Una nota informativa publicada por el Ejército de Nicaragua a finales del mes de abril, a través de la cual dan cuenta de la detención de cinco ciudadanos nicaragüenses que pretendían realizar trabajos de minería ilegal y despale de árboles en la Reserva Indio Maíz, confirma que las fuerzas armadas tienen conocimiento de la invasión de colonos a territorios indígenas en el Caribe del país. Y también que “están haciendo poco” para detener este tipo de actividades dentro del área protegida, denunció Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río.
Según Ruiz, el Ejército tiene conocimiento de la situación dentro de la reserva pero no ha tomado medidas contundentes para frenar el ilícito. Las detenciones anunciadas en la nota 009/2023 la semana pasada son una iniciativa de la fuerza castrense para “dar garantías a la comunidad internacional” de neutralidad dentro del territorio nacional, en el marco de la crisis sociopolítica y la represión generalizada que mantiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Pero en la práctica, el régimen busca mantener la actividad minera ilegal en la informalidad para contribuir a la liquidez de sus arcas. Aunque apresaron a estos cinco ciudadanos, dentro de la reserva siguen los campamentos de mineros artesanales que responden a los intereses de la dictadura y estos no han sido desarticulados”, denunció Ruiz, quien por años se ha dedicado a documentar el extractivismo en las zonas protegidas.
El Ejército detalla que fueron detenidos Nelson Abel Gaitán Álvarez y William Alfredo Manzanares Hernández ambos de 22 años de edad, Cristino Picado López, Bismarck Antonio Flores Gutiérrez y Freddy José Polanco. A ellos se les ocupó mercadería de contrabando, dos motosierras y herramientas, que pretendían utilizar para trabajos de minería ilegal y despale de árboles.
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De acuerdo a informes publicados el año pasado por Fundación del Río, la minería ilegal se desarrolla en sitios que no son permitidos como áreas protegidas y territorios indígenas del Caribe de Nicaragua, bajo el beneplácito del régimen sandinista. A lo largo de estos años esta organización ha identificado en al menos 38 municipios del país y en la Reserva Biológica Indio Maíz que unas 3,000 personas, incluso costarricenses, están involucradas en la actividad minera artesanal.
“El Ejército tiene conocimiento de esta situación. El comunicado en el que dicen que detienen a personas que practican minería artesanal ilegal tiene el objetivo de ‘demostrar que están haciendo algo’. Pero nosotros todavía no miramos que estén sacando las personas que están instaladas y eso tiene que ver con el interés o la voluntad política de que esa actividad siga siendo una actividad que se mantenga en la informalidad, pero que contribuye al arca de la liquidez del régimen de Ortega”, expresó Ruiz.
La actividad minera en Nicaragua ha sido objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional debido a la violación de derechos humanos y la explotación de recursos naturales sin permisos ni marcos legales.
La primera sanción al negocio minero fue impuesta por Estados Unidos en junio de 2022. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el régimen Ortega-Murillo, a través de Eniminas, estaba utilizando “los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participando en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio”.
Para evadir la designación a Eniminas, el régimen reformó en septiembre la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. La modificación le permitió a la dictadura sandinista continuar con el millonario negocio del oro en el país pero ahora bajo la tutela del Ministerio de Energías y Minas (MEM).
En octubre de ese año el Tesoro nuevamente “tocó” el negocio minero, esta vez sancionando a la Dirección General de Minas (DGM), una oficina adscrita al MEM que era utilizada por el régimen para gestionar la exportación de oro. Esta última designación debía limitar la capacidad del Gobierno sandinista para administrar el rubro y en la entrega de concesiones mineras, sin embargo, no existe información sobre el impacto real.
Poco impacto y más ambición
“El impacto de estas sanciones ha sido menor. El régimen ha creado mecanismos para burlar las piedras en el camino y precisamente una de sus estrategias es apoderarse de la minería artesanal, que no está regulada, y explotarla junto con las empresas a las cuales les ha dado concesiones durante los últimos diez años”, aseguró una fuente vinculada a la industria minera del país que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
Ruiz coincidió con lo dicho por la fuente vinculada a la industria minera y agregó que el régimen, a través de las fuerzas armadas, continuará ejecutando este tipo de operativos para lavarse la cara y a la misma vez tener la hegemonía sobre la minería de pequeña escala, la cual representa el 30% de la ganancia de todo el mercado nacional.
“Recientemente el régimen expropió una de las principales plantas de procesamiento de la minería industrial en el país, la planta del Plantel Los Ángeles. Lo hizo con este mismo objetivo de tener el control total. La minería industrial obviamente se conecta con la minería artesanal, porque muchas de estas procesan el producto en los planteles industriales y luego venden y exportan. Es un ganar, ganar”, explicó Ruiz.
El presidente de Fundación del Río afirmó que el régimen también favorece a ciertas empresas en las concesiones mineras e industriales que han otorgado, y el hecho de que no se estén publicando los informes de las concesiones mineras en el Ministerio de Energía y Minas indica que están ocultando información relevante.
“¿Cómo pretende controlar el mercado ilegal el régimen? Sacando de operaciones a algunas empresas que no pueden controlar y favorecer la hegemonía del sector industrial sobre el que domina. Incluso el tema de cancelar la personería jurídica a la Cámara Minera implica que hay intereses detrás de la acción del régimen”, indicó.
La otra estrategia es que las empresas que no estaban vinculadas al régimen, ahora sin la intermediación de la Cámara Minera, tengan que establecer directamente negociaciones con la dictadura sandinista.
“El mensaje es claro: o negociás conmigo o te cancelo concesiones y te expropio, así como sucedió con el Plantel Los Ángeles. Ninguna empresa minera, por muy grande o pequeña que sea, va a escapar de esta pretensión de la dictadura. El que sale mejor posicionado con esta situación es el Gobierno porque podrá presionar a estas compañías para continuar controlando el negocio del oro en el país”, manifestó la fuente vinculada al sector minero.
Ruiz expresó que además de presionar a las empresas, sobre todo con sus ingresos y su proceso extractivo, el régimen también pretende incidir en el sector industrial para tratar de dividirlo y que cada uno negocie su propia gestión en el país.