A finales de mayo de este año, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron a una casa que forma parte de un condominio en la Carretera Norte de Managua. El objetivo de la visita era notificar al dueño de la casa que su propiedad, pasaba ahora a manos del Estado.
El dueño de la propiedad es primo de una de las 94 personas a las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les arrebató la nacionalidad el pasado 15 de febrero. Estos se suman a los 222 presos políticos que fueron desterrados y desnacionalizados una semana antes.
En total, son más de 300 personas a las que, además de quitarles la ciudadanía, se les ordenó la ocupación de sus bienes inmuebles y sociedades en las que estuvieran involucrados.
La casa que llegaron a tomar los trabajadores de la PGR estaba, efectivamente, a nombre de uno de los 94 desnacionalizados. Sin embargo, esto era así porque el crédito para comprar la vivienda fue adquirido por el perseguido político, ya que su primo no aplicaba para el préstamo en ese momento.
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Compradores de buena fe afectados por confiscaciones
La casa, valorada en más de 60 mil dólares, fue pagada hace más de 10 años, según cuenta el familiar afectado. El trámite del cambio de nombre no se hizo en todo este tiempo, y esto dio pie para que el régimen le arrebatara la casa a una persona que es ajena a la política.
El anterior es apenas un caso que muestra cómo se están ejecutando las confiscaciones en contra de los perseguidos políticos de la dictadura. De la lista de 94 desnacionalizados, DIVERGENTES confirmó que al menos a 28 de estos ciudadanos les han sido confiscados sus bienes en Nicaragua. Este número se amplía si se toma en cuenta a familiares o terceras personas que han perdido sus propiedades como consecuencia de esta cruzada de confiscaciones.
Desde la crisis de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha confiscado instalaciones de medios de comunicación, oenegés, sedes diplomáticas, universidades. Ahora avanza con las casas o diferentes propiedades de opositores que han sido desterrados o se han exiliado por las amenazas del partido de gobierno.
Jefe policial en carro confiscado
Un defensor de derechos humanos en el exilio– que solicitó anonimato– contó que su casa y su automóvil fueron confiscados desde mediados de junio de este año. Los agentes de la PGR les dijeron a sus familiares que tanto la casa– en la que estaban viviendo algunos familiares del defensor de derechos humanos– como el carro, “pasaron a ser propiedades del Estado”.
“Un jefe policial maneja mi carro”, dice el defensor de derechos humanos, quien no revela el nombre de este policía por temor a que sus familiares en Nicaragua sufran represalias. “Mi casa y mi carro fueron robados, ahora dicen que les pertenece al Estado”, agrega el activista.
Intendencia de la Propiedad es la instancia ejecutora
Por medio de diferentes consultas a varias personas afectadas con las confiscaciones de sus propiedades, DIVERGENTES confirmó que la expropiación de los bienes está a cargo de la Intendencia de la Propiedad, una dependencia de la PGR, así como de funcionarios de Catastro, un departamento de las alcaldías encargados de realizar los avalúos de las propiedades. En algunos casos, los operativos confiscatorios se realizan con presencia de la Policía.
Durante estos operativos de confiscaciones han llegado topógrafos para realizar mediciones, pero también trabajadores con mazos o herramientas para derribar las puertas, por si existe resistencia por parte de los dueños u ocupantes de las viviendas.
Despojo de casas a familiares o terceros
El pasado 9 de febrero, el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó una sentencia en contra de 94 personas, acusadas de “traición a la patria” por el Ministerio Público.
A las 94 personas se les impuso penas de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, “ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua respectivamente”, según la resolución de la justicia orteguista.
Además, se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y el decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, “para responder por los delitos cometidos a los acusados se les declara prófugos de la justicia”.
Sin embargo, la resolución ha avanzado hacia terceras personas con vínculos a las propiedades. Por ejemplo, a finales de marzo, un mes después de la sentencia en contra de las 94 personas, oficiales de la Policía llegaron a una antigua casa de la mamá del catedrático Ernesto Medina, incluido en la lista de “traidores a la patria”.
Medina se exilió en 2021 en Alemania, mientras el régimen ejecutaba una cacería contra los opositores, previo a las elecciones presidenciales de ese año. Medina es un disidente sandinista desde los años 90, década en la que comenzó a desempeñarse como rector de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) de León.
No registrar propiedad lo expuso a la arbitrariedad del régimen
Luego fue rector durante ocho años de la Universidad Americana (UAM), propiedad del Ejército de Nicaragua. En 2018 se pronunció activamente en contra de los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen sandinista, y formó parte de los bloques opositores, Alianza Cívica y Coalición Nacional.
Todo esto fue suficiente razón para que el régimen lo persiguiera. Resulta que la casa que confiscó la dictadura en marzo de este año fue heredada por la madre de Medina a él y a sus 12 hermanos.
Ellos decidieron vender la propiedad hace algunos años, pero el nuevo dueño no registró la vivienda a su nombre. De modo que como en los papeles todavía figuraba el nombre de Medina, la propiedad fue confiscada.
“No puedo pronunciarme por algo que no es mío, serán sus actuales dueños quienes tengan que brindar declaraciones si lo estiman conveniente. Solo me resta decir que es otra arbitrariedad y abuso de la dictadura orteguista”, dijo Medina cuando fue consultado.
Confiscaciones traspasan bienes personales
La excarcelada política Irlanda Jerez, quien también es otra de la lista de desnacionalizados, denunció que en septiembre de este año llegaron a confiscar una bodega en Managua. Antes, en febrero, había alertado de la ocupación de una vivienda en el barrio Los Ángeles, ubicada también en la capital.
“Es un edificio de dos pisos, propiedad que antes de los años ochenta pertenecía a mi papá y posteriormente pasó a mis manos cuando lo compramos, hace más de 20 años”, señaló Jerez.
Otro caso similar es el de Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien denunció, el 24 de marzo, la confiscación de la casa de su hijo, en León, donde es originario. “Esto es una violación que traspasa mis bienes personales”, expresó través de su cuenta de Twitter (ahora X), y explicó que las autoridades se tomaron “los enseres domésticos que son inembargables”.
En 2018, unas turbas sandinistas incendiaron las instalaciones de Radio Darío. En ese incendio fallecieron dos personas. Luego de ser incluido en la lista de 94 personas desterradas, Toruño denunció que congelaron sus cuentas bancarias.
El excarcelado político, Freddy Navas, también denunció que la Policía confiscó de forma violenta la casa de su esposa que se encontraba en alquiler. “La casa siempre ha estado a nombre de mi esposa, nunca estuvo a mi nombre”, dijo Navas.
Otro excarcelado político, Cristhian Fajardo, dijo que la PGR y la Policía se tomaron tres propiedades familiares: un hotel, una casa familiar conjunta y su vivienda. “Esto fue herencia que me dejaron mis padres en vida, porque todavía los tengo en vida. Ha sido el patrimonio familiar, el esfuerzo del trabajo de mi mamá y de mi papá”, agregó Fajardo.
La Piñata, una vieja práctica orteguista
La nueva cruzada confiscatoria es similar a la hecha por el primer Gobierno sandinista de los años 80, conocida como “La Piñata”, cuando los líderes del partido expropiaron viviendas y propiedades.
El propio Daniel Ortega confiscó a Jaime Morales Carazo la casa donde vive. Morales Carazo, en ese momento, era un somocista, quien luego se convertiría en vicepresidente de Ortega cuando regresó al poder en 2007.
La primera “Piñata”, como era de esperarse, provocó serios problemas judiciales que desencadenó en una deuda de más de 2200 millones de dólares, que los nicaragüenses continúan pagando a través de impuestos.
El pago de la “Piñata” ha sido por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998 para financiar las indemnizaciones de los afectados por la primera “Piñata” del Frente Sandinista.
La indemnización llegó varios años después de las confiscaciones, cuando los sandinistas dejaron el poder. Muchos de los dueños se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, y varios de ellos denunciaron sólo recibir una parte del valor de las propiedades.