Desde que Daniel Ortega rompió relaciones con Taiwán en 2021 y selló una nueva alianza con China en ese mismo año, su hijo Laureano Ortega Murillo ha sido el operador principal de los acuerdos diplomáticos, comerciales y de inversión. A través de su rol como asesor presidencial y representante especial para Asia, Laureano ha concentrado en su figura los vínculos estratégicos con Pekín. En otras palabras, ha convertido una relación internacional en un asunto familiar. Esta dinámica ha facilitado un esquema opaco de cooperación e inversiones sin rendición de cuentas, mientras la economía nacional acumula un creciente desbalance comercial.
Según el China Index 2024, un estudio internacional liderado por DoubleThink Lab que evalúa la influencia del Gobierno chino en más de 80 países a través de nueve categorías, Nicaragua figura como uno de los países latinoamericanos más permeables a la influencia del régimen de Pekín, especialmente tras restablecer relaciones hace cinco años. Aunque no encabeza el ranking regional —puesto ocupado por Venezuela—, el país centroamericano muestra altos niveles de influencia en las categorías de medios de comunicación, academia, cooperación tecnológica y vínculos políticos.
Laureano Ortega ha encabezado todas las gestiones clave con el régimen chino: la firma del restablecimiento diplomático en diciembre de 2021, la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2022, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2023, así como múltiples memorandos de entendimiento sobre infraestructura, energía y telecomunicaciones en los últimos cinco años. Se trata de una concentración de funciones que refuerza un patrón de gobernanza dinástica, en la que las relaciones bilaterales son utilizadas como plataformas de poder interno y proyección sucesoria.
Bajo esta lógica, China se presenta no sólo como un “socio estratégico” sino como una apuesta geopolítica de legitimación, en un momento en que el régimen Ortega-Murillo está sancionado y aislado por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, los resultados económicos reales de esta alianza están lejos de corresponder al discurso oficial.
En el análisis ¿Se está tomando China a Nicaragua, o Nicaragua se ha vendido a China?, el politólogo nicaragüense, Manuel Orozco, advierte que la relación con China se ha construido sobre una lógica profundamente asimétrica, en la que Nicaragua asume los costos económicos mientras el país asiático consolida ventajas comerciales y estratégicas.
El investigador del Diálogo Interamericano sostiene que el aumento de las importaciones chinas no está acompañado de una expansión significativa de exportaciones nicaragüenses, lo que convierte la relación en un intercambio desigual y alerta que esta dinámica incrementa la dependencia externa y reduce el margen de maniobra económica del país.
Un desbalance comercial estructural

Los datos oficiales confirman el análisis del director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Entre enero y noviembre de 2025, Nicaragua importó desde China bienes por un valor de 1366.2 millones de dólares, mientras que sus exportaciones apenas alcanzaron 93.72 millones, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
Esta diferencia representa una desproporción comercial de aproximadamente 1358% a favor de China. Es decir, por cada dólar que Nicaragua vende al país asiático, importa 15 dólares en mercancías. Esta tendencia–que no incluye diciembre de 2025– representa un leve aumento respecto a 2024, cuando las exportaciones nicaragüenses a China sumaron 82.1 millones de dólares, frente a unas importaciones que alcanzaron 1650 millones.
“El desbalance comercial entre Nicaragua y China no es solo profundo, sino estructural”, también advierte el economista Enrique Sáenz. La economía nicaragüense —explica— tiene un aparato productivo reducido, poco diversificado y dependiente de materias primas de bajo valor agregado. “Una economía que produce pocos bienes, con bajo valor agregado, difícilmente puede competir en un mercado tan lejano y exigente como el chino”, sostiene.
La mayoría de exportaciones nicaragüenses a China —cuero, carne congelada, frijoles— se mantienen sin variación significativa desde 2022. En cambio, las importaciones desde China abarcan desde maquinaria pesada hasta productos electrónicos y farmacéuticos, lo que profundiza la subordinación tecnológica del país.
Pese al discurso oficial que promueve a China como un “socio estratégico”, los datos comerciales demuestran que el país asiático está lejos de suplir el rol que históricamente ha desempeñado Estados Unidos como principal socio económico de Nicaragua a través del Tratado de Libre Comercio DR- CAFTA.
De enero a noviembre de 2025, el país norteamericano compró el 48% de las exportaciones nicaragüenses, con un volumen que superó los 3800 millones de dólares, mientras que China apenas absorbió el 1%, según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Este contraste reafirma que, a pesar del alineamiento político con Pekín, el motor de las exportaciones nacionales sigue siendo el mercado estadounidense.
En cambio, la influencia económica china avanza de forma más visible en el comercio local. Se trata del fenómeno de la “chinanización”. Desde 2023 ha proliferado una ola de establecimientos, supermercados y tiendas chinas en ciudades como Managua, Rivas y otras cabeceras departamentales, ocupando espacios antes dominados por pequeños comercios nicaragüenses.
Esta expansión —documentada ampliamente por DIVERGENTES— muestra cómo negocios como Metro China, Chinese Store o el Centro Comercial China Wanda desplazan progresivamente a los vendedores tradicionales, ofreciendo mercancías a precios muy bajos que difícilmente pueden igualar los productores locales, debido a las exoneraciones fiscales que tienen los negocios asiáticos, a diferencia de los nacionales.
Exportaciones sin dinamismo y sin estrategia

El volumen exportado a China ha mostrado signos de estancamiento. En octubre y noviembre de 2025, se enviaron apenas 7.67 y 6.85 millones de dólares respectivamente. Sáenz destaca que, más allá de la propaganda, hay razones objetivas para el rezago: “Exportar a Asia no es lo mismo que exportar a Centroamérica. El transporte, la logística, la escala… todo eso encarece los envíos desde Nicaragua, que además son de bajo volumen y poco valor”.
Además, señala que China no prioriza la rentabilidad política en sus relaciones comerciales. “El régimen ha hecho descansar parte de su estrategia en mostrarse como un socio estratégico de China, abultando expectativas e inventando cuentos”, señala Sáenz. “Pero China no preside sus relaciones por motivos ideológicos, sino por rentabilidad. Y Nicaragua, frente a socios como Brasil, Argentina o Chile, aparece en los márgenes”.
Este diagnóstico coincide con el análisis del investigador Evan Ellis, especialista en relaciones China–América Latina, quien advierte que el modelo de vinculación impulsado por el régimen nicaragüense reproduce un patrón de dependencia. Ellis sostiene que “China tiende a ofrecer financiamiento e inversiones que favorecen principalmente a sus propias empresas estatales, mientras los países receptores asumen deudas significativas sin desarrollar capacidades productivas locales”. En el caso de Nicaragua, agrega, “los proyectos anunciados no han generado un impacto económico proporcional y se manejan con altos niveles de opacidad institucional”.
Poca transparencia, fines políticos y escasa ejecución
La mayoría de proyectos anunciados en el marco de la alianza con China —zonas francas, hospitales, infraestructuras, generadores de energía, logística portuaria y financiamiento externo por más de 1000 millones de dólares— no han pasado de comunicados oficiales o acuerdos firmados sin ejecución clara. No existe evidencia pública consistente de procesos de licitación competitivos, estudios de impacto socioambiental independientes ni mecanismos de fiscalización parlamentaria o ciudadana.
En cambio, la documentación disponible indica que estos acuerdos han sido negociados de forma directa entre gobiernos y empresas con sede en la República Popular China (RPC), con cláusulas y condiciones que ponen el énfasis en la ventaja de los proveedores chinos.
De acuerdo a Ellis, en su análisis sobre la presencia económica china en Nicaragua desde el restablecimiento de relaciones en diciembre de 2021, estos acuerdos han creado un modelo de “relación de infraestructura estatal” en el que Pekín condiciona la ejecución de proyectos a términos poco favorables para Managua y a menudo prevé que parte de los fondos se paguen de manera adelantada a las empresas receptoras.
En palabras de Ellis, “los términos de los préstamos comprendían plazos de amortización relativamente cortos, tasas de interés inusualmente altas y condiciones gravosas como elevadas comisiones de originación”, lo que obliga al Estado nicaragüense a comprometerse a reembolsar más de 2000 millones de dólares por créditos cuyo desembolso efectivo podría no superar los 1437 millones acordados. Esta estructura, sostiene el analista, convierte la relación en un riesgo financiero para el país, con obligaciones futuras que superan el valor de los bienes y obras en ejecución.

Ellis documenta que, aunque en 2023‑2025 se firmaron 11 préstamos principales de este tipo, la mayor parte de los fondos no ha sido liberada en su totalidad para obras concretas. Algunos proyectos han avanzado solo en papel o parcialmente, mientras otros están totalmente detenidos:
- El proyecto emblemático de modernización del Aeropuerto Internacional de Punta Huete, adjudicado a la empresa china CAMCE, promocionado como una obra de alto impacto, con pista ampliada para aeronaves de gran porte. Sin embargo, desde su anuncio no ha habido avances proporcionales al capital comprometido, y Ellis destaca que esta obra —ubicada a casi una hora de Managua— resulta relativamente innecesaria desde el punto de vista comercial, ya que el aeropuerto existente, el Augusto C. Sandino, opera con disponibilidad considerable y sin saturación.
- El contrato con CHINAICTC para la construcción de un centro logístico de 335 millones de dólares y mejoras del puerto de Corinto ha sido celebrado como clave para dinamizar el comercio, pero el análisis de Ellis sostiene que estos contratos benefician de manera desproporcionada a las empresas chinas de logística marítima, con escasa transferencia de capacidades a la economía local.
- El contrato con la empresa China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) para la segunda fase de la Carretera Costera del Pacífico no ha comenzado debido a que China desembolsa los fondos comprometidos, lo que ha paralizado la ejecución y cuestiona la viabilidad contractual.
- Proyectos como las tres esferas de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), también encargados a China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE), una empresa estatal china especializada en contratos de ingeniería, construcción y gestión de proyectos a gran escala, continúan sin iniciar, a pesar de estar firmados y presupuestados.
Además de infraestructura física, Ellis destaca la penetración china en sectores productivos y estratégicos, muchos de ellos sensibles:
- En el sector minero, tras el restablecimiento de relaciones con Pekín, el gobierno de Ortega ha otorgado al menos 43 concesiones a ocho empresas chinas distintas, concentradas principalmente en la extracción de oro en el noreste del país, lo que cubre casi el 5% del territorio nacional y ha generado conflictos con comunidades indígenas, daños ambientales y falta de claridad sobre los términos de explotación.
- En energía renovable, contratos con firmas como China Construction and Communications Corporation (CCCC) se orientan a múltiples parques solares y eólicos, incluidos “El Hato” (67 millones de dólares), Nindirí (71 millones), El Barro (69 millones) y La Mesita (57 millones), entre otros, aunque su impacto real en productividad y empleo local todavía es incipiente.
- En infraestructura digital y telecomunicaciones, empresas como Huawei lideran la expansión del 5G y redes de comunicación, pese a preocupaciones sobre seguridad digital y vigilancia estatal que han sido señaladas en otros países por expertos en seguridad internacional.

El analista también documenta que este avance económico se complementa con un incremento de la presencia política y educativa china en Nicaragua, como la instalación de un Instituto Confucio en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en septiembre de 2024 y la participación de periodistas y funcionarios nicaragüenses en programas de capacitación en China, lo que amplía la influencia cultura, mediática y propagandística, un frente también apoyado por Rusia.
Ellis concluye que, en muchos casos, la estrategia de inversión china en países como Nicaragua no se traduce en un desarrollo económico sostenible para los ciudadanos locales, sino en la consolidación de redes de poder político y económico que favorecen a las élites gobernantes y a las empresas chinas.
“Los proyectos financiados en estas condiciones crean infraestructura que es de valor estratégico para la República Popular China y posicionan a sus empresas en relaciones profundas con las élites empresariales y políticas nicaragüenses, más que con la base productiva nacional”, escribe el analista.
Ese argumento refuerza la idea de que la cooperación con China se usa para sostener regímenes autoritarios y sus agendas geopolíticas, y no necesariamente para promover el desarrollo integral de las economías locales.
Taiwán, un socio más eficiente

Paradójicamente, Taiwán —con quien Nicaragua rompió relaciones diplomáticas— continúa comprando más productos nicaragüenses que China. Entre enero y septiembre de 2025, Taiwán importó 85.1 millones de dólares en bienes nicas, frente a 79.2 millones enviados a China. “El crecimiento de las exportaciones hacia Taiwán ha sido incluso mayor que hacia China, a pesar de que ya no hay relaciones diplomáticas”, confirma Sáenz.
Esto demuestra que la afinidad política no necesariamente determina el éxito comercial. Taiwán mantiene acuerdos más accesibles para exportadores nicaragüenses, mientras que el TLC con China no ha generado el efecto dinamizador que prometía.
La dependencia creciente de China como proveedor —y no como comprador— convierte a Nicaragua en un eslabón débil en el tablero geopolítico. Desde una perspectiva estratégica, el investigador Evan Ellis advierte que la creciente presencia física de China en el país, sumada a su capacidad de operar bajo esquemas opacos, incrementa el riesgo de que “Nicaragua sea utilizada como plataforma para actividades chinas antiestadounidenses, tanto en tiempos de paz como en un escenario de guerra”.
Esta posibilidad, señala, representa una amenaza directa para los intereses de seguridad de Estados Unidos en la región, y está contemplada dentro de las prioridades de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de la administración de Donald Trump.
Para el economista Enrique Sáenz, este giro representa un punto de quiebre: “Lo que antes podía parecer un activo político para Ortega, hoy se ha vuelto una vulnerabilidad. Ya no puede usar la relación con China como escudo internacional sin exponerse a consecuencias”.
En términos estratégicos, el China Index alerta sobre el uso de herramientas de soft power y cooperación tecnológica para ampliar la esfera de influencia china en países con democracias debilitadas o regímenes autoritarios. Nicaragua aparece como caso de estudio de cómo China establece relaciones asimétricas que le permiten ampliar su presencia geopolítica, sin necesariamente generar beneficios económicos equitativos.
A juicio de los expertos, el régimen enfrenta límites estructurales —una economía débil y poco diversificada— y límites políticos, porque al profundizar el alineamiento con Pekín, podría atraer represalias selectivas, sanciones o restricciones de acceso a mercados clave. “El riesgo no es solo comercial, es también geopolítico y de supervivencia para un régimen que está cada vez más aislado”, concluye Sáenz.
Con su figura omnipresente en los actos oficiales, discursos cargados de gratitud hacia la República Popular China y promesas de más megaproyectos, Laureano Ortega proyecta una narrativa de progreso que contrasta con los escasos beneficios reales para la economía nicaragüense. Su entusiasmo por inaugurar obras aún marginales refuerza el verdadero rostro de la alianza. Una relación personalizada, opaca y orientada más a la propaganda interna que al desarrollo sostenible del país. En ese juego geopolítico, Laureano no solo encarna el operador diplomático, sino también el rostro visible de una estrategia que ha subordinado los intereses nacionales a una visión dinástica de poder.