La salud de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en prisión se deteriora con los días. Las afectaciones comienzan a ser “irreparables”, según denuncian los familiares que este fin de semana accedieron a una visita. Violeta Granera, socióloga y activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), está en un estado de delgadez extrema y con problemas dentales debido a la falta de atención médica. En la cárcel también persisten los interrogatorios diarios y repetitivos contra los reos de conciencia, muchos de ellos acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“Se encuentra en un estado emocional muy alarmante. Comparando su estado desde la última visita el 31 diciembre 2021, se ha deteriorado rápidamente, esto es debido a las torturas psicológicas y el trato humillante al que ha sido sometida desde su injusto encierro”, informaron los familiares de Granera en un comunicado. La integrante del Consejo Político de la UNAB fue detenida el ocho de junio y confinada a casa por cárcel, días después fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
El patrón se repite al resto de presos políticos encarcelados en una escalada represiva que se ejecutó durante el segundo semestre de 2021, en pleno año electoral. La mayoría de ellos son acusados bajo invocación a la “Ley de defensa a los derechos del pueblo”, una norma represiva que fue aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista a finales de 2020. Otros, como Cristiana Chamorro y los exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios son señalados de “lavado de dinero, bienes y activos”. Aunque todos comparten la característica de ser sometidos a tratos inhumanos que violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde entonces, el régimen se ha encargado de encarcelar a más de cuarenta personas, entre ellos a siete aspirantes a la presidencia y a varios integrantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil como Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, dos activistas que junto a Suyén Barahona, Dora María Téllez y Miguel Mendoza permanecen en aislamiento.
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Los familiares de Dávila denunciaron que hay “afectaciones físicas y emocionales” por no ver a su hija. Las autoridades del presidio no dejan que la activista se comunique con su hija de ninguna forma. “Ya son ocho meses sin poderla ver y eso implica una doble violación a los derechos de ella y los de la niña, de poder crecer con la comunicación de su mamá”, aseguró a DIVERGENTES un familiar.
Una situación similar atraviesa Suyén Barahona, quien es madre de un niño. Durante las visitas no se les permite el ingreso de fotos, cartas o dibujos elaborados por los hijos. “Ella solo le puede mandar a decir que recuerda que están unidos por el ombligo, y que cada vez que mire a la luna se acuerde de ella”, dijo Carlos Dubois, familiar de Barahona. Durante la visita, la presidenta de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos) envió un mensaje público que sus familiares desean que se difunda: “Esta injusticia y cada abuso sólo fortalece mi espíritu y mi compromiso. Pido la libertad para todos los presos políticos, y la libertad para toda Nicaragua”, dijo durante la visita.
Familiares piden atención psicológica
Las presiones y el encierro han provocado que el abogado Róger Reyes sufra de pérdida de memoria, ansiedad y depresión. Durante esta nueva visita, Reyes –quien también forma parte de la UNAB– demandó el acceso de un especialista en salud mental que pueda evaluarlo. Fernanda Guevara, su esposa, dijo a este medio que la solicitud fue enviada por escrito a las autoridades de Auxilio Judicial, pero estas no han sido tomadas en cuenta. En una conferencia de prensa realizada a inicios de enero, Guevara dijo que temía daños irreparables en la integridad de su esposo.
“Le conté que una de las niñas iba a entrar a clases el lunes, y él se puso a llorar. Es un tema que le ha afectado mucho, por eso también está pasando por un estrés postraumático con pérdida de memoria. Él no recuerda cuándo fue su captura ni otros recuerdos familiares”, dijo Guevara.
La situación en la que se encuentran los reos es tal, que en algunos casos como el de Reyes no les permiten el ingreso de pastes para bañarse. Las autoridades responden que tienen que pedir la autorización de los “superiores”.
Violaciones de derechos y situación crítica de salud
Los familiares denunciaron en un comunicado público que a Víctor Hugo Tinoco, Irving Larios y Dora María Téllez se les ha privado de su pensión del Seguro Social “con la cual se asumen los gastos familiares cotidianos”. Según ellos, dicha situación “pone mayor peso económico en sus familias, que en algunos casos están teniendo que hacerle frente a tratamientos médicos de alto costo”.
También alertan sobre la crítica situación de salud de las personas de la tercera edad. En el caso del jurista José Pallais, se calcula una pérdida de peso de 90 libras que lo mantiene en un estado debilitado y con frecuentes desmayos. El exembajador Mauricio Díaz tiene manchas en la piel, desmayos y lagunas mentales. Violeta Granera sigue perdiendo dientes, lo que provoca dificultades para comer. Edgar Parrales, exdiplomático nicaragüense, presenta mareos, tiene una hernia y ha perdido 16 libras en 63 días. Juan Lorenzo Holmann, director del diario La Prensa, tiene manchas en un ojo, una inflamación en la ingle, problemas de próstata y también ha sufrido de desmayos.
Los familiares exigen que se respeten sus derechos humanos y la presunción de inocencia durante todo el proceso, que hasta el momento siguen congelados por el régimen. Así mismo, el cese del aislamiento al que están sometidas Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y el cronista deportivo Miguel Mendoza. También el cese inmediato de las celdas de castigo en las que se encuentran Irving Larios, Miguel Mendoza, Róger Reyes y Yader Parajón.
Sobre el caso de los reos de conciencia con hijos, los familiares exigen el “establecimiento de mecanismos adecuados según el Código de la Niñez y la Adolescencia para garantizar la comunicación entre nuestros familiares y sus hijas e hijos menores de edad”.