Sanciones al negocio minero en Nicaragua fueron un “marketing político”

Un economista y una fuente vinculada a la industria aurífera en Nicaragua explican por qué las sanciones del Tesoro no han impactado como se esperaba en el negocio minero de los Ortega-Murillo. Los entrevistados también enumeran algunas acciones que podrían ejecutarse para fiscalizar a empresas mineras y por fin “golpear” un rubro que tantas ganancias genera a la dictadura sandinista

Personal de Condor Gold realizan prueba de bombeo de desagüe de minas en La India. Foto/Condor Gold

Las sanciones impuestas este año por el Gobierno de los Estados Unidos a la Dirección General de Minas (DGM) y a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), suponían un fuerte golpe al negocio minero de los Ortega-Murillo. Sin embargo, un mes después de que el Departamento del Tesoro confirmara el castigo a las instituciones que gestionaban las operaciones auríferas en el país, en el terreno nada cambió: las grandes compañías continúan operando con normalidad, recibiendo más concesiones y exportando el oro sin ningún inconveniente.

“¿Por qué las sanciones no golpearon el negocio minero en Nicaragua? Porque Estados Unidos designó a dos instituciones estatales cuyas responsabilidades en el negocio seguramente las tienen otras oficinas de Gobierno. Es decir, solo provocaron una interrupción momentánea en la operación”, explicó un economista con amplio conocimiento en el negocio minero nicaragüense.

Una fuente vinculada a la industria minera del país, que solicitó el anonimato por seguridad, agregó que el impacto económico, político y social de estas sanciones fue mínimo y que muy probablemente el régimen tenía bajo la manga una ruta fiscal y tributaria para cumplir con los procedimientos necesarios y no afectar las exportaciones en caso de cualquier designación del Tesoro.

La primera sanción al negocio minero fue impuesta por Estados Unidos en junio de 2022. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el régimen Ortega-Murillo, a través de Eniminas, estaba utilizando “los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participando en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio”.

Para evadir la designación a Eniminas, el régimen reformó en septiembre la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. La modificación le permitió a la dictadura sandinista continuar con el millonario negocio del oro en el país pero ahora bajo la tutela del Ministerio de Energías y Minas (MEM).

En octubre de este año el Tesoro nuevamente “tocó” el negocio minero, esta vez sancionando a la Dirección General de Minas (DGM), una oficina adscrita al MEM que era utilizada por el régimen para gestionar la exportación de oro. Esta última designación debía limitar la capacidad del Gobierno sandinista para administrar el rubro y en la entrega de concesiones mineras, sin embargo, no existe información sobre el impacto real.

Personal de Condor Gold realizan muestreo a granel del subsuelo de La India. Foto/Condor Gold

El economista manifestó que no solo basta con poner sanciones a las oficinas del régimen que administran el negocio minero en Nicaragua. Para tener realmente en “jaque” el negocio, es necesario “apuntar los cañones” a las compañías que operan en el país y que están coludidas con la dictadura Ortega-Murillo. 

“Si mañana el Tesoro designa a todas las empresas mineras que trabajan de la mano con el Gobierno sandinista, estas no podrían vender su oro en Estados Unidos. Indudablemente esto generaría grandes pérdidas para las compañías y la misma dictadura”, expresó el economista.

La fuente vinculada a la industria minera del país dijo que las sanciones estadounidenses al negocio minero en Nicaragua fueron un “marketing político”. El experto aseguró que la narrativa que predominó en las redes fue la de un “golpe” que nunca ocurrió porque hasta la fecha ni el régimen ni las grandes empresas han mermado en sus funciones.

De hecho una de las empresas mineras más importantes del país, Calibre Mining, informó que estaban analizando el anuncio del Departamento del Tesoro, sin embargo, días después comunicaron que las sanciones no tenían ningún impacto en sus operaciones. La minera Mako Mining Corp. refirió que no iban a tener cambios en su trabajo. 

“Lo que ocurrió es que se levantó el ánimo, pero no hubo un impacto que generara un cambio positivo en la ciudadanía y en la población realmente afectada por este sector. Si a Estados Unidos realmente le interesa ponerle un alto a toda la corrupción en lo interno del sector, lo hubieran hecho hace rato”, dijo la fuente.

¿Cómo hacer un “jaque”? El caso de la Condor Gold

Un equipo de perforación. Foto/Condor Gold

Para poner en jaque el negocio minero es necesario que se desarrollen acciones que fiscalicen el sector en Nicaragua, opinaron el economista y la fuente vinculada a la industria minera. Estas medidas, sin embargo, tienen que ser ejecutadas por gobiernos externos, inversionistas extranjeros y multilaterales que estén invirtiendo en proyectos auríferos en el país. También por la sociedad civil articulada en el territorio.

“Son acciones que con un poco de voluntad política podrían tener el impacto que hasta el momento no han generado las sanciones impuestas por el Tesoro”, dijo la fuente vinculada al sector minero en Nicaragua.

El economista recomienda que, por ejemplo, países como Canadá o Estados Unidos, exijan a las empresas mineras cuya sede central está en su territorio, el cumplimiento de las políticas internas donde desarrollan sus operaciones.

“Es necesario que les exijan cumplir con la institucionalidad de los países en donde operan. Y todos los procedimientos que se van a desarrollar (económicos, fiscales, tributarios y sociales) deben de ser regulados por un organismo desvinculado de toda la agenda política local. Solo así los Gobiernos podrán entender la magnitud de lo que ocurre, irregularidades y conflictos”, expuso el economista, quien agregó que con esta información, se podrían imponer sanciones directas a las empresas.

La fuente vinculada al sector minero explicó que la sociedad civil también debe hacer uso de los mecanismos internacionales en el marco de la defensoría ambiental, para informar a las multilaterales sobre los conflictos e irregularidades que existen en los proyectos que desarrollan las empresas mineras en Nicaragua.

“En Nicaragua existe un antecedente del buen uso de estos mecanismos de denuncia. Me refiero al caso de la Condor Gold y el proyecto en mina La India, en León. Después de muchas denuncias que se hicieron a través del mecanismo del Banco Mundial, estos decidieron realizar una visita en el lugar y tras comprobar las irregularidades en el terreno, cancelaron su participación”, explicó el especialista.

A raíz de la suspensión del financiamiento del Banco Mundial en el proyecto de mina La India, en León, la rentabilidad económica se vino a pique. A pesar de que Condor Gold realizó estudios de exploración para poder vender su idea a otros inversionistas, a mediados de noviembre informaron que toda la operación estaba en venta.

“Los Gobiernos de los países que tienen sedes de empresas mineras, además de la fiscalización que se sugiere que realicen, tienen que estar supervisando las operaciones de las compañías en el terreno. No solo identificar a quienes permiten que se hagan los negocios (Gobiernos locales), sino a las poblaciones que pueden estar involucradas en los proyectos mineros”, agregó el economista.

Documentar las irregularidades

Personal de Condor Gold realizan muestreo de virutas de roca en mina La India. Foto/Condor Gold

Aunque en Nicaragua no hay institucionalidad y se incumple con la aplicación de las normas ambientales para desarrollar los proyectos mineros, los expertos consultados por DIVERGENTES, insistieron en que la sociedad civil y organizaciones que tienen presencia en las zonas de extracción, deben continuar con su labor de documentar todo lo que ocurre en los territorios.

“Tienen que continuar con el proceso de denuncia y exponerlo en los foros internacionales. Aquí es donde se puede impulsar denuncias para dar a conocer lo que realmente ocurre en los territorios”, afirmó el economista. Además destacó que en ocasiones los accionistas de las empresas que tienen proyectos mineros en el país, desconocen cuántas violaciones se cometen en los países donde operan las compañías. Igualmente los Gobiernos pueden ignorar a conveniencia todas las ilegalidades que se ejecutan para continuar con el negocio.

Uno de los efectos que tendría el cabildeo internacional, según los expertos, es una mayor fiscalización de las operaciones en Nicaragua, tanto de los Gobiernos que tienen sedes centrales de las empresas mineras, como de los socios e inversionistas que apuestan por estos proyectos. 

“No es lo mismo apostar por un proyecto minero ‘socialmente responsable’ que por uno cuyo rol ha sido maltratar a la población y ocasionar graves daños en el medioambiente. Esto sin dudas provocaría muchas dudas en los inversionistas que podrían desistir de financiar una empresa que comete tantas ilegalidades”, explicó la fuente.

El economista agregó que la denuncia debe explicar cómo la corrupción ha contaminado todos los sectores económicos y políticos del país, pues solo de esta forma los Gobiernos e inversionistas entenderían que aunque se “cumpla” con las regulaciones que “exige” el Estado, estas son solo un papel mojado para permitir el saqueo de oro a costa de conflictos sociales y ambientales.

“Son recomendaciones que están al alcance de los Gobiernos, de las multilaterales y de la sociedad civil. Es un tema de voluntad política y de articulación que ofrecería una alternativa para ‘golpear’, como tanto se ha dicho, el negocio minero del régimen sandinista”, indicó el economista.