La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado a la Cruz Roja Nicaragüense la mañana de este miércoles a través de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. La decisión es considerada “como un hecho sin precedentes” por opositores y expertos en salud pública, dado el carácter humanitario de la organización creada en 1931, tras el terremoto que sacudió Managua y el incendio que posteriormente abrasó casi toda la ciudad.
La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, remitió una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo, sino que mandata confiscar los bienes de la asociación y “traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa). El principal argumento del oficialismo es que la Cruz Roja Nicaragüense “actuó contra los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad” en 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.
“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, señala el documento de exposición de motivos de los legisladores del régimen.
Edipcia Dubón, directora de la Fundación Puentes para el Desarrollo, sostiene que la anulación de la Cruz Roja de Nicaragua evidencia cómo los Ortega-Murillo subordinan a todo aquel que tenga una actuación independiente. “Es una cosa grotesca que una organización que tiene un carácter humanitario, un carácter de socorrer a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, también tenga que estar sometida a la voluntad del régimen”, insiste.
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En el artículo 3 de la ley de derogación, el Gobierno ordena la confiscación de todos los bienes de la Cruz Roja de Nicaragua, pero lo solapan con el término “traspaso de bienes”. “Todo el Patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)”, establecen los legisladores sandinistas.
“La disolución de la Cruz Roja en Nicaragua es un hecho sin precedentes. Ha acompañado de manera humanitaria y al dolor de la población nicaragüense por más de 60 años. Estamos hablando de una organización que tiene un prestigio y un reconocimiento tal, que ni siquiera durante la dictadura de Somoza fue disuelta”, afirma Dubón, opositora exiliada en Costa Rica y desnacionalizada por el régimen. “El somocismo intentó limitar su capacidad para llevar a cabo su trabajo humanitario de manera independiente. Intentó someterla y utilizarla como un instrumento de propaganda, pero la Cruz Roja continuó trabajando en el país, brindando asistencia humanitaria a las personas afectadas por la guerra, por otros desastres naturales, y pudo trabajar con mayor independencia y expandirse en todo el país desde 1979”.
“Incumplen OSFL”
El Gobierno también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no presentar “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”. Es decir, las mismas alegaciones que el régimen ha hecho en contra de las 3,290 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han decapitado desde 2018 por no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros.
Sin embargo, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, insistió en que esta cancelación es una represalia directa por el trabajo que estaba haciendo la Cruz Roja en Nicaragua y su labor durante el contexto de 2018 en la que, alguna manera, guardó su neutralidad y apoyó a las víctimas de la violencia que generó el régimen sandinista en esos días.
“Muchas (víctimas) fueron atendidas por la Cruz Roja y ellos (respondieron) a su neutralidad y labor humanitaria solidaria con los heridos que fueron transportados en sus unidades. Es una pasada de cuenta, y un enorme interés de parte del régimen en los bienes y proyectos que estaba desarrollando este organismo”, plantea Ruiz.
La Cruz Roja Internacional ha intentado ser un mediador humanitario en la crisis sociopolítica de Nicaragua, apoyándose en la asociación hoy disuelta, en especial en los temas referidos a los presos políticos. Los Ortega-Murillo ya habían arremetido contra la institución internacional no sólo al negarle el ingreso a las prisiones, sino que en marzo de 2022 expulsaron al jefe de misión Thomas Ess, sin informar el motivo de la decisión.
La anulación de la Cruz Roja de Nicaragua interrumpe más de una docena de proyectos y cursos humanitarios que desarrollan en comunidades indígenas, temas de prevención de la violencia, inseguridad alimentaria, sequía, y el análisis de muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en sus laboratorios en todo el país.
“Lo más serio es que a través de la Cruz Roja uno podía tener algún tipo de servicio, tal vez no de atención médica, pero sí de traslados en casos de emergencias. Pero al pasar a ser parte del Ministerio de Salud, pierde toda independencia. Si nos viéramos en una situación como la de 2018, la Cruz Roja también se vería impedida incluso de trasladar a personas heridas o negarles la atención, tal cual hizo el sistema público de salud con los manifestantes”, dice Ana Quirós, experta en salud pública y feminista.
La “nueva” Cruz Roja
De acuerdo al plan de la dictadura, la nueva Cruz Roja será un ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, asimismo, será la sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense.
“Continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de los cuales Nicaragua es Estado Parte, asimismo los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados en la Conferencia de Viena de 1965 y su reforma de la XXV Conferencia de Ginebra de 1986, así como aquellos en donde Nicaragua es Estado Parte”, señala la nueva legislación.
En su exposición de motivos los diputados señalan que desde el año 2007 el régimen sandinista “ha fortalecido el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, garantizando un abordaje integral, asegurando la salud desde el inicio de la vida, la niñez, adolescencia y adultez”. Este antecedente, según los legisladores, fue uno de los alicientes para determinar que la nueva Cruz Roja esté a cargo del Minsa por ser la institución que cuenta con las competencias normativas, capacidades técnicas e institucionales.
“Esto es el colmo, otro intento de controlar absolutamente todo lo que sucede en Nicaragua. Esto violenta las normativas internacionales y los principios internacionales de la Cruz Roja”, dice Ana Quirós, experta en salud pública y feminista desnacionalizada. “Al pasar a ser una instancia gubernamental, deja de ser realmente Cruz Roja, que es una organización que debe ser, en primer lugar, apolítica y en segundo lugar debe ser independiente. En tercer lugar, debe ser no discriminatoria. Y lo que sabemos del Ministerio de Salud y de la actitud del gobierno es todo lo contrario”.