La “renuncia” de Alba Luz Ramos a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no representa solamente la salida de una de las funcionarias más longevas del régimen sandinista, sino que con ella termina de desmontarse la vieja estructura del Poder Judicial y se completa una purga iniciada casi tres años atrás por órdenes de Rosario Murillo para asumir el control directo de una institución históricamente subordinada al sandinismo, pero donde todavía sobrevivían cuotas internas de poder.
Ramos llevaba casi tres años siendo presidenta de la CSJ únicamente de manera ornamental. El 24 de octubre de 2023, un contingente policial encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha llegó a la sede de la Corte Suprema de Justicia, desalojó a Ramos de su despacho y la envió a su casa. Desde entonces desapareció prácticamente de la vida pública, mientras dentro del Poder Judicial comenzaba una una superlativa barrida de funcionarios.
Después de tener prohibición para salir del país, y apenas permiso para circular en Nicaragua escoltada, este 27 de agosto de 2026, la Asamblea Nacional aceptó finalmente la “renuncia” de Ramos… o, más bien según fuentes sandinistas consultadas por DIVERGENTES, a la magistrada “la renunciaron” desde 2023, pero no se había oficializado su salida porque, de alguna forma, Daniel Ortega se había interpuesto a la decisión de Murillo, pero al final terminó cediendo.
Ramos, conocida por ser ficha del caudillo sandinista y de discordar con Murillo, argumentó en su renuncia “razones de salud”. A la vez, anunció su jubilación después de 38 años como magistrada y 16 años consecutivos como presidenta del máximo tribunal.
Para el abogado Juan Diego Barberena, la salida formal de Ramos termina de “consumar la intervención total” del Poder Judicial que la copresidenta Murillo inició en octubre de 2023, pero no significa que apenas ahora el régimen haya conseguido controlar una institución que desde hace años carece de independencia.
“Lo que culmina, explica, es un recambio de lealtades entre los operadores del sistema de justicia”, insiste Barberena. “Ahora lo que veremos es que todos, absolutamente todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le deben el nombramiento a Rosario Murillo y se convirtieron, digamos, en operadores interventores de las voluntades de la copresidenta en el Poder Judicial”.
Un relevo fiel a ella: Ana Julia Guido
Tres días antes, el 25 de agosto, durante las consultas de una nueva reforma constitucional, la exfiscal general Ana Julia Guido tomó la palabra identificada oficialmente como “Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia”, aunque hasta ese momento no se había anunciado públicamente su designación en el cargo.
El movimiento completa una transformación que Murillo comenzó hace tres años, cuando guillotinó a los antiguos centros de poder dentro de la Corte y los sustituyó por funcionarios cuyo ascenso político depende directamente del nuevo núcleo de poder de la copresidenta.
La larga caída de Ramos
Tras la expulsión de la oficina presidencial de la Corte en octubre de 2023, Ramos dejó de participar públicamente en actividades institucionales y las funciones de la presidencia judicial quedaron en una zona de absoluta opacidad. Durante meses, ni abogados litigantes ni fuentes vinculadas al sistema judicial podían establecer con claridad quién dirigía efectivamente la institución.
Una investigación de DIVERGENTES publicada en agosto de 2025 encontró una Corte con sus salas desintegradas, magistrados sin funciones claras y cientos de expedientes paralizados. Abogados consultados para ese reportaje aseguraron entonces que la estructura judicial había dejado prácticamente de operar como un tribunal colegiado y que las decisiones administrativas y jurisdiccionales estaban sometidas a órdenes políticas.
En mayo de 2026, después de más de dos años y medio de silencio, la magistrada reapareció a través de una carta difundida por medios oficialistas para negar versiones sobre una supuesta salida clandestina del país y sobre investigaciones contra ella y su familia. Pero no volvió a su oficina ni recuperó ninguna función pública.
La caída de Ramos marcó también el ascenso de otra figura que hasta entonces no tenía funciones en el Poder Judicial: Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista y uno de los operadores políticos más cercanos a Rosario Murillo.
Fuentes vinculadas al Poder Judicial han señalado reiteradamente a Moreno como el encargado de la “reorganización” de la Corte. La intervención comenzó con despidos masivos. Solamente entre finales de 2023 y 2024 fueron separados más de un millar de funcionarios judiciales, incluidos trabajadores administrativos, jueces y personal cercano a antiguos magistrados.
Posteriormente, el control administrativo quedó en manos de funcionarios vinculados al círculo de confianza de Moreno. En diciembre de 2025, fuentes judiciales consultadas por DIVERGENTES aseguraron que Moreno continuaba apareciendo dentro de la Corte y que el manejo cotidiano recaía en el secretario general administrativo, Róger Martínez, y la subsecretaria Arlen Idalia Reyes López.
Luego, con la reforma constitucional de marzo de 2025 impulsada por Ortega y Murillo redujo de 16 a diez el número de magistrados de la Corte Suprema y una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial modificó posteriormente la organización interna del Poder Judicial.
Nueve “renuncias” en menos de un año
La fase final de la purga de Murillo en la Corte Suprema comenzó en noviembre de 2025. Desde entonces, nueve magistrados —incluida Ramos— han presentado “renuncias” alegando principalmente problemas de salud o jubilación.
Las primeras fueron Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin, el 18 de noviembre de 2025. Una semana después salieron Virgilio Gurdián, Manuel Martínez y Armengol Cuadra. El 26 de noviembre renunció Armando Juárez.
Posteriormente salió Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte y quien había asumido algunas funciones después del desplazamiento de Ramos.
En enero de 2026 siguió Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce. El último nombre de esa vieja estructura ha sido Ramos. Según fuentes judiciales citadas por DIVERGENTES, varias de esas renuncias no fueron voluntarias. Los magistrados recibieron órdenes de abandonar sus cargos y posteriormente enviaron cartas prácticamente bajo el mismo argumento: “motivos de salud”.
La sucesión de salidas eliminó a buena parte de los magistrados que habían acumulado poder propio durante décadas dentro del sandinismo y permitió sustituirlos por una nueva generación de funcionarios seleccionados durante la etapa de control de Murillo, agrega el abogado Barberena.
Los nuevos magistrados de Murillo
El 26 de noviembre de 2025, la Asamblea Nacional eligió a cinco nuevos magistrados: Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.
Todos fueron aprobados con 91 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La elección completó formalmente los diez puestos establecidos por la nueva legislación.
DIVERGENTES documentó entonces que abogados y fuentes vinculadas al sistema judicial identificaban a los nuevos integrantes como figuras directamente alineadas con el régimen y, particularmente, con Rosario Murillo. Guido fue una de las figuras centrales de ese relevo.
Antes de convertirse en magistrada había ocupado durante más de una década la Fiscalía General de la República, una institución clave en la persecución política contra opositores después de las protestas de 2018.
Tras ingresar a la Corte fue nombrada presidenta de la Sala Constitucional. Ahora aparece públicamente como presidenta del máximo tribunal. Su ascenso simboliza el cambio generacional dentro del aparato judicial: mientras Ramos representó durante décadas el control que Ortega ejerció sobre la Corte Suprema, Guido llega a la presidencia después de una reestructuración ejecutada bajo el poder de Murillo.