Pese a que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no muestra ninguna voluntad política de tender puentes con ningún actor nacional e internacional, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) insisten en “abrir un camino de diálogo”, para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua presentó el pasado siete de junio una memoria de las graves violaciones a los derechos humanos registradas en el país y reiteraron la necesidad de buscar vías de entendimiento. No obstante, el cómo es difuso, dado que el régimen abandona el organismo interamericano en noviembre próximo.
La OEA sesionará el próximo 21 de junio en su Asamblea General y, según fuentes diplomáticas, prepara una resolución sobre Nicaragua que vendrá con un tono “suave”. La antesala de esta próxima reunión fue la del pasado siete de junio con el Grupo de Trabajo: el embajador de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, alertó que la crisis en Nicaragua “ha costado vidas”. “355 personas han sido asesinadas, se ha sometido a prisión a más de 1,600 personas y se han exiliado miles de nicaragüenses. Seguiremos insistiendo en la denuncia y en la necesidad de abrir un camino de diálogo dirigido a construir una salida a la crisis”, dijo el diplomático.
El representante de Colombia, Luis Ernesto Vargas, expresó que, pese a la salida de Nicaragua de la OEA, su país no pierde la esperanza de continuar trabajando “en todos los foros disponibles, y por medio del diálogo de buena fe, para mantener un espacio de interlocución con Nicaragua”.
El régimen Ortega-Murillo anunció su “renuncia y retiro” de la OEA en noviembre 2021, dos semanas después de que se celebraran los comicios generales en los que la pareja presidencial se reeligió con el 75% de los votos, y con la mayoría de la oposición en la cárcel y el exilio. Días después de los comicios sin competencia ni credibilidad, la OEA aprobó una resolución de condena del proceso al considerar que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. La orden del régimen sandinista de cerrar y confiscar las oficinas de la OEA fue la última estocada a la relación.
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A pesar de esto, la delegación de Costa Rica reaccionó a los ataques que el régimen de Ortega-Murillo ha perpetrado contra la Iglesia Católica, y pidió que se respeten las garantías al debido proceso en el caso de monseñor Rolando Álvarez, a quien la dictadura mantiene en las celdas de la cárcel “La Modelo” en Tipitapa.
“Me detengo en las más de 300 personas dejadas en condición de apátridas por las graves consecuencias que esto produce para ellas y para sus familiares. Esto es una medida arbitraria y sin precedentes que atenta contra todas las garantías establecidas en la legislación nacional e internacional, anulando el registro de existencias de estas personas, sus archivos de estudio, profesión y hasta de capitalización en el régimen de seguridad social, constituyen una violación a un derecho humano fundamental cuentos prejuicios se extienden a sus familiares, incluidas personas menores de edad”, agregó Alejandra Solano Cabalceta, representante del Gobierno de Rodrigo Chaves.
¿Qué puede hacer la OEA?
El politólogo y especialista en relaciones internacionales Pedro Fonseca señala que el Sistema Interamericano como tal tiene una serie de mecanismos que implican la participación política de los Estados miembros y la aplicación de una serie de recursos jurídicos internacionales que podrían hacer frente a la crisis que ahora mismo enfrenta Nicaragua particularmente a la avanzada represiva del gobierno.
“No obstante, hay que tener en cuenta que estos recursos de carácter jurídico tienen también un límite, es decir, llegan hasta un punto y hay un punto en el que claramente implica una serie de medidas de carácter fuera del marco de la diplomacia que no le compete particularmente a la OEA como tal”, menciona Fonseca.
El politólogo considera que en el marco de la Asamblea General ciertamente se podrían llevar a cabo una serie de medidas como una vuelta al llamado de condena por parte de los Estados de manera consensuada a nivel del Sistema Interamericano. Una situación que hasta ahora no se ha desarrollado totalmente, pero podría caber la esperanza de que una medida de este tipo pudiera desarrollarse teniendo en cuenta que los límites de lo conocido ha sido trascendido por el régimen de Ortega y Murillo.
De igual manera, especialmente teniendo en cuenta lo acontecido en materia represiva en lo que va del año, podrían también proponer otras series de medidas que para el caso de Nicaragua tampoco se han desarrollado. Algunas herramientas son una convocatoria de reunión de consulta de ministros que podría ser fundamental para procurar una avanzada multilateral en oposición a la dictadura y, por supuesto, para continuar “el llamado ferviente a los paquetes de sanciones económicas internacionales”.
“También no solo limitarnos a las instituciones financieras internacionales sino hacer un llamado de atención a los Estados miembros mismos que tienen relaciones comerciales directas con Nicaragua, con el régimen Ortega-Murillo, y de igual forma con socios privados que mantienen relaciones comerciales financieras con el régimen”, planteó Fonseca.
Sin avances en la recuperación de la democracia
El observatorio ciudadano para el monitoreo de procesos electorales, Urnas Abiertas, se sumó a esta convocatoria del Consejo Permanente mediante un comunicado emitido el pasado ocho de junio. El organismo insta a que los distintos países “continúen tomando las medidas y acciones necesarias para encontrar una solución pacífica a la crisis, y no dejar solo al pueblo nicaragüense que continúa en resistencia para recuperar la gobernabilidad democrática”.
“El Estado ha implementado una política de persecución contra todas las personas opositoras o percibidas como tales. Esta situación de persecución se agudizó en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021 y municipales de noviembre de 2022”, reza el comunicado de Urnas Abiertas.
Olga Valle, directora de esa organización, consideró que es “buena señal” la decisión de seguir abordando el tema en las sesiones, a solo cinco meses que el país centroamericano deje de ser miembro del organismo regional. Valle recalcó la importancia de poner sobre la mesa la temática de derechos humanos en Nicaragua desde una mirada multilateral en la región.
Por otro lado, la defensora de derechos humanos también reconoció que, durante cinco años de negociación y resoluciones realizadas durante los foros del Consejo Permanente, aún no se han podido ver avances para la recuperación de la democracia, esperando que esta falta de progreso democrático dentro de la nación “sea un llamado para los demás países para tomar medidas más contundentes ya sea de manera bilateral o multilateral”.
“La decisión que el régimen tomó de aislarse totalmente del resto de países, es una muestra más de las políticas que mantiene el Estado de quemar puentes de diálogos no únicamente con la OEA, sino lo hemos visto con países que de manera bilateral han intentado establecer vínculos, diálogos, negociaciones incluso países como México que en febrero se hizo público una carta que el presidente Andrés López Obrador había mandado y en donde se evidencia que el régimen no quiere dialogar con ningún interlocutor”, resaltó Valle.