OEA plantea “fortalecer mecanismos de presión” contra el régimen Ortega-Murillo

La evaluación colectiva del Consejo Permanente de la OEA determinó la aplicación de medidas diplomáticas y económicas, pero no la suspensión de Nicaragua del organismo. El secretario general Luis Almagro hizo un llamado a la comunidad internacional para “fortalecer mecanismos de presión”.


El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria este lunes 29 de noviembre para discutir una salida a la crisis política en la que se encuentra Nicaragua desde 2018. Varios de los participantes, entre ellos, especialistas en derechos humanos, encargados de centros de pensamientos y cancilleres, abogaron por el diálogo, pero también por medidas de presión diplomáticas y económicas para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo restaure la democracia. 

En la sesión participaron la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh), Alberto Brunori. Ambos leyeron informes sobre las violaciones a los derechos humanos desde las protestas de 2018 y el cierre de los espacios democráticos en un contexto de “impunidad generalizada”, según las palabras de Urrejola. 

Esta sesión se llevó a cabo como un ordenamiento de la resolución de la Asamblea General de la OEA, el pasado 12 de noviembre, que tuvo 25 votos a favor para realizar una evaluación colectiva inmediata a la situación en Nicaragua de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Según los expertos, el debate de este lunes sirve de base para que los Estados miembros convoquen a una sesión extraordinaria en los próximos meses, en las que se pueden aplicar medidas diplomáticas de presión. 

En respuesta a esto, el régimen Ortega-Murillo desde el pasado 19 de noviembre oficializó el proceso de salida de Nicaragua ante la OEA, al denunciar la Carta Constitutiva bajo alegatos de “injerencismo”. Según los analistas, tienen que pasar dos años en los que el país debe saldar todos sus acuerdos y compromisos con el sistema. Incluso, la medida es tan compleja que la aplicación de la Carta Democrática es más fácil y viable. 

Sin embargo, en la sesión no se habló de la suspensión de Nicaragua de la OEA, pero sí de medidas de presión diplomáticas y económicas. El director regional para América Latina y el Caribe del Instituto de Estudios Aplicados (IDEA), Daniel Zovatto, dijo que la comunidad internacional debe actuar con “la firmeza que el caso amerita”. Según Zovatto, debe mantenerse siempre abierta la puerta del diálogo, pero acompañado de “un aumento de la presión internacional que sea sostenida  y contundente sobre el régimen de Ortega”.

Zovatto dijo que es importante vincular las sanciones políticas con las individuales y económicas para limitar “el margen económico de la dictadura, aumentando las consecuencias económicas que tiene la represión política”. En este sentido, el representante de IDEA recomendó solicitar a los organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), pero especialmente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), suspender los desembolsos de los créditos que ya están en marcha y no aprobar nuevos hasta que el régimen ceda en su deriva autoritaria”.

Almagro: “fortalecer mecanismos de presión”

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. EFE

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que se debe desempeñar “un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes”. También, consideró la promoción del diálogo político, la negociación y el consenso, la liberación de los presos políticos, la implementación de reformas electorales y dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado y que afecta los derechos humanos de los nicaragüenses. “La comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión: bilaterales, multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los de multilateralismo político”, dijo Almagro. 

El representante del régimen, Michael Campbell, manifestó que los informes que se leyeron sobre Nicaragua eran falsos. Además, aseguró que no hay inocentes encarcelados, sino que los que están procesados son “agentes extranjeros”. Cabe destacar que ninguno de los más de 40 encarcelados en este período electoral tienen una sentencia condenatoria, lo cual muestra las faltas del debido proceso judicial en estos casos, porque antes de las sentencias, el representante del régimen ya los está condenando con la declaración de hoy. 

El representante de Ecuador en la OEA, Marco Ponce, dijo que Nicaragua se “halla en rebeldía de la Carta Democrática, lo que no debe ser tolerado”. Ponce abogó por un diálogo genuino para la celebración de nuevas elecciones presidenciales y legislativas bajo supervisión internacional. 

Anabel Bueno, embajadora alterna de República Dominicana, dijo que cuando una crisis afecta a un país “generalmente tiene repercusiones en sus vecinos y en toda la región”. 

Bradley Freden, representante interino de Estados Unidos, dijo que la amenaza de Nicaragua de retirarse de la OEA es para ganar tiempo y desmotivar las acciones de esta organización. “Podremos desplegar cualquier tipo de apoyo democrático”, dijo.

Hubo otros países como San Vicente y Granadinas, México y Argentina, quienes optaron por la búsqueda del diálogo y “la no injerencia en asuntos internos de los Estados”.  La embajadora de México, luz Elena Baños, dijo que su país está comprometido con el respeto a los derechos humanos, pero que confía en que “los retos democráticos de los nicaragüenses sean superados por ellos mismos”, mientras reafirma su voluntad “en todos los esfuerzos basados en el diálogo». 

El embajador de Argentina, Alberto Raimundi, señaló que su país rechaza sanciones o medidas unilaterales “que lo único que logran es exacerbar las tensiones y perjudicar las situaciones de los ciudadanos, creando un clima para tratar de justificar mayor intervención externa”. 

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