China se sitúa como el segundo actor minero más grande de Nicaragua en solo dos años

En medio de lo que sugiere una reorganización de la industria minera del país para eludir las sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional, China se consolida poco a poco como aliado político y económico de la dictadura Ortega-Murillo, sobre todo en el sector aurífero: En tan solo 24 meses, empresas chinas consiguieron 17 concesiones y más de 236 mil hectáreas de territorio para explotar. Se registran traspasos de empresas después de las sanciones del Tesoro estadounidense y concesiones a los chinos entregadas de forma expedita 

Ilustración de Divergentes.

Las empresas chinas mineras se convirtieron en el segundo actor minero con mayor cantidad de concesiones y extensión territorial otorgadas en tan solo los dos últimos años por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela la investigación La fiebre del oro continúa en Nicaragua: analizando el período 2022-2024. La aparición de estas nuevas empresas chinas forman parte de una estrategia más amplia de reorganización de la industria minera en el país, que dirige la pareja presidencial para eludir las sanciones de parte de Estados Unidos y otros países de Occidente, señala la autora del estudio, Carmen Corea-Sánchez.

Las concesiones mineras aprobadas a las empresas chinas Zhong Fu Development S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., y Thomas Metal S.A., representan el 45.9% de todas las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) entre 2022 y 2024.

Es decir, que de las 37 concesiones otorgadas por el MEM en ese período, 17 corresponden únicamente a las tres empresas chinas. Esto representa 236 469.31 hectáreas, es decir, el 36.3% de las 651 184.27 hectáreas totales entregadas en esos años.

La mayoría de ellas se encuentran localizadas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), distribuidas en los municipios de Siuna, Waslala, Mulukukú y Puerto Cabezas, seguido de los departamentos de Chinandega, Chontales, Estelí y Jinotega.

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Entre las concesiones otorgadas al bloque chino destaca una que anteriormente había sido asignada a la empresa minera Comintsa en 2022, abarcando un área de 6 000 hectáreas en El Rama, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Esta fue cedida completamente a la empresa Zhong Fu Development S.A. bajo las mismas condiciones de la certificación original, según publicación en La Gaceta del 17 de abril de 2024.

Traspaso después de las sanciones del Tesoro de EE. UU.

China se sitúa como el segundo actor minero más grande de Nicaragua en solo dos años
Zhong Fu Development S.A. fue la empresa beneficiada con el traspaso de la concesión de 6 mil hectráreas que le pertenecía a Comintsa. En acto exprés de entrega de concesión | Tomada de la Alcaldía de Mulukukú.

El traspaso de la concesión ocurrió solo un par de meses antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableciera sanciones contra Comintsa y Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining) en mayo de 2024 por “operaciones corruptas”. Dicha empresa es propiedad de Salvador Mansell, ministro orteguista del MEM, y ya había sido sancionada anteriormente en 2021 por las mismas razones.

“La entrega de concesiones a las empresas chinas tiene el objetivo de buscar aliados políticos que estén fuera del alcance de las sanciones estadounidenses, y ampliar su mercado a otros comercios que no estén ligados a Occidente para no depender de este”, señala Ignacio, defensor indígena y otro miembro del equipo de investigación de forma anónima.

Además de Comintsa, la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) —propiedad del régimen Ortega Murillo—, y la Dirección General de Minas (DGM) también fueron sancionadas el 17 de junio y el 24 de octubre de 2022 respectivamente.

La aprobación de estas concesiones surgieron casi de manera inmediata cuando Nicaragua y la República Popular de China firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) en agosto de 2023. Gracias a esto, numerosas empresas chinas se han inaugurado en todo el territorio nacional para expandir sus operaciones comerciales.

“La nueva política del Gobierno Ortega-Murillo es deshacerse del mercado de Occidente, como son Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Así se está aliando con países que tienen modos iguales de gobernar, en donde no hay democracia, no hay separación de poderes y no hay derechos humanos. Entre ellos crean convenios de apoyo mutuo para hacerle frente a todas las políticas que vengan de Occidente”, explica.

El principal socio minero de la dictadura Ortega-Murillo es Canadá a través de Calibre Mining Nicaragua S.A. (Calibre Mining) y su subsidiaria Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. (Desminic S.A.). Solo entre 2022 y 2024, el consorcio obtuvo 11 concesiones, lo que representa más de 335 mil hectáreas.

Mientras que de las 114 concesiones vigentes para la minería metálica en Nicaragua, que han sido otorgadas desde 1994, 56 concesiones equivalentes a 1 127 722.25 hectáreas, corresponden a Calibre Mining y sus subsidiarias. Esto equivale al 65% del territorio nacional concesionado, de acuerdo con el estudio.

Después de los chinos, Colombia y Reino Unido son los siguientes socios comerciales mineros del régimen, a través de la empresa Hemco Nicaragua S.A., subsidiaria del Grupo Mineros S.A. y Condor S.A. respectivamente.

Hemco Nicaragua S.A. tiene hasta ahora una extensión de 151 259.34 hectáreas otorgadas para la explotación minera metálica; y Condor S.A. dispone de un área de 55 245.27 hectáreas.

Empresas chinas son difíciles de rastrear

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La empresa Xinxin Linze Minería Group, S.A. durante la construcción de su campamento en la comunidad de Liberia, municipio de Mulukukú, RACCN | Tomada de la Alcaldía de Mulukukú

El otorgamiento de concesiones mineras desde 2022 “ha subido como espuma”, indica Corea-Sánchez. De las 144 concesiones vigentes, 37 fueron aprobadas entre 2022, 2023 y 2024. Es decir, que el 25% de estas concesiones fueron otorgadas en tan solo tres años.

La mayoría de estas concesiones obtenidas en ese período le pertenecen a la empresa canadiense Calibre Mining y a su subsidiaria Desminic S.A. Después de las empresas chinas, siguen El Porvenir Murra S.A., representada por el empresario extranjero residente en Nicaragua, Nicolas Khoury; y la empresa Grupo Minero Xiloá S.A., de la cual no hay información disponible.

A diferencia de las empresas a las que el régimen Ortega-Murillo ha otorgado históricamente concesiones durante décadas, no hay forma de rastrear el origen, estructura y funcionamiento de las nuevas empresas beneficiadas, incluyendo las chinas, señala Ignacio.

“No sabemos las diferencias estructurales de las empresas chinas con las otras. Otras empresas como Calibre Mining, Hemco y sus filiales mineras en Colombia y Chile se pueden rastrear, pero estas empresas chinas no. Son muy difíciles de rastrear y por la experiencia de otros países sabemos que hay casos de explotación laboral y destrucción del medio ambiente”, asevera.

Las empresas chinas dedicadas al sector aurífero se caracterizan por tener pocos protocolos de transparencia y pocas normativas legales, lo que les permite mantenerse “debajo del radar”, explica por su parte, Amaru Ruíz, director de Fundación del Río.

De las tres empresas chinas beneficiadas con 17 concesiones se tiene muy poca información, y los pocos datos existentes alrededor de ellas se conocen gracias a las exiguas publicaciones realizadas por las instituciones estatales del país.

“Si investigas el nombre de la empresa te encontrás muy poco. Solo aparece una dirección y no tienen página web. Ahí ves el gran nivel de intervención que tiene el Estado chino sobre estas empresas para que no se sepa nada de ellas”, expresa Ruíz.

“En las empresas chinas siempre debe haber alguien del Estado chino en sus juntas directivas, pero no sabemos quiénes son, qué subsidiarias tienen en otros países y cuál es su tejido empresarial. Esto es parecido a la entrega de la concesión del Canal Interoceánico a Wang Jing porque no sabíamos nada de él y de sus empresas”, agrega el presidente de Fundación del Río.

Otorgamiento de concesiones son expeditas

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El 26% de las concesiones otorgadas entre 2022 y 2024 se encuentran en territorios indígenas demarcados y titulados | Tomada de la Alcaldía de Mulukukú

El tiempo que tomaba conseguir una concesión, desde que esta se solicitaba hasta que el MEM publicaba la certificación de aprobación, también se ha reducido drásticamente en estos últimos años, expone la investigación.

Corea-Sánchez señala que la media que tomaba todo el proceso era de 850 días en 2022, es decir, dos años y tres meses. Durante ese período, el proceso más tardado era la solicitud y el dictamen catastral.

Sin embargo, a partir de 2023 –fecha coincidente con el otorgamiento de concesiones a las empresas chinas–, el tiempo se redujo a una media de 187 días, es decir, un poco más de seis meses.

Y en 2024, el otorgamiento de concesiones se convirtió prácticamente en un proceso expedito, con una media de tres meses. En ese año, el dictamen técnico que está orientado a realizar las evaluaciones ambientales duraba un día solamente en ese proceso.

“Vemos que hay un cambio drástico en la reducción del tiempo y cómo las concesiones mineras se convirtieron en entregamientos exprés”, advierte Corea-Sánchez.

El otorgamiento de estas concesiones en los últimos tres años no solo se hizo sin evaluar adecuadamente los impactos ambientales en los territorios entregados, sino que al menos siete de ellas se encuentran dentro de territorios indígenas titulados, es decir, el 26% de las concesiones aprobadas en esos años.

La aprobación de estas últimas concesiones se realizaron sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, indica Ignacio, el líder indígena. Aunque estas consiguen el consentimiento del Consejo Regional de la RACCN o de los  Consejos Municipales de las Alcaldías, la consulta realizada es a las instituciones controladas por el régimen Ortega-Murillo y no a las comunidades afectadas.

Además, de las 37 concesiones aprobadas entre 2022 y 2024, 14 de ellas están ubicadas de manera muy próxima a áreas protegidas. En muchos de los casos, la distancia es de únicamente 100 metros desde el punto más cercano del polígono concesionado y el área protegida, como es el caso de las cuatro concesiones que rodean la Reserva de Biósfera de Bosawás.

“Esto demuestra la magnitud del fenómeno de la expansión de la minería, la explotación de los recursos naturales y la forma perversa en que se está operando, sin importar el daño a las comunidades indígenas o al medio ambiente”, advierte Corea-Sánchez.


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