La reaparición del dictador Daniel Ortega en plaza pública la noche de este nueve de noviembre, después de 68 días de ausencia e inusual silencio político, dejó la imagen de un caudillo sandinista que parece recorrer su último tramo de vida. Las imágenes del acto luctuoso en homenaje a Carlos Fonseca, pese al cuidado de los camarógrafos para evitar tantos primeros planos, dejaron constancia de un anciano —que este miércoles cumple 81 años— de aspecto debilitado: lento en su andar, con una delgadez que sugiere largos pasos por hospitales, zurumbo, confundiendo un ramo de claveles con un micrófono e hilvanando algunas frases con dificultad ante la mirada atenta de su séquito, encabezado por Rosario Murillo. Lo acuerparon durante un brevísimo recorrido alrededor del mausoleo, en un acto exprés de 20 minutos que resultó, sobre todo, una prueba de vida ante los crecientes rumores sobre su salud.

Las constantes recaídas de salud de Ortega son siempre objeto de intrigas palaciegas porque se manejan con el hermetismo más extremo. A tono con un régimen totalitario, la transparencia no es una virtud. Los problemas de salud del dictador —mandatario al fin— lo han convertido en un gobernante ausente, esporádico, con intervalos de desaparición cada vez más largos. En ese sentido, Ortega se mira en el espejo del viejo dictador camerunés Paul Biya, quien detenta el poder desde 1982. Es decir, 44 años al mando de Camerún.

El asunto es que Biya tiene 93 años y en 2025 fue reelecto para un octavo mandato de siete años, que terminaría en 2032, cuando tendría 99. Ustedes se preguntarán cómo gobierna el dictador camerunés. Pues con la misma fórmula a la que Ortega ha recurrido en los últimos años: las ausencias recurrentes. De hecho, los medios de comunicación bautizaron en 2018 a Biya como “el presidente ausente”, por sus apariciones esporádicas y por delegar la gestión cotidiana en el primer ministro y el aparato presidencial, sostenidos por militares y dirigentes del partido oficialista.

Aunque el régimen de Biya es tan personalista como el de Ortega, la diferencia capital radica en que la copresidenta Murillo maneja al pormenor y al detalle el día a día del régimen sandinista, y pujó hasta lograr posicionarse en la primera línea de la sucesión. En ese sentido, la salud y las capacidades tanto físicas como intelectuales de Ortega están ligadas a un proceso de transición dinástica todavía irresuelto para Murillo. 

Un recambio político en proceso, sin duda de corte familiar, pero que todavía no encuentra una fórmula blindada. Por eso hemos visto los constantes borrones y enmiendas a una Constitución Política más manoseada que el pie de un santo. De modo que el último trecho de vida de Ortega resulta de suma importancia para Murillo, quien aprovecha los últimos pasos de su marido para asegurar su viejo anhelo de ascender en solitario al poder. Se prepara para repartir migajas de poder a través de la última figura que mandó a crear: la de los “designados presidenciales”.

Mostrar a un Ortega aún respirando, aunque esté en la antesala de los estertores, es clave para la copresidenta, que ocupa ganar tiempo a toda costa ante el inminente precipicio biológico del marido. De modo que no importa exhibirlo zurumbo en la plaza pública, muy afectado. Aunque ella tenga trazada toda la sucesión dinástica, su mayor debilidad siempre ha sido —y ella lo sabe bien— que su única garantía total de ejercer el poder es ese gobernante anciano, ausente. Otros cien pesos será el poder sin él. 

Por otro lado, muchos en redes sociales critican a los periodistas que hemos resaltado el evidente deterioro de la salud y el aspecto físico de Ortega. Alegan que es normal para un hombre de 80 años. Y eso es obvio, pero no es el centro del asunto. No hablamos de un abuelo benevolente, retirado en su casa, sino de un dictador que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que, con el ahínco de una garrapata, prefiere atravesar su último tramo de vida, golpeado por sus dolencias, aferrado al poder antes que soltarlo. A ese tenor, nos guste o no, es un gobernante que tiene obligaciones, pero no sabemos si las cumple debido al secretismo en torno a su estado de salud. 

Por eso digo que el caso de Biya, en Camerún, ofrece un espejo cercano para Nicaragua. La semejanza no está únicamente en la edad de los gobernantes o en sus apariciones cada vez más espaciadas, sino, perdonen que insista, en la opacidad que rodea al poder. Cuando la salud del mandatario se convierte en secreto de Estado, la ciudadanía queda reducida a interpretar pasos, gestos y silencios para saber quién la gobierna, aunque en nuestro caso está claro que es Murillo. Cada reaparición adquiere entonces el carácter de una prueba de vida, mientras permanece sin respuesta la pregunta fundamental: qué trama Murillo y cómo eso compromete el futuro de todos como país.

Para cerrar esta columna, vuelvo a quienes apelan a la normalidad de la vejez de Ortega: en otros países, a los presidentes se les exige transparencia sobre su salud porque es un asunto de interés público. Envejecer es normal. Gobernar un país sin rendir cuentas sobre las condiciones para hacerlo no debería serlo. 

Les pongo el caso de Lula da Silva, de 81 años y recién reelecto: mantiene una agenda pública y su salud es objeto de partes médicos y cobertura periodística. En Estados Unidos, Donald Trump, de 80, no es que ofrezca una transparencia ejemplar sobre su condición física, pero sus apariciones, sus explicaciones y sus silencios están sujetos al cuestionamiento de una prensa que puede investigarlos. La diferencia está en la posibilidad de exigir respuestas. Y eso en Nicaragua no existe… Hasta los médicos que se atreven a opinar sobre la salud del caudillo sandinista corren el riesgo de terminar presos o exiliados. 

Ahora bien, en el contexto de la sucesión dinástica en proceso en Nicaragua, el secretismo médico resulta especialmente útil para Murillo, porque admitir la fragilidad del gobernante obliga a discutir qué ocurrirá cuando ya no esté. Una cosa es acumular atribuciones, controlar el aparato estatal y ocupar la copresidencia; otra, garantizar que las lealtades del régimen se mantengan intactas cuando Ortega desaparezca definitivamente. Su salud se convierte así en un asunto político que Murillo administra como un secreto de familia para su propia supervivencia.