Sanciones. Una de las palabras que en los últimos meses enarbola el discurso oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras su escalada represiva, desatada a partir de junio pasado. Tanto así, que es utilizada para fabricar toda una trama “criminal” contra líderes opositores y voces críticas. Pareciera que el orgullo de la pareja presidencial está herido, incluso más que sus bolsillos. O al menos así lo creen analistas y politólogos. El régimen ha sabido mitigar bien el impacto económico que las medidas internacionales contra su círculo de hierro han podido implicar, pero no despojarse de los señalamientos hacia algunos de sus funcionarios, tildados de violadores de derechos humanos y delincuentes.
Del impacto de las sanciones se pueden inferir tres cosas que están a la vista de los expertos: afectan sin duda la reputación del sancionado, han podido ser eludidas a través de otras formas de financiamiento, y han servido de excusa para justificar los más recientes fracasos de gestión oficial, aunque ninguna de las medidas han sido aplicadas al país, sino a funcionarios del gobierno. Desde el incremento de las condenas, el comandante Ortega dijo que dichas políticas tachadas de “intervencionistas” afectan “al pueblo nicaragüense”.
“El régimen ya no opera con la misma libertad que operaba antes, pero en este momento es muy difícil de medir (el impacto). A lo mejor, si estuviéramos hablando de un régimen que opera en el marco normativo de la ley se habría debilitado mucho más, o cedido. Es importante reconocer que, según información de organismos de seguridad, el gobierno ha venido trabajando desde hace mucho años con grupos que operan fuera de todo marco legal”, argumenta el politólogo Pedro Fonseca.
Lo cierto es que las condenas que gobiernos e instancias internacionales han aplicado al régimen trastocan solo a los funcionarios aludidos. Ninguna de estas medidas tiene un impacto directo en la economía del país, pero sí en la administración pública. Muestra de ello han sido los movimientos realizados por el partido de gobierno al quitar de sus cargos a algunas de sus fichas, o reducir el poder de algunos de los sancionados, como en el caso del operador político Fidel Moreno, quien ya no firma las contrataciones públicas para la comuna.
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Un golpe a la imagen y a la credibilidad
Los sancionados llevan la etiqueta de violadores de derechos humanos o criminales, aseveraciones que representan un golpe al orgullo y a la narrativa del régimen. Ningún funcionario suele hablar directamente del tema, y entre algunos simpatizantes son vistas como una especie de medallas, según un informe realizado a mediados de mayo por Crisis Group. En él se pone en entredicho la política de mano dura que encabezó el expresidente Donald Trump contra gobiernos autoritarios como el de Nicaragua. Según el análisis, las sanciones alinearon el régimen y reforzaron la narrativa de la conspiración injerencista en el país.
“Estamos en una etapa en que las sanciones individuales tienen un efecto limitado, por lo menos antes de las elecciones. Para Ortega cualquier costo de legitimación, de sanción, parece ser menor. Habrá que ver si la comunidad internacional logra articular mejor el tema de la presión, involucrar más a la región, y dar condiciones claras para que las mismas sanciones se levanten. Esto ha contribuido a que sean vistas como un daño colateral razonable”, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group.
Para analistas como Breda, el régimen ha logrado eludir de alguna forma el verdadero impacto de las medidas a sus funcionarios. En cambio, las ha utilizado como uno de sus instrumentos retóricos más importantes en los últimos meses. “Le ha permitido justificar, por lo menos a sus seguidores, la contracción económica que ha habido en el país, y alimentar ese discurso antiimperialista para consolidar a su base sandinista”, opina Breda.
Al menos 32 personas han sido acusadas en Nicaragua por cometer “menoscabo a la soberanía nacional” al invocar sanciones e injerencia extranjera. Algunas de estas detenciones estuvieron sostenidas con la “Ley de defensa a los derechos del pueblo (Ley 1055)”, una normativa represiva que fue aprobada a finales de 2020 por la Asamblea de mayoría oficialista. En ella se tacha de traidor a cualquier nicaragüense “que aplauda sanciones” e incite a cometer este tipo de acciones. Seis precandidatos fueron encarcelados por este supuesto delito, y más de una decena de opositores son acusados de conspirar en grupos de WhatsApp por estos mismos señalamientos que la Fiscalía no ha podido comprobar.
“¿Cuáles han sido las causas de que tal vez no se perciba un éxito total al aplicarlas? El hecho de que no sean acordadas multilateralmente y que existan posiciones encontradas entre diferentes países. Uno de los principales impedimentos es la falta de consenso”, afirma Fonseca. Dicha situación podría cambiar con la aprobación de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), que plantea la coordinación de sanciones entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, además de lo que podría ser uno de los mayores golpes para el país: la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (Cafta) para Nicaragua.
Proponen multilateralismo
Los analistas consultados coinciden en que el régimen de Ortega y Murillo tendrá que consumar para que la comunidad internacional active sus próximos pasos. Todo indica que diversos actores no reconocerán los resultados de dichos comicios, que desde ya son tachados como irregulares. Los mandatarios sandinistas no brindaron ninguna garantía de legitimidad, y más bien detuvieron siete precandidatos opositores y despojaron de la personería jurídica a los dos únicos partidos en los que estos aspirantes iban a competir.
El siete de octubre, una decena de organizaciones opositoras que conforman un bloque autodenominado “Oposición Democrática Nicaragüense” quienes desde el exilio pidieron la suspensión de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) con la aplicación de la Carta Democrática. “Hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares y requerimientos establecidos en las resoluciones de la Asamblea General y Consejo Permanente”, anunciaron los opositores.
La aplicación de este instrumento internacional podría ser el primer indicio oficial de que en la región hay consenso sobre el tema de Nicaragua. “La Carta Democrática resume uno de los mecanismos legales más importantes de la región, porque con ella se logra consenso y se levantan sospechas en otros sistemas como las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc., con quienes se puede colaborar”, afirma Fonseca.
Otro punto que abordan las agrupaciones firmantes es un incremento de sanciones hacia los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. Así como “ejercer presiones efectivas sobre la dictadura Ortega-Murillo, incluyendo el condicionamiento de la aprobación y desembolso de recursos financieros”. Todos estos mecanismos también son recogidos por la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, quienes han sostenido reuniones con congresistas y senadores para lograr el desconocimiento de los resultados electorales.
No obstante, para analistas como Breda estas deberían tener objetivos claros y alcanzables, más allá del fin del derrocamiento de la dictadura. “Se percibieron como acciones muy descoordinadas, que también provocó que no fuera constante la presión. Nosotros consideramos que ha llegado el momento en que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y los países regionales deberían acordar una hoja de ruta con condiciones claras para que sean presentadas al gobierno, establecer una especie de diálogo y que se frenen las violaciones a los derechos humanos”, agregó.