La Organización de Estados Americanos (OEA) exigió este martes a las autoridades de Guatemala que respeten y garanticen la investidura el próximo 14 de enero del presidente electo Bernardo Arévalo, quien ha sido —junto al partido que lidera, el Movimiento Semilla— torpedeado de manera constante por el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras.
El foro interamericano se juega con su intervención en la crisis política chapina su eficacia, sobre todo en una región que se la ha salido de las manos, después que no pudieron contener la deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual derivó en la salida de Nicaragua del organismo.
El Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, aprobó este martes –con el único voto en contra de Guatemala y la abstención del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele– una resolución en la que se declaró “alarmado por las insistentes acciones desestabilizadoras” de la Fiscalía de Porras y sus funcionarios, entre ellos, el fiscal Rafael Currichiche.
El Ministerio Público, con una serie de casos judiciales, intenta desconocer los resultados del balotaje guatemalteco del pasado 20 de agosto, cuando el progresista Arévalo ganó los comicios con el 58% de los votos.
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El triunfo del Movimiento Semilla significó la imposición de un contundente mensaje ciudadano contra la corrupción y la impunidad que campean en Guatemala, específicamente contra el denominado “pacto de corruptos”, conformado por un grupo de políticos, militares, empresarios y personas vinculadas al narcotráfico que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado desde que lograron la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que desmanteló más de 200 estructuras de corrupción.
A diferencia de lo que la OEA no pudo con Nicaragua referente a la invocación de la Carta Democrática Interamericana, el Consejo Permanente pretende organizar una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Guatemala, al mismo tiempo que encomendaron al Secretario General, Luis Almagro, solicitar con “urgencia” el consentimiento del gobierno de Alejandro Gianmmattei para enviar “cuanto antes” una comisión al país. Este procedimiento supone la activación del artículo 18 de la Carta Democrática.
En respuesta al Consejo Permanente, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo que su Gobierno ha respetado los resultados electorales “desde el primer día” y que “no ha tomado acción alguna” para bloquear la transición de poderes.
Giammattei truena contra Estados Unidos
Por su parte, Giammattei aseguró en una carta difundida este martes que no hay ninguna “acción” que impida que Arévalo asuma el poder en enero. Sin embargo, el controvertido mandatario no ha hecho nada por frenar los zarpazos del Ministerio Público contra el proceso electoral, un socavamiento continuo que la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, ha catalogado como una ruptura del orden constitucional.
En cambio, el presidente saliente criticó a Estados Unidos por las sanciones en contra de funcionarios guatemaltecos. Giammttei señaló —como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua— a Washington de “injerencia”.
“En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, insistió Giammatei, en un comunicado publicado en las redes sociales, un día después de que el Ministerio Público entregó al Tribunal Supremo Electoral una investigación que da cuenta de supuestas anomalías en las elecciones que ganó Arévalo.
Giammattei fue más allá con Estados Unidos y arremetió contra “la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral”.
Aunque no lo mencionó de manera específica, el comentario del mandatario está relacionado con la retirada del visado a más de un centenar de diputados guatemaltecos ordenada el pasado lunes por el Gobierno de Joe Biden por “socavar la democracia”.
Según el Departamento de Estado, la Fiscalía de Guatemala está llevando a cabo “acciones antidemocráticas” en contra del presidente electo, como evidencian las órdenes de arresto contra funcionarios electorales, la solicitud de retirar la inmunidad judicial a Arévalo y la pretensión de anular los resultados electorales.
En efecto, el pasado 12 de julio el Ministerio Público inició una serie de acciones judiciales contra Arévalo y su partido. A los pocos días de su triunfo electoral, el presidente electo denunció que la fiscal general estaba impulsando un “golpe de Estado” en su contra junto con “otros actores corruptos”, para evitar que tomara posesión el 14 de enero.
Invocación de la Carta de Derechos Humanos
Esta situación ha llevado a la OEA a recurrir a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 18 establece que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
De manera casi unánime, el Consejo Permanente del organismo condenó este martes “el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”. Almagro llegó a decir que si el Ministerio Público logra su objetivo, “se perfeccionaría un golpe de Estado, hoy en grado de tentativa”.
Aunque a última hora de este martes aún no se conocían respuestas de las Cancillerías americanas a la convocatoria de una reunión de ministros de Exteriores para abordar la crisis en Guatemala, algunos mandatarios ya han expresado su preocupación por lo que consideran intentos de regresión democrática.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su apoyo a Arévalo “frente a los intentos de desestabilización e interrupción del proceso democrático”, después de que la Fiscalía guatemalteca solicitara anular los resultados de los comicios presidenciales por supuestas irregularidades.
“Pido urgentemente a la comunidad internacional pronunciarse y defender las instituciones y el orden constitucional guatemalteco que hoy corre peligro. Democracia, siempre. Golpes, nunca”, reclamó el mandatario a través de la red social X.
Además, organizaciones de la sociedad civil, la ONU, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, han denunciado que la Fiscalía ha construido un caso espurio para anular los comicios e impedir que Arévalo de León suceda el 14 de enero a Giammattei.
Mientras tanto, el gobernante de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recibió este miércoles en la Casa Presidencial al mandatario electo de Guatemala. Chaves expresó esta semana en una entrevista con EFE su apoyo a Arévalo de León y calificó de “inaceptables” las acciones que lleva a cabo la Fiscalía de ese país en contra del presidente electo y su partido.
“Es inaceptable. Los guatemaltecos deberían tener la certeza de que el señor presidente Arévalo va a ser oficialmente presidente el 14 de enero, que es la fecha de traspaso”, enfatizó Chaves.
Con información de la Agencia EFE.