Doce días después de afirmar que en Nicaragua no volvería a haber elecciones, Daniel Ortega buscó maquillar su postura autoritaria este viernes 31 de julio, al asegurar que las reformas constitucionales que impulsa su régimen son para que en Nicaragua se realicen “elecciones con soberanía”, en sintonía con el discurso que Rosario Murillo y los operadores políticos del sandinismo emprendieron luego del exabrupto del dictador el pasado 19 de julio, que desencadenó una cascada de repudio internacional.
“Estamos trabajando en reformas constitucionales; está trabajando la Asamblea Nacional, ¿para qué? Para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones con soberanía”, dijo el mandatario esta noche, durante el 47 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea del Ejército de Nicaragua. El discurso del mandatario fue menos desafiante que el brindado el pasado 19 de julio, cuando dijo: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos (partidos políticos opositores) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Durante los últimos 12 días estas declaraciones dieron la vuelta al mundo y provocaron el rechazo de varios países de Latinoamérica. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió el 21 de julio con un “llamado a la acción” a la comunidad internacional, que respondió casi de forma inmediata, expresando repudio y preocupación por la pretensión del dictador sandinista de abolir las elecciones.
El miércoles 29 de julio, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una carta al Consejo Permanente de este organismo para solicitar una reunión en la que se debata una convocatoria urgente a los cancilleres de los países miembros del organismo, buscando aprobar una resolución que condene las declaraciones de Ortega y se deliberen “medidas colectivas adecuadas”. El Consejo Permanente confirmó este viernes que se reunirá el miércoles 5 de agosto para “considerar” la situación de Nicaragua.
Ortega a Estados Unidos: “Nicaragua quiere la paz”
Horas después, durante el acto de este viernes, Ortega expresó que las reformas son “para fortalecer la paz”. Según el dictador, la paz se fortalece con estas leyes “que no le dan espacio a los terroristas, a los golpistas”.
El mandatario dijo que su régimen no está imponiendo la paz con “estados de sitio o a punta de balazos”, sino que “se instale la paz, reforzada con las leyes”.
Ortega fue enfático en su mensaje a Estados Unidos, en medio de la creciente hostilidad entre ambas naciones. “De eso debe estar claro el Gobierno norteamericano: Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz”.
El dictador dijo que el país norteamericano depende de los países latinoamericanos para sostener su lucha contra el crimen organizado y aseguró que Nicaragua está dispuesta a colaborar. “Estamos en toda la disposición de luchar contra el narcotráfico y estamos dispuestos a que los Estados Unidos coloquen fondos en estos países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, porque es a ellos a quienes estamos protegiendo”.
Prometió seguir fortaleciendo fuerzas armadas
Durante su discurso, Ortega destacó el trabajo de las fuerzas armadas (El Ejército y la Policía) en la lucha contra el narcotráfico internacional, incluso expresó disposición a colaborar con Estados Unidos en el combate al tráfico internacional de drogas. En ese sentido, también prometió seguir fortaleciendo a los cuerpos armados.
El martes 28 de julio, el régimen Ortega-Murillo introdujo en la Asamblea Nacional la iniciativa de reforma constitucional –cuyo texto no se ha divulgado– que contempla períodos presidenciales de siete años “renovables”, acompañados de un blindaje jurídico para impedir a la oposición disputar el poder. Especialistas han interpretado que la palabra “renovable” podría encerrar el mecanismo jurídico con el que la dictadura pretende abolir las elecciones por completo.
Durante la semana, la Comisión Especial Constitucional, encargada de estas reformas, ha realizado la presentación de esta iniciativa a distintos actores políticos nacionales e internacionales, entre ellos, diplomáticos, el Ejército, la Policía, banqueros, empresarios, inversionistas, el Ministerio del Interior, productores y emprendedores. Este proceso de “consultas” está previsto hasta finales de agosto, de acuerdo con el calendario que publicó el régimen a través de sus canales oficiales.