Por medio de un escueto comunicado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por el magistrado Marvin Aguilar, emitió una resolución judicial ordenando el despojo de la nacionalidad y la confiscación de los bienes a los 135 críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que fueron desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
Según el Poder Judicial, bajo control de la pareja en el poder, la resolución se basa en las leyes que el régimen utiliza para reprimir y judicializar a opositores: Ley 1055 ( Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y la Ley 1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).
La CSJ califica a los desterrados como “personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional”.
Confiscación de bienes
La resolución también ordena el decomiso de todos los bienes de los condenados, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país, con lo cual, se hace justicia efectiva, a las víctimas de los delitos”.
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Es la primera vez que el régimen se refiere a la excarcelación de los 135 presos políticos. Ni siquiera la vocera y vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo ha dedicado palabras en sus alocuciones diarias.
En los últimos dos años, el régimen de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad y confiscado los bienes de al menos 451 personas, entre políticos, periodistas, activistas, religiosos, entre otros.
Gestiones entre Estados Unidos y el régimen
El Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró el pasado viernes que el Congreso de Estados Unidos mantenía gestiones para la liberación de los 13 miembros de la organización cristiana Puerta de la Montaña, y en una decisión unilateral el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sumaron a la lista a otros 122 presos políticos.
Desde ese día, los liberados han recibido la asistencia humanitaria de organizaciones internacionales, quienes le informan sobre la posibilidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas en Estados Unidos u otros países, a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris extendieron su gratitud al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo por su liderazgo en la región, particularmente en el manejo de gestiones humanitarias y la defensa de la libertad democrática.
DIVERGENTES conversó con varios de los desterrados en Ciudad de Guatemala, quienes dijeron que ni siquiera tienen claro cómo será su futuro inmediato: las organizaciones que los están apoyando les han dicho que sólo tienen 15 días de estadía en los diferentes hoteles donde permanecen, mientras Cancillería de Guatemala informó que tendrán 90 días para regular su situación migratoria en el país.
En sus declaraciones, los desterrados denunciaron sufrir torturas en las cárceles de Nicaragua, y ser víctimas de “juicios falsos y manipulados”. La Cancillería de Guatemala informó que al menos seis de los desterrados quieren quedarse de manera permanente en Guatemala.