El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió la entrada al país a dos sacerdotes este viernes 11 de agosto, cuando ambos regresaban de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), a la que asistió el papa Francisco. El evento religioso tuvo lugar en Lisboa, Portugal, la semana pasada. Los sacerdotes a quienes se les obligó al destierro son Tomás Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros de la Diócesis de León, y el padre William Mora, de la parroquia Cristo Rey, de Paiwas, Diócesis de Siuna.
La periodista Tifani Roberts publicó que tampoco dejaron entrar al padre Jairo Salazar, de Bluefields, después de que había salido un tiempo del país por haber recibido amenazas.
La investigadora Martha Patricia Molina, quien documenta las agresiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia, informó que en el caso del padre Zamora, de León, su comunidad “se encuentra consternada con la noticia porque era un cura dinámico y muy cercano a su pueblo”. Durante mucho tiempo, Zamora fue responsable de Cáritas León y tesorero de la Diócesis. Se tiene información de que hace algunas semanas Zamora fue amenazado por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En tanto, el párroco William Mora era el responsable de la pastoral juvenil de la Diócesis de Siuna. “Mora tenía una vida pastoral activa en su comunidad que ahora se pregunta qué será de ellos sin su pastor”, dice Molina.
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Hasta el momento se desconoce si también se les prohibió el ingreso a Nicaragua a otros jóvenes religiosos que estuvieron presentes en el evento católico en Portugal.
Estos hechos contradicen las buenas relaciones que ha querido aparentar la copresidenta Rosario Murillo en las últimas semanas. A través de sus discursos ha promovido las hípicas, bailongos y una serie de actividades “tradicionales y religiosas” en todo el país, entre ellas las de Santo Domingo de Guzmán, una de las fiestas patronales más concurridas de Nicaragua. “Aquí, de fiesta en fiesta, agradecidos a Dios, celebrando la paz, porque nuestra victoria es la paz…Celebrando la vida, celebrando el cariño, celebrando la hermandad y la solidaridad, celebrando nuestra identidad cultural”, expresó Murillo el pasado 20 de julio.
Ataques recientes
El ataque del régimen Ortega-Murillo en contra de la Iglesia Católica ha obligado a unos 80 líderes religiosos a huir del país desde 2018. De estos, 41 fueron expulsados del territorio nacional, 19 salieron del país por motivos de seguridad personal, a 12 se les negó el reingreso al país y ocho fueron desterrados y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Según datos de la investigadora Martha Patricia Molina, 65 religiosas (monjas) han sido expulsadas desde el año pasado. Diez congregaciones religiosas fueron afectadas en todo el país, entre ellas: Dominicas de la Anunciata, Misioneras de la Caridad, Monjas Trapenses, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua.
A finales de junio, la Policía irrumpió en la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, con sede en León, y las expulsó del país. Las propiedades fueron confiscadas. Una semana después, el Ministerio de Gobernación (Migob) anunció la cancelación de la personería jurídica de esta fundación.
Recientemente, el régimen canceló la residencia al sacerdote franciscano Fray Domingo Pepe, de origen italiano, quien ya estaba retirado y vivía en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, donde durante varios años brindó sus servicios ministeriales.
La última agresión a una comunidad católica es el congelamiento de las cuentas y bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana (UCA), que pertenece a la Compañía de Jesús en Nicaragua. Desde abril de 2018, la represión del régimen en contra de la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua.