La abogada María Azucena acudió a un juzgado de Managua a presentar un escrito de un cliente, pero en la ventanilla, después de un rato de que la dependiente judicial consultó en la computadora, le dijo que era imposible. “Me dijo que no existía registro alguno mío como abogada y que mi autorización para ejercer como notaria estaba revocada”, relata la jurista que, por razones de seguridad, pide anonimato a DIVERGENTES. “Lo primero que pensé es que me voy a morir de hambre, porque toda la vida he trabajado como litigante”. La mujer volvió tras sus pasos con una sospecha convertida en certeza, eso que había estado escuchando entre otros colegas en los últimos días: que el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una purga masiva de abogados en Nicaragua.
De vuelta en casa, se fue directo a su computadora. Ingresó al sitio web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente al sistema electrónico Nicarao, y comprobó que sus credenciales también fueron canceladas. El nudo que se le había formado en el juzgado terminó de apretarse, en especial porque siempre ha evitado “meterse en cosas políticas”. De un tajo quedó sin carrera profesional, sin empleo. Una “muerte jurídica” que se suma al inventario represivo del régimen sandinista.
DIVERGENTES logró corroborar 18 casos de abogados cancelados, algunos de ellos en el exilio, abiertamente opositores como Juan Diego Barberena; pero en su mayoría, los afectados son juristas que litigan en Nicaragua. Sin embargo, el abogado y notario en el exilio Rudy Siles Espinoza declaró en otros medios de comunicación que, tras un “censo” realizado entre abogados, calculan en dos mil los juristas cancelados, una cifra que DIVERGENTES no ha podido verificar de manera independiente.
“Yo he conversado con varios doctores de otros departamentos y se los han volado (cancelados). Algunos no tienen ninguna vinculación política y otros simplemente son familiares de exiliados”, relató uno de los abogados consultados para este artículo. “De ese grupo que yo conozco, solo uno es opositor. Se lo habían llevado detenido por dos días, hace unos meses, pero luego siguió trabajando hasta ahora”.
La razia de abogados también ha alcanzado a exasesores de la Corte Suprema de Justicia afines al sandinismo, confirmaron a DIVERGENTES fuentes allegadas al Poder Judicial. “Se trata de una purga silenciosa”, continúa la fuente judicial, porque hasta ahora las autoridades no han notificado por ninguna vía a los afectados. “Tampoco han publicado en La Gaceta algún decreto que los inhabilite, como sucedió en 2023 con los abogados que fueron desterrados o estaban exiliados”, relata, en referencia a 25 juristas despojados de sus títulos, entre ellos el escritor Sergio Ramírez, a través de dos resoluciones firmadas por el entonces secretario de la CSJ, Rubén Montenegro.
La cancelación no se limita al registro de la CSJ. Los abogados afectados tampoco pueden presentar escritos ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), la instancia del Poder Judicial que recibe y reparte los expedientes que ingresan a los tribunales. A eso se suma otro bloqueo, porque ya no pueden comprar el papel sellado en el sitio de la Dirección General de Ingresos (DGI), el documento fiscal obligatorio para dar validez legal a escritos y actos notariales.
Eliminar sin proceso alguno
“Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía. Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano”, dice a DIVERGENTES Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Brody recuerda que ayudó a redactar los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados en 1990, desde la Comisión Internacional de Juristas. La norma, señala, es clara: nadie puede ser apartado del ejercicio profesional sin un proceso justo ante un órgano independiente. “En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada”, zanja.
El principio 28 de ese instrumento establece que toda acción disciplinaria contra un abogado debe tramitarse ante un comité imparcial de la propia profesión, un organismo independiente o un tribunal, y estar sujeta a revisión judicial. Nada de eso ocurrió en Nicaragua, asegura el abogado estadounidense, conocido como el ‘Cazadictadores’.
Comisión tripartita para purgar abogados
La fuente ligada al Poder Judicial aseguró a DIVERGENTES que conoció que la purga de abogados, “ordenada por Rosario Murillo”, es ejecutada de manera tripartita por la Fiscalía, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la misma Corte Suprema.
“En eso está trabajando un equipo: la Juana Méndez, Róger Martínez Domínguez, quien es secretario general administrativo de la Corte; y Arlen Idalia Reyes López, que es una ficha de Fidel Moreno allí dentro. Y pues gente de la Procuraduría, porque la Rosario Murillo ha subordinado a la Corte Suprema a esa institución”, detalló la fuente judicial.
En Nicaragua ejercen alrededor de 40 mil abogados, según cálculos del gremio. “Hay muchos, es un número alto, porque hay muchas universidades de garaje, y por allí podrían justificar la purga, diciendo que están ordenando”, analizó la fuente judicial.
“Por ahora es bien difícil decir a ciencia cierta cuántos han sido cancelados, pero sin duda es una purga política de parte de Rosario Murillo. Creo que ella cree que la crisis que enfrenta ya pasó y está consolidando la mano dura. Ya vimos lo que le están haciendo a los estudiantes de medicina. Recordá, también, que en la Corte ya había hecho una gran purga en cargos directivos. Por eso ves que, en medio del aislamiento internacional en el que están, se sigue plegando a Rusia, China e Irán. Es un cálculo político sin sentido para nosotros, pero para ella parece que no”, agregó la fuente judicial.
La fuente se refería a los tratados de cooperación penal que Nicaragua firmó con Rusia el pasado 5 de junio de 2026, en San Petersburgo, uno de extradición y otro sobre traslado de personas condenadas para cumplir sentencias en el país del que son nacionales. La iniciativa para aprobar el segundo fue remitida a la Asamblea Nacional el 6 de julio, con la firma de los copresidentes. Ambos textos, según rezan, se aplican de forma retroactiva a hechos anteriores a su entrada en vigor.