La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva etapa de represión en contra de los empresarios críticos, como lo adelantó hace algunas semanas el vocero del régimen, William Grigsby, en su programa de radio, en el que dijo que eran “somocistas”, “ladrones”, “traidores” y “cobardes”. El primero en ser objeto de estos ataques fue el empresario Piero Coen Ubilla, gerente del grupo COEN, uno de los principales capitales de Nicaragua, que tiene a cargo las operaciones de Western Union, entre otros negocios en la agroindustria, ganadería y bienes raíces.
En un comunicado, publicado en la tarde de este viernes, Coen Ubilla confirmó que oficiales de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) se presentaron a diferentes propiedades inscritas a su nombre para tomarlas, “asegurando que ahora pertenecen al Estado de Nicaragua”. El empresario negó que haya sido parte de algún proceso legal ni ha sido notificado de algún juicio para que las autoridades puedan confiscar sus propiedades. “Lo único que sé es que mis propiedades están ahora ocupadas por la Policía Nacional”, apuntó.
Coen Ubilla aseguró que no ha cometido ningún delito por el que lo puedan acusar, y que dejó claro que, pese a la confiscación, seguirá operando sus negocios “con la misma capacidad responsabilidad, fortaleza y dignidad con que lo he hecho siempre”.
Coen Ubilla fue uno de los empresarios que apoyó las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018. Se le vio en las marchas ondeando la bandera de Nicaragua en muestra de protesta. “Los jóvenes quieren oír otra cosa, quieren oír que no son delincuentes, quieren oír que el pueblo está detrás de ellos… y lo único que no quieren es violencia, eso es todo”, dijo Coen, en una breve entrevista durante las manifestaciones de abril de 2018. “Yo estoy con mi familia, apoyándolos a ustedes (manifestantes), porque yo también siento lo que ustedes sienten”, dijo y finalizó: “Sigamos adelante”.
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Las tomas de propiedades se volvieron evidentes después de la rebelión de abril de 2018, cuando cientos de precaristas enviados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se tomaron hasta 9,800 manzanas de tierras en ocho departamentos del país, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). El 91% de las tierras tomadas pertenecía al sector agropecuario. Piero Coen fue uno de los afectados por los tomatierras en 2018, cuando se tomaron unas 1,500 manzanas que pertenecían al Grupo Coen. En una de ellas, le quemaron un lote de 25 hectáreas para dañar su cosecha.
Sin embargo, la modalidad de confiscación a los empresarios es el inicio de una nueva modalidad de tomar propiedades, según un analista político, consultado en condición de anonimato. El analista considera que la confiscación “es un mensaje claro de escalamiento” en contra de los grandes empresarios del país. “Lo que se espera es que confisquen a otros empresarios, de forma preventiva y amenazante, para liquidar a cualquier poder que pueda ser contrapeso de ellos (Ortega y Murillo) y posibles sustitutos en el poder”, agregó la fuente.
El expreso político, Juan Sebastián Chamorro, dijo que el despojo arbitrario en contra de Piero Coen es otra muestra de las arbitrariedades y el irrespeto a la libre empresa que Ortega ha implementado desde que tomó el poder. “Este despojo es una clarísima señal negativa para la economía de este país”, dijo Chamorro. “Los inversionistas, seguramente, están viendo esto con una enorme preocupación, y eso traerá una disminución de la mermada inversión extranjera que entra al país”, añadió.
Amenaza se está cumpliendo
A inicios de este mes, el comentarista sandinista William Grigsby amenazó directamente a los empresarios Carlos Pellas, dueño del Grupo Pellas; Ramiro Ortiz Mayorga, del grupo Promerica; Roberto Zamora Llanes, presidente del banco Lafise; José Antonio Baltodano, dueño de Café Soluble; Juan Bautista Sacasa Gómez, presidente del Banco de Finanzas; y Piero Coen, con quien iniciaron las confiscaciones. “Financiaron compra de armas, sostenimiento de los tranques, campaña de desinformación y de calumnias”, acusó Grigsby.
Durante la cacería de opositores en 2021, Grigsby, desde su programa, anunciaba los próximos objetivos de la dictadura a capturar. Es por eso que su programa es escuchado como una especie de vocería de las acciones a realizar por la dictadura. “A los magnates no los tocaron y ahí están haciendo riales”, dijo Grigsby el dos de junio de este año.
El operador sandinista dijo que los magnates “se salvaron”, aunque encarcelaron a sus empleados, José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y Luis Rivas, exgerente de Banpro. “No escarmientan, después dicen que uno es el malo. Les perdonaron la vida, porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron en la fase militar del golpe (…) En esa peinada que hizo el presidente Ortega de los principales cabecillas de la fase armada, del golpe somocista, los dejó indemnes”, expresó Grigsby.
“No hay ningún empresario seguro”
El analista político dijo que la arremetida en contra de los grandes empresarios “es grave”, porque “ahuyentará aún más la inversión extranjera”. Juan Sebastián Chamorro consideró que es una señal directa al sector empresarial, contra el que Ortega “va con todas las intenciones de confiscar lo que se le antoje”.
Un economista, con experiencia en comercio exterior, dijo que estas confiscaciones y ataques contra los grandes empresarios afectan, principalmente, la seguridad jurídica para desarrollar negocios en Nicaragua. “No hay ningún empresario que tenga seguridad de que no sea confiscado”, apuntó el especialista.
El economista dijo que esta embestida hacia la empresa privada afecta el clima de inversiones del país, deteriorado desde 2018. “Esto provocará afectaciones en la economía y habrá menos empleos”, afirmó.
Los ataques en contra de los empresarios se han incrementado en los últimos meses. El pasado seis de marzo, el régimen canceló la personería jurídica del Cosep y 18 cámaras empresariales que lo integraban. Los empresarios e inversionistas extranjeros expresaron, en ese momento, sentir temor por confiscaciones de sus bienes y el congelamiento de cuentas bancarias. Analistas advirtieron que el mensaje era el camino hacia la “cubanización” y no permitir ninguna organización, “salvo las del partido (FSLN)”.