Estados Unidos hizo su primera movida diplomática en contra de la voluntad del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones que puedan poner en riesgo su permanencia en el poder en Nicaragua. El embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrew Stevenson, envió una carta el miércoles 29 de julio al Consejo Permanente de este organismo para convocar a una reunión de cancilleres lo antes posible para abordar la situación de Nicaragua.
En la carta del miércoles, el embajador de Estados Unidos solicita de forma urgente que durante esa sesión extraordinaria se apruebe un proyecto de resolución para condenar las declaraciones de Ortega y cualquier intento de eliminar el pluralismo político en Nicaragua. Además, en el dictamen se convoca a los cancilleres a “deliberar sobre las medidas colectivas adecuadas”.
Las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio de que no habrá elecciones en Nicaragua desafían directamente la propuesta de la vía electoral que Estados Unidos ha planteado, en las dos últimas administraciones, para que Nicaragua salga de la crisis política en que se encuentra desde 2018.
El 21 de julio, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a la propuesta de Ortega con un “llamado a la acción” dirigido a la comunidad internacional, a la que instó a “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones mientras vulnera los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”. Luego de este llamado, varios gobiernos de Latinoamérica expresaron su repudio a la pretensión del caudillo sandinista de abolir las elecciones.
La carta de la OEA:
Amenaza regional
El diplomático estadounidense, Andrew Stevenson, señaló en su misiva que las acciones y declaraciones que ejecuta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para abolir las elecciones: “Constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”.
Stevenson valoró que esta medida agrava “drásticamente la ya urgente situación en Nicaragua”. Al igual que la posición del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, que consideró que la medida en Nicaragua tiene consecuencias regionales, el embajador estadounidense afirmó que “esta intensificación supone una amenaza para el interés común de los Estados de las Américas”.
El embajador aseguró que la situación “exige una respuesta proporcionada y coordinada, mediante la cual los Estados Miembros puedan considerar las medidas colectivas adecuadas para protegerse y hacer frente a las amenazas que la dictadura de Murillo-Ortega representa para la paz hemisférica”.
Sin embargo, uno de los puntos de la propuesta de resolución enfatiza: “Que la presente resolución no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada”.
Porras: “El comandante nos dijo que las fuerzas armadas tengan periodos de siete años“
Mientras tanto, los funcionarios del régimen continúan el proceso de “consultas” antes de aprobar la reforma constitucional que propone periodos presidenciales de siete años “renovables” y un blindaje jurídico para impedir que la oposición pueda disputar el poder.
Este jueves 30 de julio, la Comisión Especial Constitucional que se conformó el pasado martes y es encabezada por el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se reunirá con la Policía Nacional –el brazo represor del régimen– y el sector inversión y empresariado de Nicaragua.
El miércoles, los operadores sandinistas se reunieron con el Ejército de Nicaragua y el sector financiero y bancario. Aunque el texto de la propuesta de reforma aún no se publica en la página de la Asamblea Nacional, Porras reveló que la iniciativa contempla ampliar periodos de siete años para los cargos de elección popular y para los de elección o ratificación por el Congreso.
Entre estos cargos destacó los de los jefes del Ejército y la Policía Nacional. En la aprobación de la Constitución OrMu de 2025 ya se había ampliado de cinco a seis años el periodo para ambos jefes de las fuerzas armadas; ahora lo pretenden ampliar un año más.
“¿Por qué siete años? Primero, porque tenemos derecho; primero, porque es una decisión de nosotros”, dijo Porras ante las fuerzas militares, y enfatizó: ‘El comandante nos dijo, y lo que estamos proponiendo es que quede claramente establecido en la Ley de Reforma que los períodos de nombramiento del comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua y de los jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua serán de siete años”, declaró.
Cabe destacar que, cuando informó sobre la ampliación de los periodos, Porras no utilizó la palabra “renovable”, un término que causó varias interpretaciones cuando la utilizó el martes al presentar la iniciativa ante el Parlamento.
Encuentro “amistoso” con sector bancario
El general del Ejército, Julio César Avilés, respaldó la propuesta a nombre de todo el cuerpo militar. “Asumimos el compromiso de respaldar y defender siempre el derecho de ser libres y soberanos para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera”, reiteró.
Por la tarde del miércoles, los personeros de Ortega y Murillo presentaron la propuesta a representantes de microfinancieras y entidades bancarias en las instalaciones del Banco Central de Nicaragua (BCN), pero no se tienen detalles sobre la exposición ni las consideraciones o preguntas de este sector bancario. Porras dijo que fue un encuentro “muy amistoso, nos saludamos y vamos a continuar en este camino”.
El lunes, miembros del régimen se reunieron con el cuerpo diplomático y las misiones acreditadas en Nicaragua, en un encuentro en el que quisieron rebajar el repudio internacional de las declaraciones de Ortega, al asegurar que sí habrían comicios, pero que no participarán los que ellos consideren “golpistas” o “vendepatrias”.