Rosario Murillo podría estar preparando una repartición de “pequeños feudos de poder” entre operadores leales a ella, miembros de la familia gobernante y otros actores claves del régimen copresidencial como el Ejército de Nicaragua, mediante la creación de los llamados “designados presidenciales”. Esta nueva figura, introducida en otra –sorpresiva– reforma constitucional aprobada en primera instancia este jueves 22 de octubre, permitiría delegar amplias atribuciones políticas y territoriales sin perder el control sobre quienes las ejerzan.
La maniobra, según analistas consultados por DIVERGENTES, apunta a un reacomodo del poder alrededor de la copresidenta, en medio de los preparativos para una eventual sucesión dinástica ante la ausencia de Daniel Ortega.
La modificación del artículo 126 de la Constitución Política de Nicaragua elimina la figura del vicepresidente, que ya había sido despojada de sus funciones sucesorias, y la sustituye por la de los “designados presidenciales”. Estos funcionarios podrán recibir atribuciones directamente de la copresidencia, sin que el texto constitucional determine cuántos podrán ser nombrados ni cuáles serán sus responsabilidades.
Para el exdiputado opositor y analista político Eliseo Núñez, la clave de la reforma está en la posibilidad de colocar a funcionarios de confianza de Murillo al frente de regiones completas del país, con facultades que podrían abarcar distintas instituciones y asuntos de seguridad.
“Yo no miro esto como un tema de sucesión, más bien lo miro como un tema de control”, sostiene Núñez, quien considera que los nuevos designados podrían convertirse en una suerte de administradores territoriales, con cuotas de poder determinadas por el Ejecutivo, hoy compartido por el matrimonio Ortega-Murillo.
“El colocar gente que sea afín a Rosario a cargo de territorios completos”, explica el exdiputado, permitiría extender el control de la copresidenta mediante operadores políticos que responderían directamente a ella y a Ortega, sin necesidad de ocupar cargos tradicionales dentro de la administración pública.
Una nueva figura con funciones a discreción
La reforma constitucional, aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados colaboracionistas políticos, deberá ser ratificada en una segunda legislatura en 2027 para entrar en vigor.
El nuevo artículo 126 establece que “la Presidencia podrá nombrar a Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”. La redacción no precisa cuántos designados podrán ser nombrados ni delimita sus atribuciones, que quedarán enteramente a discreción de Ortega y Murillo. Tampoco establece requisitos específicos para ocupar esos cargos, lo que deja en manos de los copresidentes tanto la elección de sus titulares como las cuotas de poder que decidan conferirles.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el régimen justifica la medida bajo el argumento de implementar un “nuevo modelo de gestión pública”, destinado a fortalecer la “coordinación entre instituciones” y garantizar que las decisiones de la Presidencia se traduzcan en “resultados concretos”.
Núñez considera que los designados presidenciales podrían llegar a tener un margen de actuación incluso superior al de determinados ministros, siempre y cuando los copresidentes así lo decidan.
“La amplitud de las funciones del ministro están determinadas por la Ley Orgánica del Ministerio correspondiente, mientras que la designación presidencial vos la podés determinar en el decreto donde hacés el nombramiento”, explica el analista.
Control territorial y posible reorganización de la seguridad
“Un designado para la Costa (Caribe), un designado para una región específica”, ejemplifica el exdiputado. Núñez vincula esa posibilidad con lo que describe como una reorganización más amplia de los aparatos de seguridad del régimen. Según sostiene, se estarían trasladando al Ejército funciones de inteligencia y planificación actualmente ejercidas por la Policía Nacional, con la intención de concentrar esas capacidades bajo una sola línea de mando.
Núñez afirma que ese proceso buscaría “centralizar las capacidades que tienen de control social” y reducir las posibilidades de fisuras dentro de las estructuras de seguridad por la rivalidad entre ambos cuerpos armados.
Se trata, sin embargo, de una reorganización que el exdiputado asegura que ya se estaría aplicando de facto y cuyo alcance no está contemplado en la reforma del artículo 126.
Preparar la cama ante la eventual ausencia de Ortega
El abogado opositor Juan Diego Barberena plantea otra interpretación que, aunque pone el énfasis en la sucesión dinástica, coincide con la posibilidad de que la nueva figura sirva para distribuir cuotas de poder entre los distintos sectores del régimen.
Para Barberena, el trasfondo de la reforma no está en la eliminación de la vicepresidencia, que ya había perdido sus funciones sucesorias, sino en la necesidad de reorganizar los equilibrios políticos dentro de la coalición del régimen sandinista ante una eventual ausencia de Daniel Ortega.
“Algo está pasando para que hagan esta reforma de ayer para hoy”, resalta el abogado, quien considera llamativo que el régimen vuelva a modificar las reglas constitucionales que él mismo estableció entre las dos legislaturas de 2024 y 2025, cuando crearon la copresidencia.
“Ellos necesitan garantizar la sucesión” mediante una fórmula que permita “distribuir el poder para generar garantías sucesorias”, sostiene Barberena.
El mecanismo podría servir para acomodar a integrantes de la familia gobernante, pero también a figuras de la “coalición autoritaria” que eventualmente podrían entrar en confrontación ante la ausencia de Ortega. “Ahí está el juego”, afirma el analista, cuyo título de abogado fue cancelado por el régimen.
Murillo frente a la anhelada sucesión dinástica
La reforma ocurre apenas 20 meses después de una profunda modificación de la Carta Magna que creó la “copresidencia”, un modelo mediante el cual Ortega y Rosario Murillo quedaron formalmente al frente del Ejecutivo con iguales atribuciones. En aquella ocasión, la figura del vicepresidente fue despojada de su principal función histórica: sustituir al presidente ante su ausencia temporal o definitiva.
Esa profunda reforma estableció que, ante la ausencia definitiva de uno de los copresidentes, el otro continuaría ejerciendo el cargo hasta concluir el mandato. Si ambos faltaran, el presidente de la Asamblea Nacional asumiría temporalmente mientras se convocan elecciones.
Bajo esa nueva arquitectura constitucional, los vicepresidentes dejaron de ser elegidos mediante el voto popular y pasaron a depender de la voluntad de la copresidencia, que se arrogó la facultad de nombrar a tantos como considerara pertinentes y asignarles las funciones que estimara convenientes. Sin embargo, desde aquella reforma, Ortega y Murillo no nombraron a un solo vicepresidente.
Ortega, de 80 años, es un mandatario de apariciones públicas esporádicas, a menudo espaciadas por varios meses, lo que alimenta recurrentes especulaciones sobre su estado de salud. Su última aparición pública verificada fue el pasado 2 de septiembre, durante la conmemoración del aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua.
Desde entonces, el mandatario ha permanecido fuera del ojo público, mientras Murillo continúa concentrando el protagonismo cotidiano del régimen mediante sus alocuciones oficiales, en las que informa sobre las decisiones administrativas, políticas e institucionales de la copresidencia.
Para el opositor desterrado y excandidato presidencial Félix Maradiaga, las nuevas modificaciones constitucionales deben entenderse dentro de los esfuerzos de Murillo por preparar la continuidad familiar del poder.
“Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido”, sostiene Maradiaga. El opositor también apunta al posible papel de Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes y uno de los principales operadores políticos y económicos del régimen, en la futura distribución de esos cargos.
“El nombre de Laureano Ortega Murillo en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica”, afirma.
Hasta ahora, sin embargo, no existe una lista oficial de futuros designados presidenciales ni se han establecido públicamente los territorios, instituciones o atribuciones que podrían quedar bajo su responsabilidad.
La interrogante política es a quiénes decidirá Murillo confiarles esas parcelas de poder y qué papel podrían desempeñar en el reacomodo del régimen ante una eventual ausencia de Ortega.