongo habrán negociado a esta alturas”, explica esta joven emprendedora que apenas subsiste en Granada con su pequeño negocio de venta de ropa.

Fernández vive a una cuadra de su Junta Receptora de Voto. Además de considerar ilegítimo este proceso electoral, tomó la decisión de encerrarse en su casa y pasar en el patio de su vivienda porque quiere evitar que sus vecinos sandinistas la acosen y provoquen, como ha ocurrido en años anteriores.

Relata que han llegado acuerpados por otros simpatizantes sandinistas y secretarios políticos de la ciudad. Se ubican a lo largo y ancho de la calle para acosar a sus familiares y a otros vecinos que no apoyan al régimen Ortega-Murillo.

“De mi familia cercana nadie irá a votar. Nos reunimos, hablamos, y quedamos de acuerdo en que no nos interesa saber nada, ya sabemos cómo va a terminar esto, sería desgastarse emocionalmente y después de todo lo que hemos pasado no tenemos energías para eso”, explica la joven.

Hasta hace unas semanas, Fernández todavía estaba en el grupo de nicaragüenses que quería ir a votar porque esperaba que a última hora el régimen liberara a los precandidatos que tiene como rehenes políticos y aceptara una contienda igualada.

Sin embargo, a pocos días de que se realice un proceso electoral sin garantías, tiene claro que nada de esto ocurrirá y que los presos políticos probablemente no saldrán de prisión este año.

“Siendo optimista diría que vamos a seguir en la misma situación después del siete de noviembre. Aunque siento que se puede poner peor para las personas que el Gobierno ha identificado como opositores. Puede aumentar la persecución y el hostigamiento”, menciona.

Si la situación para ella, su esposo y su familia empeora, Fernández considera el exilio como una solución. No quiere vivir, dice, en un país que va camino a parecer la próxima Venezuela y el panorama no es alentador si toma en cuenta el acoso que ha tenido estos años de parte de simpatizantes sandinistas y de la Policía.

“Yo no tengo futuro aquí, la economía, mi economía, dudo que mejore. Trataremos de mantenernos aquí y luchar con la frente en alto, pero si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en no arriesgar nuestra vida como lo hicimos en 2018”, explica.

“No voy a votar. Es un proceso viciado”

José Molina, administrador de empresas, 30 años.

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A diferencia de los otros entrevistados, José Molina, un administrador de empresas originario de León, sí conoce a algunos de los nuevos magistrados del CSE que fueron elegidos por la Asamblea Nacional controlada ampliamente por el sandinismo.

Molina considera que la elección de estos magistrados fue una pantomima porque no están del lado de la ciudadanía, sino abogando por el mejor postor, en este caso el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Conozco a algunos, pero no los méritos que tienen para ostentar estos cargos. Lo que está a la vista es su habilidad para ondear la bandera roja y negra a cambio de beneficios”, expresa el joven administrador.

Los magistrados, según Molina, forman parte del entramado que el Gobierno está organizando para celebrar una “farsa electoral” el próximo siete de noviembre.

Al igual que los demás, este nicaragüense pensaba participar en las elecciones, siempre y cuando fuese una competencia legal y justa. Sin embargo, su postura ha cambiado porque, dice, estas son unas elecciones a la medida del régimen y porque no existe un representante digno de oposición.

“Me voy a quedar en mi casa. Mis padres y el resto de mi familia tampoco saldrán a votar. Estamos claros que es un proceso viciado que no ofrece una alternativa verdadera para un cambio”, expresa.

Molina tenía mucha esperanzas en que este 2021 hubiese un cambio. Cree que unas elecciones con garantías eran lo que esperaban los nicaragüenses para cambiar el rumbo del país. Pero lo que se observa a pocos días de la elección, es una farsa.

Aunque la esperanza de este administrador era participar en una elección con un candidato que representara los valores de los ciudadanos, descarta que lo hubiese hecho aunque su predilecto hubiese salido de prisión.

“No hubiera ido a votar sin garantías mínimas, como depuración del padrón electoral. La observación internacional era necesaria. Aunque hubiese salido uno, si se hubiera prestado a participar en este contexto, tendría que haber sido considerado un títere más de la dictadura”, expone.

El futuro para el joven administrador es incierto. Si la situación no cambia optará por buscar una oportunidad de empleo lejos de Nicaragua, pues el país se enrumba hacia una gran crisis económica.

Eso sí, augura que después del siete de noviembre vendrá el rechazo internacional a los resultados de las votaciones, así como sanciones para la cúpula del régimen. Tampoco descarta más represión para los ciudadanos que se queden resistiendo en el país.

“Los empresarios van a volver al modelo de negocio que tenían antes del 2018. Creo que el Gobierno irá quitando a los opositores de todas las cámaras empresariales y empezará a meter a su gente. Va a aumentar la migración, el costo de vida, habrá menos empleo, cero inversión. Creo que se montará el show de un nuevo diálogo nacional para tratar de ‘ganar’ tiempo y legitimidad”, pronostica Molina.

“Algunos familiares votarán para mantener su trabajo”

Alejandra Alemán, 21 años, Carazo.

Alejandra Alemán convive con dos corrientes de pensamiento político. En su familia hay personas que irán a votar este próximo siete de noviembre porque son simpatizantes del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y también hay otros que no asistirán porque no creen en la farsa electoral.

Esta estudiante de 21 años, originaria de Carazo, tomó su decisión desde hace varios meses. Justo después de que encarcelaran a los precandidatos opositores y les acusaran de varios delitos que no cometieron. “Había opciones”, dice la joven.

“Yo no voy a votar, no tengo por quién”, expresa Alemán, quien ha recibido el apoyo de sus padres al tomar esta decisión. En teoría esta elección iba a ser la primera en la que pudo haber participado.

Alemán relata que otro grupo de su familia, uno más pequeño, irá a votar porque están obligados. Lo hacen para mantener su trabajo en el Estado y continuar manteniendo a sus familias.

La semana pasada DIVERGENTES publicó un reportaje que recoge denuncias de empleados públicos que relataron la presión a la que están sometidos de cara a la farsa electoral. Alemán afirmó que sus familiares forman parte de los funcionarios que deben reafirmar su voto al comandante.

Ella no hará nada el día de las votaciones. Eso sí, seguirá de cerca lo que ocurra para constatar la “farsa electoral”. Cree que después del siete de noviembre vendrán sanciones y se confirmará la ilegitimidad de la presidencia de Ortega ante la comunidad internacional.

“Detrás de Ortega no hay buenos candidatos”, expresa Alemán en referencia a quienes se postularon para “competir” contra la fórmula del FSLN. Unos que según ella solo son parte de un espectáculo montado desde la presidencia.

Aunque la joven universitaria es consciente de que la situación no va a cambiar, asegura que terminará su carrera universitaria y luego, si todo sigue igual, se marchará del país para continuar preparándose profesionalmente. Dice que no está segura de regresar a Nicaragua.

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