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Las fiestas patrias se han convertido en un escenario donde la exaltación partidaria se mezcla con los símbolos nacionales. En los actos oficiales, la bandera roja y negra del Frente Sandinista apareció como emblema central, reforzada por la reforma constitucional del 15 de enero que la declaró símbolo patrio. 

Más allá de la propaganda oficial, no existe un reconocimiento histórico de sus méritos; por el contrario, su legado está asociado a un régimen autoritario marcado por represión y censura. En un país donde la propaganda política se impone en las aulas, lo que menos hay es libertad, paz o seguridad, pese al discurso de la ministra de Educación, Mendy Aráuz Silva.

Aráuz aseguró que en Nicaragua se está “construyendo patria en libertad” al entregar la antorcha al delegado de educación de Costa Rica. Pero los hechos documentados muestran otra realidad: desde 2018, estudiantes de secundaria y universitarios han sido víctimas de represión durante las protestas. 

Un informe de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) publicado en 2020 señala que, desde el inicio de las manifestaciones, murieron 29 menores de edad. Además, se registraron violaciones a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a la educación y a la vida.

Entre las evidencias proporcionadas por Human Rights Watch, destaca el asesinato de Álvaro Conrado, de 15 años, estudiante del colegio Loyola, quien murió el 20 de abril de 2018 mientras llevaba agua a manifestantes cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería; y Leyting Chavarría Pérez, de 16 años, estudiante de primer año de secundaria en el colegio Benjamín Zeledón, asesinado el 24 de julio de 2018 durante la “Operación Limpieza” en Jinotega. Testigos aseguran que Leyting recibió un disparo luego de presenciar el asesinato del joven Brayan Picado. Casos como estos, que hasta hoy permanecen impunes, no reflejan paz ni libertad; por el contrario, muestran cómo la represión genera miedo y restringe los derechos de los estudiantes, amplían los informes de Amnistía Internacional.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) documentó extensas violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario por parte del régimen Ortega-Murillo. Según el informe, el régimen ha atacado “sistemáticamente al sector universitario del país en una campaña represiva destinada a reprimir la disidencia y la libertad de expresión”.

“El Gobierno de Nicaragua ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político”, declaró Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos. “La comunidad académica merece espacios seguros y libres para expresar sus ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restituidos urgentemente. Con estas acciones, el Gobierno está poniendo en peligro el futuro del país”.

El informe también documenta violencia física y psicológica, incluyendo amenazas, intimidación, palizas y confinamiento solitario prolongado, que en algunos casos podría constituir tortura, contra estudiantes y profesores, especialmente aquellos detenidos arbitrariamente por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al régimen Ortega-Murillo.

La libertad, la seguridad y la justicia que presume la ministra de Educación contrastan con la confiscación de universidades donde antes se permitían movimientos sociales u oposición al Gobierno, así como con los casos de expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos. 

Según el informe del Ghren, el régimen también implementa medidas de control político que imponen restricciones a la libertad académica y de investigación, limitan el acceso a la educación a quienes se perciben como opositores. “Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y debate”, señala el informe.

Entre libros y banderas, el adoctrinamiento comienza desde la infancia

Por su parte, Aula Abierta por la defensa de los derechos universitarios, en su informe “Adoctrinamiento y proselitismo político en las universidades en Nicaragua como violación a la libertad académica”, documenta casos que transgreden la libertad académica y atacan a estudiantes universitarios. 

El documento señala que “el Estado nicaragüense ha instaurado una política de adoctrinamiento ideológico en las universidades públicas en Nicaragua a través de las autoridades universitarias que son permisivas y promueven tales actos en los campus y las restricciones al ejercicio de derechos y libertades fundamentales de los/as estudiantes”.

El adoctrinamiento político del régimen no solo está presente en los actos escolares, sino que también restringe la libertad de expresión de los estudiantes. Usar la bandera azul y blanco en contextos distintos a los oficiales o mencionar los hechos de 2018 se ha convertido en motivo de sanción. Así le ocurrió a Daniela, una adolescente de 15 años que publicó en su estado de Facebook un recuerdo de la rebelión de abril y fue amonestada por los directivos de su colegio en Managua (cuyo nombre no se revela por temor a represalias). La directora le advirtió que, si continuaba con posturas similares, podría ser expulsada.

Ese mismo adoctrinamiento también se refleja en los libros de texto, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo son colocados al nivel de los héroes nacionales, aunque no exista un reconocimiento histórico de sus méritos. A esto se suman prácticas dentro de las aulas: en asignaturas como historia, moral y cívica y literatura, estudiantes deben preparar exposiciones sobre los co-presidentes, siguiendo lineamientos marcados por los directivos o el propio Ministerio de Educación. De esta forma, la propaganda política no aparece como algo aislado, sino como una presencia generalizada en las escuelas, tal como lo han señalado diversos informes.

La Codeni, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Ghren y Aula Abierta presentan una evidencia clara: desde 2018, el sistema educativo en Nicaragua ha sido escenario de represión, control y adoctrinamiento. Estudiantes y docentes son víctimas de violencia, intimidación y expulsiones arbitrarias; universidades han perdido su autonomía y aulas y materiales educativos están marcados por propaganda política que prioriza a Ortega y Murillo sobre el análisis crítico de la historia. 

 Frente al discurso de la ministra Aráuz sobre “construir patria en libertad”, los hechos documentados muestran que los espacios educativos operan bajo restricciones que limitan la libertad de expresión, el acceso a la educación y la participación crítica, evidenciando un patrón sistemático de control y represión en escuelas y universidades.