El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura presentó este jueves 14 de julio las observaciones de un informe en el que valoran que en Nicaragua “hay una violación sistemática de los derechos humanos que obedece a una política deliberada” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dentro del informe se destaca que 29 líderes políticos se encuentran recluidos “sufriendo condiciones inhumanas, crueles y degradantes”: incomunicados, en aislamiento, sin contacto con su familia y sin recibir abrigo, alimentos saludables, medicina y materiales de lectura.
El Comité tiene registrado que 32 personas han sido sancionadas por la Ley de Soberanía (1055), entre ellos los siete precandidatos a la presidencia. En los meses previos a las elecciones presidenciales, entre mayo y noviembre, el régimen detuvo a 50 personas (11 mujeres y 39 hombres) por razones políticas.
Los testimonios recogidos por el Comité indican que las violaciones de los derechos humanos y los malos tratos son comunes en centros penitenciarios y en las unidades policiales. Se agregan las condiciones deplorables en materia de hacinamiento e insalubridad que continúan hasta ahora.
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Entre febrero y mayo de este año fueron enjuiciadas y condenadas 34 personas, con penas de entre 8 y 13 años de cárcel. Entre ellas se encuentran siete personas sancionadas por la Ley de Ciberdelitos. “Se han condenado personas por publicar un tuit”, apuntó Claude Heller, presidente del CAT (por sus siglas en inglés).
Heller fue el encargado de leer el informe y dijo que “Nicaragua debe ser analizado como un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó a partir de 2007”, cuando Daniel Ortega regresó al poder.
“Nicaragua se encuentra en un punto crítico de su historia que afecta evidentemente la vigencia de los derechos humanos de su población. Aspecto que nos interesa de manera primordial, pero también que tiene repercusiones en el contexto regional”, dijo Heller.
Denis Moncada: “En Nicaragua no se practica tortura”
La lectura del informe se realizó sin la presencia de algún representante del régimen. Sin embargo, Heller leyó una comunicación enviada el pasado 30 de junio por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres. En el escrito se descalifica la integridad del CAT y otros organismos internacionales tildándolos como “cajas de resonancia de las políticas imperialistas y deshonestas de quienes han establecido guiones para atacar a nuestro país”.
Pese a los múltiples informes y pruebas aportadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el régimen Ortega-Murillo afirma que “en Nicaragua no se practica tortura” y acusa a la ONU de “utilizar mecanismos para inmiscuirse en los asuntos internos” de Nicaragua. “Haciendo eco de la política intervencionista de los Estados Unidos de América, quién bajo manuales empleados en torturar, se amparan en comités como el que usted (Heller) dirige para perpetuarse, pretendiendo legitimar sus infiernos”, cita la carta.
Según el informe, existen evidencias comprobadas de que entre 2018 y 2021 en Nicaragua no se respetan las salvaguardas fundamentales, en virtud de las detenciones arbitrarias. Por ejemplo, se encuentran 30 personas en prisión que cuentan con medidas provisionales o cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, el Estado se encuentra en desacato de estas medidas.
Erdogan Iscan, otro miembro del Comité que estuvo involucrado en el análisis del informe de Nicaragua, dijo que agentes paraestatales son sospechosos de haber secuestrado a defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el gobierno de Ortega y Murillo. Erdogan añadió que policías antidisturbios han atacado a periodistas, ocupado medios de comunicación e incluso causado la muerte de un informador en 2018.
El Comité contra la Tortura es un organismo de diez expertos independientes que monitorea la implementación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de sus Estados partes. Trabaja para responsabilizar a los Estados por violaciones de derechos humanos, investigando sistemáticamente las denuncias de tortura para detener y prevenir este delito.
Régimen no responde a la ONU
El Comité informó sobre las múltiples solicitudes de respuestas que realizó al Estado de Nicaragua desde diciembre del año pasado. La única respuesta que recibió fue la de Moncada, pero no se refería a las interrogantes expuestas por el Comité referidas a las denuncias de violaciones de derechos humanos desde la crisis de 2018.
El presidente del Comité emitirá sus conclusiones finales sobre la actual sesión el próximo 29 de julio. El informe asegura que en el país no hay mecanismos de investigación sobre las denuncias de torturas.
Entre las recomendaciones que señaló el presidente del Comité se encuentran la derogación de las leyes contrarias a los derechos humanos; la codificación penal para los delitos de tortura que ayude a la investigación de estos casos y de los malos tratos para sancionar a los responsables.
Otras recomendaciones son la revisión de las judicializaciones que tienen un claro propósito político; el cese del acoso contra los periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de partidos políticos; el restablecimiento de las oenegés eliminadas y la reanudación del diálogo con la oposición. Finalmente, exhortó al Estado de Nicaragua a cooperar con la ONU entre otros organismos internacionales de derechos humanos.