Lo que debería ser un simple trámite administrativo para nicaragüenses en el exterior, hoy funciona como una extensión de la represión que trasciende las fronteras. La negativa del régimen sandinista a apostillar documentos a ciudadanos en el exilio o que simplemente buscaron mejores oportunidades fuera de Nicaragua, bloquea procesos migratorios, laborales y académicos en distintos países. También consolida una práctica que no solo expulsa, sino que limita la posibilidad de rehacer la vida fuera del país.
Aunque las personas solicitantes de protección internacional no están obligadas a presentar documentos apostillados–como aclara el abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce– en la práctica miles de nicaragüenses sí los necesitan. Quienes intentan regularizar su estatus migratorio fuera de procesos de asilo, retomar estudios universitarios o acceder a empleos formales dependen de documentos como récords policiales, partidas de nacimiento o títulos académicos debidamente apostillados.
Ahí es donde el bloqueo del régimen Ortega-Murillo se vuelve determinante. Sin ese sello oficial, los migrantes nicaragüenses quedan atrapados en un limbo legal que limita su integración y frena cualquier intento de reconstruir su vida. Sin documentos válidos, quedan fuera de sistemas formales de empleo, educación y regularización migratoria, lo que prolonga su permanencia en condiciones de informalidad o incertidumbre.
El impacto de este tipo de restricciones se amplifica por la magnitud del exilio nicaragüense. Desde 2018, más de 800 000 personas han salido del país, según estimaciones de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
A diferencia de prácticas consulares habituales en la región, donde los países mantienen mecanismos para la emisión y validación de documentos a sus ciudadanos en el exterior, en Nicaragua la negativa a apostillar documentos introduce un factor adicional de exclusión que no depende del país receptor, sino del propio Estado de origen.
El impacto del bloqueo de apostillas
DIVERGENTES por medio de sus redes sociales y plataformas ha recibido denuncias, testimonios e historias de nicaragüenses que enfrentan esta situación. Para este reporte compartimos tres casos confirmados de forma independiente.
Historias como la de Daniel, un joven nicaragüense de 20 años cuya identidad pidió ser resguardada por seguridad, refleja con claridad cómo opera este patrón. A finales de marzo de 2026, su madre acudió a la Cancillería en Managua para gestionar la apostilla de su récord policial y su partida de nacimiento, documentos indispensables para avanzar en su proceso migratorio en el extranjero. La respuesta fue inmediata y cerrada. Sus documentos no podían ser apostillados.
No hubo explicación formal, ni fundamento legal, ni una alternativa. La negativa se sostuvo únicamente en una respuesta verbal. “Le dijeron que no se podía. Nada más. Preguntó varias veces y no le dieron ninguna razón”, relata Daniel.
La falta de información no fue el único obstáculo. Tampoco se le indicó si existía algún impedimento en el sistema, una observación administrativa o un requisito pendiente. La respuesta fue absoluta y sin margen de gestión. “En ningún momento se le ofreció información clara, ni se le indicó si existía algún impedimento formal que justificara esta decisión”, explica.
De la criminalización al exilio forzado
Detrás de esa negativa hay un contexto que marca su situación actual. Daniel salió de Nicaragua en junio de 2024, luego que oficiales de contrainteligencia militar llegaran a buscarlo. En ese momento, relata, un agente le leyó la llamada Ley 1050 y le advirtió que quedaría bajo vigilancia por supuestos actos que “socavan la paz y la soberanía nacional”.
La Ley 1050 fue aprobada en diciembre de 2020 y ha sido utilizada por el régimen para criminalizar a opositores reales o percibidos. La normativa permite catalogar como “traición a la patria” una amplia gama de conductas, incluyendo críticas al gobierno, y ha servido de base para detenciones, procesos judiciales y restricciones de derechos contra ciudadanos considerados disidentes.
A partir de entonces, la vida de Daniel cambió. Fue obligado a reportar sus movimientos, informar sus entradas y salidas de su localidad y presentarse semanalmente en una estación policial. “Incluso, en varias ocasiones, pelotones de policía llegaron a mi casa para obligarme a cumplir con estas firmas”, recuerda.
“Era un joven que acababa de cumplir 18 años, enfrentando miedo constante, estrés y una profunda preocupación ante la posibilidad de ser detenido en cualquier momento, además del acoso reiterado por parte de las autoridades”, señala.
Ante ese escenario, decidió salir del país. Dejó atrás su trabajo, sus estudios y a su familia. “Hoy, al intentar avanzar con mi proceso migratorio desde el extranjero, me encuentro con esta negativa injustificada a apostillar mis documentos, lo cual limita gravemente mis posibilidades de regularizar mi situación”, agrega.
Un requisito que define acceso a empleo y estudios
En Costa Rica, María, de 26 años, enfrenta una situación similar. Salió de Nicaragua tras enfrentar acoso policial a finales de 2025. Hoy busca insertarse en el mercado laboral. Su familia intentó gestionar la apostilla de su diploma universitario, pero “les dijeron que no podían realizar el trámite”, cuenta.
Ante la imposibilidad de obtener sus documentos de estudios certificados por la Cancillería de Nicaragua, María cuenta que está “trabajando en lo que salga”, porque no puede aplicar a trabajos formales en su campo profesional como administradora de empresas.
Más allá del empleo, el impacto también alcanza el ámbito académico. La validación de títulos universitarios en muchos países requiere documentos apostillados. Sin ellos, los exiliados no pueden continuar sus estudios ni ejercer sus profesiones.
Ese es el caso de Luis, de 28 años, quien también reside en Costa Rica. Salió de Nicaragua en 2022 y busca homologar su bachillerato para continuar sus estudios universitarios. “Llevaba segundo año de ingeniería cuando tuve que salir del país. Vine directo a trabajar como Uber y ahora que puedo continuar mis estudios, me piden presentar mi diploma de bachillerato apostillado. Sin eso no puedo avanzar para seguir con la misma carrera o comenzar otra”, explica.
Una cadena de control que termina en Cancillería
El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, sostiene que la negativa de apostillar documentos forma parte de una cadena de restricciones que comienza desde la emisión misma de los documentos.
“En el Colectivo no tenemos registros de negativas de apostillas. Eso quizás se debe a que en la cadena nos hemos centrado en el primer eslabón, en la emisión del documento; es decir, para apostillar, es preciso la existencia de un documento. Si este no es emitido, como sucede en muchos casos, no hay nada que apostillar”.
El especialista señala que las instituciones controladas por el régimen sandinista operan como una instancia final dentro de esa cadena. “Cancillería entonces funciona como el último control en una larga cadena de abusos, es la última vuelta de tuerca de un sistema institucionalizado para anular la existencia jurídica de las personas”, dijo.
En ese sentido, explica que el problema no inicia en Cancillería, sino en una cadena institucional que limita desde el principio el acceso a documentación básica. Cuando los documentos sí existen, la negativa a apostillarlos opera como un filtro adicional que termina por cerrar cualquier posibilidad de validación legal fuera del país.
Desde esa lógica, la negativa no responde a fallas administrativas, sino a un patrón deliberado. “En esta instancia el régimen puede ‘corregir’ las fallas de su sistema represivo para evitar que un ciudadano que se encuentre en su base de datos como disidente logre un objetivo absolutamente legal y legítimo que tiene que ver con su reconocimiento jurídico”, explicó.
“Arbitrariedad con ribetes de venganza”
La negativa de apostillar documentos se inserta en un patrón más amplio de represión que no se limita al territorio nicaragüense. Informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua han documentado que el régimen ha extendido sus mecanismos de control más allá de sus fronteras, afectando a personas en el exilio mediante distintas formas de restricción de derechos.
Entre estas prácticas se incluyen la desnacionalización, la confiscación de bienes y la negativa de documentos oficiales, medidas que buscan romper el vínculo entre el ciudadano y el Estado, como ha sido documentado en investigaciones de DIVERGENTES sobre el despojo sistemático de propiedades a opositores.
El abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más coincide con este enfoque. “El propósito de estas acciones es destruir la personalidad jurídica mediante la negación del vínculo con su país. Al negarse el Estado a emitir, auténticas y apostillar documentos, queda en evidencia el rompimiento de ese vínculo”.
Las consecuencias son concretas. “Con ello el régimen apuesta evitar de todas las formas posibles que una persona pueda integrarse y continuar con su vida. Es una arbitrariedad con ribetes de venganza”, considera el experto, también en exilio.
Para Daniel, Luis y María, la negativa de una apostilla no es un trámite fallido, sino una barrera que condiciona lo que pueden o no hacer fuera del país. Uno no logra avanzar en su proceso migratorio, otro mantiene en pausa sus estudios y la otra queda fuera del mercado laboral formal. Sus historias comparten un mismo punto de bloqueo porque dependen de documentos que existen, pero que el régimen se niega a validar.