Lo dicho:
“Es el mismo que continuamente está lanzando sanciones contra los pueblos. ¿Cuántas sanciones han lanzado en contra de Nicaragua? Ya no hallan ni a quién sancionar de tantos que han sancionado aquí en Nicaragua… Por lo tanto, que le digan al presidente de los Estados Unidos, sus consejeros, que él tiene una deuda con Nicaragua. Él no está para estar aplicando sanciones contra Nicaragua; él, el Gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda con Nicaragua, y la deuda está activa”, dijo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua en su discurso el 20 de abril de 2026.
Clasificación:
Verificamos:
Daniel Ortega, en su discurso del 20 de abril de 2026, volvió a referirse a las sanciones impuestas por Estados Unidos, presentándolas como medidas dirigidas contra Nicaragua. Sin embargo, esa afirmación es falsa. Las sanciones aplicadas por el Gobierno estadounidense no están orientadas al país, ni a la población en general, sino a funcionarios, operadores políticos, empresas y aliados del régimen señalados por violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.
Estas medidas no son nuevas y se han aplicado de forma progresiva desde 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
En 2018, Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de la pareja presidencial, señalados por corrupción y abusos contra los derechos humanos en el marco de la represión a las protestas.
En 2020, fue sancionado el ministro de Hacienda, Iván Acosta, identificado como uno de los operadores financieros del gobierno. En su sustitución, fue nombrado Bruno Gallardo Palaviccine, quien ya era el encargado de firmar en lugar de Acosta, los convenios económicos internacionales, luego de la sanción de Estados Unidos en su contra en mayo de ese año. Sin embargo, luego Gallardo fue sancionado.
En julio de 2022, las sanciones se ampliaron a operadores del sistema judicial. Estados Unidos impuso restricciones a jueces y fiscales señalados por su rol en la persecución política contra opositores, limitando su ingreso y acceso a visas.
Sanciones al círculo de poder: del sector minero a la familia Ortega Murillo
Ese mismo año, en octubre de 2022, el foco se extendió al sector minero, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a la Dirección General de Minas (DGM), una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, utilizada para gestionar la exportación de oro. También fueron sancionadas empresas vinculadas al sector, como la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), Compañía Minera Internacional (Comintsa) y Capital Mining Investment Nicaragua, señaladas por generar ingresos para el régimen.
En noviembre de 2021, también fueron sancionados el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, y Laureano Ortega Murillo en abril de 2019.
En mayo de 2024, el Departamento de Estado amplió las medidas con más de 250 restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses, que se suman a más de 1000 emitidas en los últimos años. Estas incluyen a policías, personal penitenciario, jueces, fiscales y funcionarios públicos, así como actores no gubernamentales vinculados al apoyo del régimen.
En 2025, las sanciones también alcanzaron a empresarios y funcionarios señalados por facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos, incluyendo la revocación de visas a propietarios y ejecutivos de empresas de transporte y turismo.
Las sanciones alcanzan a los hijos de Ortega y Murillo
La medida más reciente ocurrió el 16 de abril de 2026, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, junto al viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez Tapia, y otros actores vinculados al sector minero.
Según las autoridades estadounidenses, estas personas contribuyen a generar ingresos para el régimen y a sostener su control político. Las sanciones también han alcanzado a otros hijos de la pareja presidencial en distintos momentos.
En diciembre de 2019, fue sancionado Rafael Antonio Ortega Murillo, señalado por el Departamento del Tesoro como uno de los principales administradores de los activos financieros de la familia, a través de empresas como DNP Petronic e Inversiones Zanzíbar, utilizadas —según esa entidad— para el lavado de dinero y la generación de fondos para el régimen.
Posteriormente, en julio de 2020, fue sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, vinculado a la difusión de propaganda oficial mediante medios como Canal 8 y Difuso Producciones, así como por presuntos actos de corrupción y lavado de activos.
Más adelante, en junio de 2021, Camila Antonia Ortega Murillo fue incluida en la lista de sancionados tras la ola de arrestos contra líderes opositores, bajo el argumento de apoyar a un régimen que socava la democracia y los derechos humanos.
Esto significa que las declaraciones de Daniel Ortega son falsas. La revisión de las medidas aplicadas desde 2018 muestra un patrón consistente: se trata de sanciones individuales y selectivas, no de acciones contra la población nicaragüense.