Joel* es un sociólogo nicaragüense que asegura haber viajado al futuro. Y para demostrarlo, augura: “El domingo, el Frente Sandinista va a ganar la mayoría de las alcaldías en las elecciones municipales”.
El sociólogo utiliza esta ironía para confirmar el triunfo del partido de gobierno en los comicios municipales que se realizan este seis de noviembre. Se basa en la estrategia que ha construido la dictadura sandinista para garantizar su triunfo en cualquier proceso electoral que se realice en el país.
“Es un manual que se empezó a elaborar en 2007, cuando llegaron al poder, y que se consolidó entre 2021 y 2022. Todo lo que han hecho les ha permitido cumplir con el único objetivo que tienen desde que ganaron la presidencia: perpetuarse en el poder”, explica Joel.
Juan Diego Barberena, abogado y opositor al régimen sandinista, coincide con ese planteamiento. Agrega que, si bien el régimen sandinista se encargó de capturar el Poder Electoral, esto no fue suficiente para garantizar el poder permanente.
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Para ambos analistas la crisis política de 2018 fue la evidencia de que el régimen no estaba tan fuerte como creía. La avalancha de protestas, en las que también participaron simpatizantes sandinistas, provocó una demanda de adelanto de elecciones por parte de la ciudadanía. Eso les ofreció una cierta dimensión del poco apoyo popular con el que contaban.
“En 2018, después de todas las movilizaciones y la represión, está más que claro que no pueden ganar una elección así, como están las reglas del juego. Entonces, comienzan a trabajar para consolidar un modelo que les permita ganar siempre. Aplican todas sus palancas, en 2021, en una especie de ensayo-error, y (para) que en estas elecciones municipales todo sea más sencillo”, expone el sociólogo.
Cuatro pasos. Primero: establecer un Estado policial
Además de reprimir a punta de balas las protestas cívicas de 2018, el régimen declaró un Estado policial de facto que terminó convirtiéndose en uno de los cuatro pasos fundamentales para consolidar el manual.
La institución prohibió manifestaciones y se convirtió en el principal brazo represor. Los oficiales se encargaron de ejecutar allanamientos y capturas de los principales líderes de las protestas. También desplegaron agentes y colaboradores en servicios de inteligencia para sofocar cualquier intento de movilización en la capital y las ciudades de los distintos departamentos del país.
En 2019, las protestas tuvieron que restringirse a espacios como los centros comerciales y las universidades. Pero, cada vez, eran menos los manifestantes que se atrevían a enfrentar a la Policía. El temor ante las detenciones y los procesos bajo acusaciones de terrorismo prevaleció sobre las ganas y posibilidades reales de continuar resistiendo.
“En camino, estaban las elecciones presidenciales de 2021. Desde 2020, se empieza a hacer ruido. La oposición entra en (unos) tira y encoge, y el régimen creía que no iba a consolidarse la unidad. Ese año el rechazo a la figura de Daniel Ortega fue notable. Y aunque surgieron siete precandidatos, todos se situaban por encima del dictador”, dice Joel.
Segundo: criminalizar a los candidatos opositores
Según el sociólogo, frente a la popularidad de algunos precandidatos opositores, el régimen decidió levantar el segundo pilar del manual que fue la criminalización de quienes podían disputar el poder y plantar cara en las calles al régimen sandinista.
La primera precandidata que el régimen orteguista detuvo, en 2021, fue Cristiana Chamorro. Los delitos que le imputaron y por los que la condenaron, en 2022, después de un largo proceso, fueron lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
A los demás precandidatos el régimen los capturó y criminalizó por el delito de traición a la patria. La cacería continuó con opositores que, aunque no estaban en las listas de candidatos a los comicios, representaban una voz incómoda para la dictadura sandinista.
“Al criminalizar a los precandidatos presidenciales, el régimen envió un mensaje claro: todo el que quiera competir tendrá el mismo destino. Entonces, desde aquí existe una anulación de los derechos políticos. Los nicaragüenses no van a votar porque no hay por quién hacerlo, y porque los que están son los impuestos por la dictadura”, dijo el sociólogo.
Tercero: cancelar partidos opositores
La eliminación de partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Conservador (PC), que ofrecieron su casilla como potencial vehículo electoral para la oposición, fue el tercer paso que desarrolló el manual de unas elecciones fakes.
“El proceso electoral se desnaturalizó. Dejó de ser un instrumento democrático y se convirtió en una ‘herramienta de legitimación’ del poder de la dictadura. Es decir, en una perversión que ellos tratan de utilizar mediáticamente para argumentar que, en Nicaragua, hay elecciones periódicas, que la gente decide y que hay plena vigencia los derechos fundamentales”, manifestó Barberena.
Faltaba algo muy importante, el último paso que consolidó la estrategia del régimen sandinista: el paquetazo de reformas a la Ley Electoral. El cambio en la legislación culmina el desarrollo de este manual para consolidar el poder sobre una falsa democracia.
Cuarto: reformar la Ley Electoral a la medida del régimen
La primera reforma que el régimen Ortega Murillo hizo a la Ley Electoral ocurrió a mediados de 2021. Con su aprobación, la dictadura garantiza que cualquier elección, sea presidencial o municipal, se rija bajo sus normas sin importar quién dispute el poder.
El artículo 81, por ejemplo, establece que ninguna persona se puede inscribir como candidata a los cargos de elección popular si el gobierno les aplica la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Una ley que se utiliza para criminalizar a los precandidatos. De ese modo, nadie puede resultar elegible para disputar el poder del régimen.
Sin embargo, parte del manual de unas elecciones fakes necesita la complicidad de otros supuestos partidos opositores que, en realidad, se prestan a acompañar el proceso y colaborar con las políticas del régimen completamente, a cambio de una remuneración. Para garantizar la participación de esos otros “partidos políticos”, sin apenas representación, el régimen modificó el artículo 103, que eliminó el requisito de obtención del 4% de votos válidos para el reembolso de los gastos realizados durante la campaña electoral. En pocas palabras, todos los partidos colaboracionistas obtienen un premio por participar en cualquier comicio.
En mayo de 2022, la dictadura aprobó el otro paquetazo de reformas. Esta vez, apuntaron a mantener el “control totalitario” sobre el sistema electoral, especialmente con la modificación de nueve artículos (16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158) con los que, prácticamente, eliminan cualquier ventana que permita a la población organizarse para presentarse a los gobiernos locales y disputarlos al régimen sandinista. Además, cerraron la posibilidad de que, incluso, los partidos colaboracionistas designen a ciudadanos que puedan informar externamente sobre las irregularidades del proceso.
El primero de los artículos reformados, el número 16, apuntala el control totalitario que se persigue, reduciendo a solo cinco días el plazo para que las organizaciones presenten sus propuestas para la conformación de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales. El plazo, según la anterior legislación, dejaba un margen de quince días para los dos primeros consejos, y de diez para el tercero. De no poder inscribir las candidaturas a tiempo, será el propio Consejo Supremo Electoral (CSE) quien lo haga directamente, mediante nombramientos oficiales. Y una vez compuestos los dos primeros consejos, estos designan al municipal, si las organizaciones tampoco llegan a tiempo de ello.
Barberena detalló que el tiempo para constituir los consejos es muy corto. Y añadió que la poca popularidad que tienen los partidos políticos en Nicaragua hace que, en muchos casos, no logren conformar los consejos y que, efectivamente, sea el CSE el que decida a qué funcionarios elegir para estos puestos. Es decir, el Gobierno Ortega-Murillo es el encargado de “fiscalizar” el proceso electoral en todo su desarrollo, a través de sus peones.
Trastocar el padrón electoral para que la foto muestre participación
En la reforma al artículo 22 se propuso la agilización administrativa y el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante el proceso electoral. El cambio principal es el aumento del número mínimo de votantes, de 400 a 600, por cada JRV.
Con la ampliación de votantes, el régimen pretende aglomerar, en pocos centros, a los ciudadanos, lo que ofrecería una imagen que avale la narrativa oficialista de una alta participación.
Para Barberena, la reforma de este artículo podría estar relacionada con la modificación que se hizo en el artículo 105, sobre un cambio al momento de manchar con tinta el dedo del ciudadano que ha ejercido su derecho al voto. En lugar de que se le impregne desde la base de la uña, ahora se aplicará en la yema del dedo.
A juicio de Barberena, y tomando como referencia las denuncias en procesos electorales anteriores, la decisión de solo impregnar la yema del dedo podría desencadenar prácticas irregulares en los centros de votación, por ejemplo, eliminar la tinta de un ciudadano para que pueda votar en otra JRV.
Sin embargo, una de las reformas más importantes, fue la del artículo 74, que acorta el tiempo de campaña electoral de 75 a 30 días para las elecciones generales, y de 42 a 20 para las municipales. Una decisión que ofrece una enorme ventaja al régimen frente a sus competidores.
Barberena manifestó que el único partido político que tiene facultad de hacer campaña todo el año, por disponer de todos los recursos, es el Frente Sandinista. Sin embargo, agregó que la reforma no solo le ofrece esa ventaja al sandinismo, sino que robustece la idea del sistema de partido hegemónico que existe en el país.
Votar con la cédula vencida abre la puerta a más irregularidades
Como broche al paquetazo de leyes y reformas que ajusta el proceso electoral a la medida de la dictadura, en octubre de este año, se aprobó una nueva ordenanza que permite a los nicaragüenses acudir a las urnas con una cédula vencida. Bajo la premisa de garantizar la participación de los nicaragüenses el día de las votaciones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial para Vigencia de Cédulas de Identidad Vencidas, lo que, según Barberena, es “un intento de motivar a quienes no tienen la cédula vigente para que lleguen a votar. También abre la ventana a que se cometan irregularidades como ir con dos documentos distintos a diferentes centros de votación”, indicó el especialista.
Para la organización independiente Urnas Abiertas, estamos ante “un proceso electoral carente de legitimidad, en donde las autoridades electorales son partidarias y el derecho al voto libre está suprimido por completo”.
Todo está amarrado para que se cumplan los augurios de Joel sobre este próximo domingo: la absoluta victoria de la dictadura. Sólo resta saber cuántas alcaldías se les permite conservar a opositores fakes que sirven al régimen, pero salen en la foto de la oposición necesaria para que el manual sea perfecto.
*A petición del entrevistado su nombre fue cambiado por un seudónimo.
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