La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), que alguna vez mantuvo ciertos márgenes de autonomía durante los gobiernos de derecha e inicios de la era sandinista, es hoy un engranaje represivo más al servicio de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tras la reforma constitucional de agosto de 2024 y la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Judicial en marzo de 2025, desaparecieron las pocas voces internas con capacidad de acción y decisión en el máximo órgano judicial del país.
Hoy, la institución se limita a recibir escritos y ejecutar órdenes del Ejecutivo, convertida en un accesorio del aparato de poder de la pareja gobernante, denuncian notarios y abogados críticos al régimen. Este letargo de funciones, advierten, ha generado creciente malestar en el gremio, ya que los trámites y gestiones se prolongan cada vez más.
La reciente reforma a la Constitución Política establece en su artículo 164, que parte de las atribuciones de la CSJ es: organizar y dirigir la administración de justicia, conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional y, conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley.
Asimismo, tiene la obligación de nombrar y destituir con el voto favorable del 60% de sus miembros a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones, de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, así como nombrar a los miembros de Tribunales Militares conforme la Ley Orgánica de Tribunales Militares. Funciones que se realizan bajo control o no se realizan, porque el Ejecutivo no lo autoriza, dice el abogado desnacionalizado y opositor nicaragüense, Yader Morazán.
Trámites estancados y pérdidas económicas
“No se han reorganizado, no trabajan con normalidad, atrasan todo y encima te están vigilando porque hay muchos controles, que está bien, pero que sean más ágiles. No tienen idea de cómo van a trabajar, es como si estuvieran improvisando”, relata un abogado —bajo condición de anonimato— en entrevista con DIVERGENTES, quien además denuncia que lleva dos meses esperando que le emitan su permiso para ejercer como notario.
La demora, asegura el abogado, le ha provocado pérdidas económicas al impedirle realizar escrituras públicas, compraventas, donaciones, testamentos, casamientos, divorcios e incluso comprar papel sellado sin estar consultando en la instancia. Según cuenta, a otra abogada la CSJ demoró nueve meses en dar el permiso para ejercer como notario, “cuando antes era prácticamente inmediato, y es que, ahora trabajan solo hastas el mediodía”.
El artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Judicial establece que las horas de despacho y de audiencias en los juzgados, tribunales y la CSJ es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Según el abogado litigante, esto no se cumple, dejando a muchos sin sus permiso de notario, y retrasando otras diligencias propias del Poder Judicial. La ley también menciona que los magistrados y jueces destinarán diariamente al menos cuatro horas para audiencias, el detalle es que sin magistrados, no funcionan ni los horarios ni las horas.
La normativa también establece que la CSJ, los Tribunales de Apelaciones y los juzgados deberán señalar el horario de despacho en el ámbito de su competencia, pudiendo autorizar horarios especiales para determinados despachos. Durante el horario fijado, los magistrados y jueces deberán atender obligatoriamente a las y los abogados y litigantes, pero a juicio de los abogados consultados por DIVERGENTES lo que menos tiene la CSJ es capacidad de gestión, dice Morazán.
“No sabemos quiénes son los diez magistrados”
“Materialmente hablando los magistrados ya no son magistrados, ni tienen trabajo a cargo”, recalca Morazán. La gran interrogante es: ¿quién encabeza la CSJ luego de las purgas que ha realizado el régimen? El abogado opositor afirma que está siendo encabezada por el administrador general administrativo, Róger Eduardo Martínez Domínguez. “Desde el 2023 dejaron de tramitar expedientes con regularidad. Solo firman cuando les orientan casos de interés”, dice.
Otra de las responsabilidades de la CSJ es resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales, nombrar y destituir al secretario de la CSJ, a los defensores públicos y jueces de todo el país, conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, y conocer y resolver, como última instancia, los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública y entre éstos y los particulares, los conflictos que surjan entre los municipios o entre éstos y los organismos del Gobierno Central, pero tampoco existe registro de las acciones realizadas, pero sí existen muchas quejas de los litigantes.
A esto se suma que no se tiene información sobre el nombramiento de nuevos magistrados. Según el artículo 162 de la Constitución Política, el período de los magistrados de la CSJ es de cinco años; sin embargo, se desconoce la actual estructura de la institución, ya que algunos de los magistrados de larga trayectoria han sido separados de sus cargos.
La Ley Orgánica del Sistema Judicial, en su artículo 23, también establece la elección de diez magistrados con equidad de género, pero por un período de seis años, antes de la reforma constitucional se nombraban 16 magistrados judiciales, se eliminó el nombramiento de ocho conjueces que ahora fungen para integrar la Corte Penal y se volvió en un órgano a merced del Ejecutivo.
“Decían que, con el nombramiento de magistrados, esperaban que la Corte Suprema de Justicia pudiera integrar las salas y resolver los recursos de casación pendientes; pero no ha sido así, porque no se han nombrado nuevos magistrados y, más bien, se han reducido. No sabemos realmente quiénes son los diez magistrados de la Corte”, dice el abogado y crítico del régimen Ortega-Murillo, Juan Diego Barberena.
Barberena, coincide con Morazán en que la CSJ no está funcionando y cataloga la situación como un “huracán no jurisdiccional”. Según el abogado, la CSJ ni siquiera tiene capacidad de dictar autos, es decir, resoluciones judiciales de trámite en los recursos de casación que conocen; únicamente están limitados a recibir los escritos que las partes litigantes presentan.
Salas desintegradas y conjueces al mando
Explica que los magistrados de la CSJ tampoco han sesionado, y que para poder dictar autos se requiere la comparecencia y firma de todos los magistrados que integran la sala. “Ahora mismo las salas están bastante desintegradas porque realmente no sabemos quiénes son los magistrados de la CSJ”, señala.
Tampoco se conoce quién ejerce la Presidencia de la Corte: “El nivel de desinstitucionalización o de desorden institucional es tal, que no sabemos ni siquiera quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Tampoco se sabe quiénes son los presidentes de Sala, al menos desde la perspectiva de la información pública”, afirma Barberena. Ni la Corte Plena, ni las reuniones de las distintas salas —civil, penal, constitucional, contencioso-administrativo, y de familia y violencia— se han realizado. “Ni siquiera pueden integrarse para dictar autos o emitir sentencias”, continúa.
Explica que, por ejemplo, para resolver recursos por inconstitucionalidad —competencia del pleno de la Corte— se requiere la integración de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo ocurre para resolver recursos de casación en cada una de las salas y para la suscripción de las sentencias. “Ahora mismo hay un total desbarajuste judicial en el máximo órgano jurisdiccional que existe en Nicaragua, que es la Corte Suprema de Justicia”, afirma.
Esta opacidad contrasta con lo que establece el artículo 25 de la recién reformada Ley Orgánica del Sistema Judicial, que dispone que los magistrados deben sesionar en Corte Plena, integrada por la totalidad de miembros de la CSJ.
Sin embargo, hasta hoy no se conoce si dichas sesiones se están realizando. Además, al no existir un presidente de la CSJ designado, no hay quién convoque a las reuniones, las cuales, según la Ley Orgánica, deben celebrarse al menos dos veces al mes o cuando lo solicite por escrito un tercio del total de sus integrantes.
Otra situación que ocurre dentro de la CSJ, es que solo se están tramitando y priorizando sentencias de interés, resuelven por tráfico de influencias y, debido a la ausencia de magistrados y la falta de integración de las salas, recurren a la figura de los conjueces, amplía Barberena.
“Los conjueces, según la Ley Orgánica de la Carrera Judicial y la Constitución Política en su momento, eran magistrados suplentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el conjuez se integraba a la sala para la deliberación, fallo y voto de la sentencia”, explica Barberena. Ahora, la estrategia es integrar a los conjueces para que asuman funciones jurisdiccionales.
Despidos masivos y vigilancia
A esto se suma que los despidos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se han detenido desde finales de octubre de 2023. El día 24 de ese mes, un operativo policial encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha destituyó y desalojó de su oficina a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, quien fue enviada a su casa.
Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero ni sobre la situación del magistrado Marvin Aguilar, quien fungía como secretario político del Frente Sandinista y era considerado uno de los brazos fuertes del régimen. Tampoco se sabe qué ha ocurrido con varios directores de área, jueces, secretarías centrales y locales, magistrados y personal administrativo de alto rango, que actualmente se mantienen en un bajo perfil.
Según el medio de comunicación Confidencial, en 2023 fueron despedidos aproximadamente 900 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para julio de 2024, la cifra aumentó con la salida de otros 200 trabajadores. Un abogado y notario público, que pidió el anonimato, declaró a DIVERGENTES que los despidos continúan este año, lo que ha provocado que la CSJ pierda su capacidad de gestión.
Sin embargo, la reducción de operaciones y de personal en la CSJ no se refleja en su presupuesto. Por el contrario, este ha aumentado de forma sostenida: en 2021 fue de 3 261 152 369 córdobas, en 2022 de 3 672 086 875, en 2023 de 4 210 524 150 y en 2024 alcanzó los 5 352 189 000. Es decir, pese a la disminución en su actividad y en su planilla, el financiamiento público ha crecido año tras año.
La preocupación del abogado que conversó con DIVERGENTES en condición de anonimato es la represión o la “pasada de cuentas”, ya que la CSJ mantiene vigilancia sobre los notarios. “Te investigan de pies a cabeza para ver si te encuentran algo o si participas en algo con lo que el Gobierno no está de acuerdo, para pasarte la cuenta. Claramente, nos quieren intimidar y, dentro de sus facultades, suspender a más notarios”.
La combinación de un aparato judicial desmantelado, un presupuesto creciente sin resultados tangibles ni fiscalización y una política sistemática de vigilancia e intimidación contra el gremio legal no solo evidencia el colapso institucional, sino que confirma la captura total del sistema judicial por el régimen Ortega-Murillo. La CSJ olvidó su razón de ser: ser un órgano garante de derechos y un contrapeso del poder, que neutraliza las voces opositoras y blinda la impunidad. “La justicia en Nicaragua no solo está paralizada: está secuestrada”, finaliza el litigante.