La noche del 19 de julio de 2014, mientras las caravanas sandinistas regresaban a sus pueblos tras conmemorar el 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, dos emboscadas tiñeron de sangre las carreteras de Matagalpa. Cinco personas murieron y 24 resultaron heridas.
Un grupo desconocido, autodenominado Fuerzas Armadas de Salvación Nacional-Ejército del Pueblo (FASN-EP), se adjudicó los ataques. Nadie investigó a fondo, ni comprobó su existencia. En cambio, la Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió fabricar culpables.
Un informe de la Unidad de Defensa Jurídica al que tuvo acceso DIVERGENTES, detalló cómo este hecho fue uno de los principales antecedentes nocivos para la justicia y la falta de independencia judicial en el país, un sistema que detonaría por completo a partir de la masacre a las protestas civiles de 2018 y la posterior instauración del estado policial por parte de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En las semanas siguientes, encapuchados armados allanaron casas en comunidades históricamente opositoras al Frente Sandinista. Se llevaron por la fuerza a 19 hombres. Nueve de ellos nunca más volverían a ver la libertad: Walter Balmaceda, José Ricardo Cortez, José Meza, Eddy Gutiérrez, Zacarías Cano, Rosendo Huerta, Leonel Poveda, Wilfredo Balmaceda y Jairo Obando: campesinos, comerciantes, obreros, todos liberales, marcados por su historia de oposición a la dictadura.
El informe de la UDJ destaca que a más de una década de aquellos arrestos, los secuestrados por la dictadura sandinista siguen encerrados en celdas sin luz, ni ventilación. Sufren enfermedades que se agravan en el encierro. Algunos han perdido la vista, otros apenas se sostienen por el deterioro físico que arrastran desde hace años. Nunca existieron pruebas en su contra. Su único “delito” fue desafiar políticamente a un régimen que, para entonces, aún se maquillaba como una democracia ante la comunidad internacional.
Una puesta en escena de torturas y confesiones forzadas
La captura fue el primer acto de una puesta en escena cuidadosamente orquestada: desapariciones forzadas, confesiones arrancadas bajo tortura y presentaciones públicas donde fueron exhibidos como trofeos de la policía orteguista. Los golpearon, les arrancaron uñas y dientes, los asfixiaron, los electrocutaron, y los obligaron a confesar crímenes que no cometieron. Todo para sostener el relato de que la Policía era capaz de resolver cualquier atentado contra el sandinismo.
“Su detención por motivos políticos es una antesala de lo que en 2018 se empezaría a generalizar por todo el país. El jefe policial encargado de torturar a las nueve víctimas en el 2014 en el Chipote fue Ramón Avellán, quien a partir de 2018 fue reconocido como torturador de presos políticos y el asesino de decenas de protestantes antigubernamentales en ese año”, detalla el informe de la UDJ.
En 2014, cuando ocurrieron las detenciones, Nicaragua aún no era vista como una dictadura. Pero para ellos —los encarcelados del 19 de Julio— la represión ya era un hecho consumado. El caso marcó un precedente del uso sistemático del sistema judicial como herramienta de persecución política. Hoy, olvidados incluso por las campañas más recientes por la liberación de presos políticos, siguen purgando penas que se extienden más allá de cualquier sentencia formal.
“El juez que los condenó en primera instancia, Edgard Altamirano, sin competencia territorial (postura que defendieron los abogados de los nueve acusados en el proceso penal, pero que fue ignorada), desde 2018 ha sido uno de los jueces más utilizados por el Gobierno para criminalizar a cientos de presos políticos. Otra muestra de la intencionalidad política de la detención es que aunque el señor José Meza cumplió su injusta condena, las autoridades se rehúsan a liberarlo sin motivo legal alguno, tal como le sucede al preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón”, añade la UDJ.
Capturas sin órdenes judiciales y desapariciones forzadas
Los arrestos fueron ejecutados por agentes policiales o militares encapuchados y sin órdenes judiciales. Muchos fueron capturados en la madrugada y sus casas allanadas ilegalmente. Sus paraderos fueron ocultados durante días y en algunos casos hasta semanas. La mayoría fue trasladada al centro de detención conocido como “El Chipote”, donde comenzaron las sesiones de tortura.
Durante días, los detenidos fueron mantenidos incomunicados, sin acceso a abogados ni familiares. En ese tiempo sufrieron torturas severas para obligarlos a autoinculparse. Solo hasta el 13 de agosto de 2014 —más de dos semanas después de sus capturas— fueron llevados ante un juez.
El expediente del caso referido por el UDJ detalla múltiples métodos de tortura usados contra las víctimas. Golpizas con culatas de fusil, asfixia con sogas, extracción de uñas y dientes, choques eléctricos, amenazas contra sus familias y violencia sexual. Cuatro de ellos fueron llevados a sitios clandestinos donde recibieron torturas más graves, en presencia del entonces jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Ramón Avellán, actual subdirector de la Policía Nacional.
Uno de los casos más estremecedores es el de Jairo Obando, torturado sexualmente con la punta de un fusil AK-47 introducida en su cuerpo. Eddy Gutiérrez, por su parte, fue sumergido desnudo en un barril con agua electrificada, golpeado con cables y obligado a inhalar gases tóxicos. A todos les grabaron confesiones forzadas, que luego fueron presentadas públicamente como “pruebas” por la Policía Nacional.
Desde 2015, los nueve hombres están recluidos en la galería de máxima seguridad conocida como “La 300”, en el penal La Modelo. Las celdas son de apenas 2.5 x 3 metros, sin ventilación ni luz solar. Desde agosto de 2024 les suspendieron el acceso al patio y actividades recreativas.
Sus condiciones de salud se han deteriorado gravemente. Cinco de ellos han desarrollado problemas renales y de próstata. Seis presentan pérdida progresiva de la vista. Tres tienen dolores severos de espalda. Walter Balmaceda, diabético e hipertenso, no ha recibido la cirugía estomacal que necesita desde 2022. José Ricardo Cortez, de 71 años, perdió totalmente la vista por falta de atención médica.
El precedente al estado policial de 2018
“El hecho de que las nueve víctimas fueran acusadas y condenadas por delitos comunes (entre ellos asesinato, crimen organizado y/o encubrimiento) no desvirtúa el carácter discriminatorio de facto de la detención debido a su ideología política opositora al gobierno, pues tanto los hechos como las pruebas en su contra fueron fabricados por la policía y la Fiscalía, a fin de incriminarlos como castigo político por su liderazgo liberal. Esto se subsume en lo constatado por la UDJ, quien identificó que, como parte del ataque sistemático y generalizado que sufre la población nicaragüense crítica al Gobierno”, añade el reporte.
El principal acusado por las torturas es el comisionado general Avellán. Además, se señala a los jueces Henry Morales, Edgard Altamirano y Wilford Bustamante, así como las Salas Penales del Tribunal de Apelaciones de Managua y la Corte Suprema de Justicia, como responsables de violaciones al debido proceso. Roberto Guevara y Julio Orozco, jefes del sistema penitenciario, también son referidos por las condiciones inhumanas de reclusión de los nueve condenados.
Este caso, ocurrido cuatro años antes del estallido social de 2018, es considerado por defensores de derechos humanos como un precedente clave del patrón de represión que luego se generalizaría. Muestra cómo el aparato de justicia fue transformado en un instrumento de persecución política, mucho antes de que la comunidad internacional catalogara al régimen de Ortega como una dictadura.