La eliminación formal de las elecciones en Nicaragua como anunció el dictador sandinista Daniel Ortega este fin de semana requeriría una reforma profunda del orden constitucional del país, explicaron abogados y analistas políticos nicaragüenses consultados por DIVERGENTES. La diferencia se encuentra en el mecanismo: una reforma constitucional directa o una Asamblea Constituyente controlada por Ortega y Rosario Murillo.
En la declaración del 19 de julio, Ortega no dejó claro cómo quitaría las elecciones del sistema político nicaragüense. El mandatario sólo mencionó que coordinará con la Asamblea Nacional para “poner un muro” a los partidos políticos. Este martes 21 de julio, el congreso anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) “para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales” del mandato de Ortega.
El abogado y opositor en el exilio, Juan Diego Barberena, consideró que la dictadura podría implementar dos opciones. La primera es la más simple: “Por medio de una reforma constitucional que establezca que no habrá elecciones en 2027, o que prolonguen el periodo por varios años más sin mayor fundamento ni razonamiento”.
Asamblea Constituyente para establecer periodo presidencial indefinido
La segunda opción es convertir a la Asamblea Nacional – que, de acuerdo a la última reforma constitucional, ahora es un órgano del Estado– en una Asamblea Constituyente, sin convocar a elecciones. “Esto es absolutamente inconstitucional, pero ya no podemos esperar nada dentro de los cauces de la formalidad”, aclaró Barberena.
La Asamblea Constituyente es un órgano integrado por representantes elegidos por la ciudadanía para redactar una nueva Constitución. Se le considera la máxima expresión del poder soberano para definir las reglas políticas, jurídicas e instituciones del Estado. Generalmente se conforman durante periodos de crisis institucionales profundas, transiciones democráticas o rupturas del orden constitucional.
Siguiendo esta línea, una vez que la Asamblea Nacional se convierta en una Asamblea Constituyente –como poder supremo, ilimitado y soberano–, esta puede interpretar la actual Constitución a su manera para establecer el periodo presidencial de forma indefinida. Todo esto mientras se redacta una nueva Constitución.
Para hacer efectiva esta opción, Barberena dijo que el régimen no haría elecciones para escoger a los representantes, sino que podría hacer una especie de plebiscito para preguntar si están de acuerdo o no en convertir a la actual Asamblea Nacional en una Asamblea Constituyente, o bien, preguntar si están de acuerdo o no en que el actual órgano legislativo redacte una nueva Constitución.
El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, coincidió en que a nivel legal esto podría abrir camino a una Asamblea Constituyente que suspenda las elecciones, mientras se aprueba una nueva Constitución. “Una vez aprobada la nueva Carta Magna pueden establecer el modelo de partido único”, agregó.
Arce aclaró que hacer un análisis legal de esto “es imposible”, porque negar el derecho de elegir no puede legitimarse con ninguna reforma. Aun así, considera que la eliminación de las elecciones requeriría una reforma constitucional total. “La eliminación de elecciones a nivel legal es un cambio total a nuestro modelo de Gobierno”.
¿Régimen de partido único?
Como Ortega no ha aclarado el proceso para anular las elecciones, no existe certeza sobre el modelo que implementará. Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021, dijo que Ortega quiere imponer en Nicaragua un régimen de partido único, como China, Cuba y Corea del Norte. “Ortega siempre ha expresado que los partidos son indeseables porque, según él, dividen a las sociedades”, aseguró Chamorro.
Tanto en Cuba como en Corea del Norte y China, la Constitución prohíbe legalmente cualquier organización política fuera del partido oficial gobernante. En Cuba gobierna el Partido Comunista de Cuba (PCC), en China el Partido Comunista de China (PCCh), mientras que en Corea del Norte es el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).
En Corea del Norte, por ejemplo, los votantes sólo pueden aprobar o rechazar candidatos previamente seleccionados por el régimen. Los comicios funcionan más como un mecanismo de control que como una competencia electoral.
Chamorro consideró que Ortega podría avanzar hacia un sistema similar, con elecciones internas o procesos controlados por una única estructura política.
El abogado Juan Carlos Arce también valoró que Ortega podría avanzar hacia un modelo inspirado en Corea del Norte, basado en la perpetuación dinástica del poder. Según el abogado, el régimen busca consolidar a la familia Ortega-Murillo como una estructura permanente de gobierno y sustituir la legitimidad electoral por mecanismos de control político e ideológico.
Este martes 20 de julio, el Parlamento nicaragüense controlado por operadores de la dictadura sandinista y los aliados políticos “zancudos” emitió un comunicado informando que realizará “sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral, para asegurar los pasos Constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad, y sustentan las prácticas políticas, democráticas, soberanas y libres, de nuestros procesos de elección nacional y local de autoridades”.
“La Asamblea Nacional está convocando para cumplir los mandatos recibidos el 19 de Julio, aniversario 47 del triunfo de la democracia y la libertad en Nicaragua”, añade el comunicado del poder legislativo sandinista.
¿Un partido único con matices?
El abogado Juan Diego Barberena dijo que esta opción difícilmente será valorada por el régimen Ortega-Murillo. “En el catálogo nuestro (Nicaragua) de partidos políticos no existe una única formación partidaria, sino que existen otros partidos que son satélites, que ya sabemos que no juegan en la lucha por el poder”, explicó.
Actualmente, el Artículo 9 de la Constitución señala: “El pluralismo cultural y social asegura la organización y participación en todos los procesos electorales establecidos en la Constitución de los partidos políticos que cumplan con la Constitución Política y las leyes”.
Mientras que el Artículo 49 indica: “Las y los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar en política y optar a cargos públicos. Los partidos políticos deberán asumir en sus estatutos los Principios Fundamentales de esta Constitución Política”.
Según Barberena, en Nicaragua hay una suerte de “partido único sui generis”, porque a nivel internacional se manifiesta como “régimen pluralista partidariamente”. El abogado consideró que estos partidos políticos “zancudos” mantendrán sus cuotas en el sistema electoral porque el régimen “no necesita eliminarlos, ya que ellos apoyarán todo el sistema que necesitan instaurar”.
Ortega teme a elecciones
Apuntó que la eliminación de las elecciones es la “perpetuación del poder de forma dinástica” y refleja “el carácter absolutista” que ha ido adquiriendo el régimen.
Para Arce, la declaración de Ortega obedece a que tiene “terror” al sistema democrático y a la elección popular. “Sabe que en unas elecciones libres y con observación internacional, perdería irremediablemente”, apuntó.
Desde las elecciones en las que llegó al poder en 2006, Nicaragua ha vivido procesos electorales marcados por denuncias de fraudes o inhibiciones a candidatos y partidos políticos. Las últimas votaciones de 2021 fueron calificadas como “una pantomima” por Estados Unidos.
“En Nicaragua desde 2008 no contamos con procesos electorales reales. Esta declaración (de Ortega) sube la parada a la comunidad internacional y plantea una nueva etapa del proyecto dictatorial: es la muerte oficial del Estado y el establecimiento formal del absolutismo como forma de gobierno”, señaló Arce.
Reacciones internacionales
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a la propuesta de Daniel Ortega de abolir las elecciones con un “llamado a la acción” dirigido a la comunidad internacional, a la que instó a “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones mientras vulnera los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”.
“La declaración de Daniel Ortega de que Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones bajo la dictadura de su familia deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”, dijo Marco Rubio en una escueta declaración difundida por el Departamento de Estado. “El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”.
El Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, a través de una publicación en X, dijo que el régimen Ortega-Murillo oficializó lo que sus acciones venían demostrando desde hace un tiempo: abandono de la democracia. “Eliminar las elecciones es la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno. Las elecciones libres, justas y periódicas no son opcionales; son un elemento esencial de la democracia representativa”, afirmó Ramdin
El líder de la OEA dijo que la erosión de la democracia en cualquier país de América “nunca es un asunto puramente interno”, ya que los ataques a las instituciones democráticas “tienen consecuencias regionales, al debilitar la gobernanza democrática y afectar la estabilidad y los valores compartidos del Hemisferio”.
En tanto, Costa Rica reiteró su preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica expresó que siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en Nicaragua. “Cabe recordar que por la ausencia de condiciones y garantías requeridas, Costa Rica no reconoció el último proceso electoral de Nicaragua, ejecutado en 2021”, apuntó el comunicado.
La reacción de Nicaragua no se hizo esperar. La Cancillería nicaragüense le recordó a Costa Rica el principio de “no intervención e injerencia en asuntos de otros estados” y calificó las declaraciones de la Cancillería costarricense como “atrevidas”.