La imagen de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) ―la estructura represiva y de vigilancia política del Frente Sandinista en los barrios― acompañando a agentes de la Policía Nacional es cada día más común de ver en las calles de Nicaragua.
Luego de que el año pasado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó una nueva estructura de vigilancia, los vecinos militantes del partido sandinista se han coordinado con la Policía Nacional para convertirse en la primera línea de represión en los barrios.
Al menos tres fuentes (opositores y críticos del régimen Ortega-Murillo) consultadas para esta nota confirmaron que el acoso contra ellos en los últimos meses comenzó con los miembros de los CPC de cada uno de los lugares donde vivían.
La articulación de la Policía Nacional con los CPC y los Gabinetes de la Familia, no es algo nuevo en el Estado policial impuesto en Nicaragua. Sin embargo, a partir del 7 de noviembre de 2023, cuando se realizó el primer Congreso de Seguridad Ciudadana Humana, en el que participaron las figuras del círculo más cercano de la pareja en el poder, quedó más clara la participación de los militantes sandinistas en el entramado de seguridad.
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“Se habló por supuesto de estar pendientes, comunicados, coordinados, como debe ser, para defender y salvaguardar la paz”, dijo Rosario Murillo sobre este congreso el 8 de noviembre de 2023.
En tanto, la Policía confirmó que con esta estrategia, el modelo policial “se organiza desde las personas, familias y comunidades con la coordinación, articulación y comunicación con los secretarios políticos y tendido electoral para contribuir a la paz, estabilidad y la seguridad”.
CPC en línea directa con la Policía del régimen
Críticos y opositores describen que el acoso contra ellos comenzó con una visita de los CPC a su domicilio para preguntar datos personales (nombre completo, edad, situación laboral).
Posteriormente, agentes policiales realizaron allanamientos o intimidación en las mismas casas, con información más precisa. “Los CPC se reúnen todas las semanas, están más en comunicación entre sí, y tienen línea directa con la Policía”, dijo una militante sandinista que habló en condición de anonimato porque no está de acuerdo con esta situación.
La nueva articulación de los CPC en la estructura de represión se dio a partir de las visitas de la Policía Nacional, llamados “encuentros de seguridad ciudadana y humana”, que iniciaron en agosto del año pasado.
Las visitas policiales, entendidas en un primer momento como de casa a casa, finalmente fueron realizadas en una sola casa, en cada barrio, hasta donde llegaban los vecinos invitados por los coordinadores del CPC, según pudo constatar DIVERGENTES.
La Policía informó que realizaron en promedio, unos 56 encuentros diarios en todo el país entre agosto y noviembre del año pasado. Luego, no han expuesto más información sobre estos operativos.
Los representantes del Frente Sandinista en los barrios hacían las invitaciones en las casas donde sabían que había algún militante sandinista. Pero la reunión era dirigida por comisionados policiales, quienes eran acompañados por varios oficiales. Al finalizar los encuentros gritaban “¡Viva el comandante Daniel Ortega!”.
Los CPC y los Gabinetes de la Familia se estructuraron desde 2007 con el objetivo de distribuir programas sociales y desempeñar labores proselitistas. Pero desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, comenzaron a operar como un aparato de espionaje político.
Desde entonces, miles de militantes sandinistas en todo el país realizan vigilancia solapada. El protocolo de actuación era de espionaje, en el que informaban a la Policía y los oficiales actuaban: realizaban allanamientos y acoso a los opositores.
Ahora los CPC se reúnen en los barrios, caminan y trabajan con agentes de la policía a plena luz del día y a cara descubierta.
Identificar, monitorear e informar
La militante sandinista dijo que entre las tareas que tienen los CPC “es identificar a los opositores en los barrios, monitorearlos e informar a la policía”.
Además, son llamados por la policía para cotejar listas de críticos y así busquen información sobre si los miembros de esa familia se encuentran o no en el país, o las actividades a las que se dedican.
“Son asignados para vigilar o monitorear a varias personas, o una sóla persona. Generalmente son los vecinos más cercanos los que están vigilando”, dice la fuente. “Esta vigilancia antes era realizada por policías, pero ahora la hacen con los CPC”, apuntó.
Un expreso político de un municipio del norte del país, que ahora se encuentra en el exilio, dijo que el acoso contra él se incrementó, precisamente, a partir de las visitas de la policía en los barrios el año pasado. “Llegaron al barrio, se reunieron, y semanas después dos hombres en motocicleta me interceptaron y golpearon, no me robaron nada”, dice este opositor.
Luego, días después de esta golpiza, un oficial de policía llegó a su casa para decirle que estaba siendo controlado por la Inteligencia de la Policía. Dos veces al mes tenía que reportarse a través de una llamada, y enviar al oficial una foto y ubicación por WhatsApp del lugar donde se encontraba en ese momento.
Vigilancia CPC llega en ocasiones a ser violenta
“El policía me decía que, si no contestaba la llamada, me iban a ir a buscar para meterme preso”, dice el opositor, ahora desde Estados Unidos, donde se refugió por este acoso, pero con el temor de dar su nombre porque su familia todavía se encuentra en Nicaragua.
“Yo tenía a un vecino que me vigilaba, yo sabía que era él, porque cuando había una fecha importante (el aniversario de la Rebelión de Abril, las festividades sandinistas en julio, o diciembre por la Navidad) ponían patrullas cerca de mi casa para vigilarme y se iban a la casa de él (vecino) para hablar y reunirse”, dice el excarcelado político.
Esta actuación se enmarca en el férreo control que significa el Estado policial impuesto por el régimen Ortega-Murillo desde finales de 2018, cuando aplastó a punta de balazos la rebelión que inició en abril de ese mismo año.
Primero se prohibieron de facto las manifestaciones físicas, y luego hasta los espacios virtuales fueron censurados por medio de cárcel y destierro. Actualmente, en Nicaragua no se permite espacio para la oposición sin que esto signifique detenciones, amenazas, asedio y hostigamiento.
Vigilancia política va más allá de los opositores
El trabajo con la Policía ha facilitado un poder a los líderes sandinistas de los barrios que va más allá de la vigilancia a los opositores. Dos casos que conoció DIVERGENTES muestran la capacidad adquiridas por los CPC. Ambos casos sin ningún vínculo político.
Uno de ellos es el arresto de un ciudadano de Managua después de una discusión (no era política) con el coordinador sandinista en su barrio. “Al día siguiente de la discusión, llegó una camioneta de la Policía a su casa. Un oficial le preguntó su nombre y lo echaron preso”, dice un familiar del ciudadano arrestado.
A la esposa de este ciudadano le dijeron que lo iban a llevar a la Estación VI de Policía. Pero cuando ella llegó, le dijeron que lo tenían en la Estación III. Sin embargo, en esta estación tampoco le dieron información. Tres semanas después fue liberado.
“Al principio le dijeron que lo iban a acusar por tráfico de drogas, pero nunca lo llevaron a los juzgados, no hubo caso, sólo lo liberaron, nosotros nunca lo miramos durante las tres semanas”, dice el familiar.
El otro caso es de una ciudadana que en junio de este año pintó su casa de azul las paredes y blanco las verjas. “La pinté de un azul oscuro porque me gustó ese color, pero una vez terminamos de pintar la casa parecía la bandera de Nicaragua, y me preocupé”, dice la ciudadana.
En 2018, los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua fueron los símbolos del movimiento autoconvocado contra los Ortega-Murillo. Entonces, la Policía encarceló a ciudadanos que la portaban y persiguió a algunos comerciantes que las vendían. También se difundieron videos en los que aparecían policías reventando chimbombas azul y blanco lanzadas a las calles como acto de protesta.
Los CPC se acercaron, el mismo día, a la casa de esta ciudadana que había pintado la casa azul y blanco, para decirle que era “peligroso que la casa quedara pintada así porque los policías podían llegar”. La ciudadana, llena de temor, al día siguiente, se vio forzada a comprar galones de pintura de otro color para cambiar el tono azul y no tener problemas con la Policía. Esta es la nueva realidad impuesta por la dictadura en los barrios de Nicaragua.