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La ministra del Interior, María Amelia Coronel, uno de los principales ejecutores de la represión estatal en Nicaragua, afirmó con orgullo que el país cuenta con “un sistema penitenciario humano”, mientras “se abordaron los avances, desafíos y logros alcanzados a lo largo de cuarenta y seis años de servicio al pueblo nicaragüense”, publicó el medio oficialista Viva Nicaragua Canal 13. Sin embargo, lo dicho por Coronel es falso: en las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han registrado muertes de opositores, así como denuncias ante organismos internacionales por tortura, tratos crueles e inhumanos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Te explicamos por qué la afirmación de María Amelia Coronel es falsa y responde al discurso oficialista de normalidad del régimen.

Según el informe del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, las detenciones arbitrarias se realizaron en el marco de protestas sociales, y luego se intensificaron en operaciones policiales masivas y dirigidas. Estas detenciones culminaron en condenas y privaciones de libertad de manifestantes y opositores políticos, con el objetivo de reforzar la narrativa oficial de un supuesto intento de golpe de Estado.

En consecuencia, “las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional dispusieron de recursos e infraestructura y aplicaron un trato carcelario discriminatorio con el objetivo de aislar, silenciar y castigar a las personas detenidas”, señala el informe.

Los “reclusos” eran enviados a galerías y celdas específicas para frenar cualquier intento de organización o disidencia interna. Los hombres solían ser confinados en las galerías 16 y 17 del Complejo Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, y las mujeres en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza”, ambos en Tipitapa, Managua.

En particular, líderes civiles, dirigentes sociales, campesinos, exmilitantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y activistas estudiantiles fueron recluidos en la Dirección de Máxima Seguridad —“La 300”—, especialmente en las celdas de castigo conocidas como “El Infiernillo”.

En 2020, las personas presas políticas fueron acusadas de cargos fabricados, como delitos comunes, principalmente tráfico de estupefacientes y robo agravado. Como resultado, fueron trasladadas a áreas comunes de los centros penitenciarios.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) advirtió que los detenidos fueron sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con especial incidencia en “La Modelo”, la Dirección de Máxima Seguridad y La Esperanza. Estos actos, cometidos por funcionarios del sistema penitenciario, incluyeron diversas formas de abuso psicológico y físico, y ocurrieron durante interrogatorios y requisas en represalia por quejas o protestas sobre las condiciones de detención, o como castigo, tratos poco empáticos y alejados de la humanidad a la que refiere Coronel.

La tortura incluía golpes y palizas, encadenamiento por largos períodos de tiempo, privación del sueño, incluso para 2018 y 2019, “las autoridades penitenciarias solicitaban con frecuencia la intervención de la Dirección de Operaciones Tácticas y agentes antimotines del Sistema Penitenciario Nacional, quienes hacían uso excesivo de la fuerza agrediendo a los detenidos con bastones policiales, golpes, patadas y uso excesivo de químicos, como gases lacrimógenos, aplicados directamente en la cara y los genitales”, reza el informe.

Cárceles que entregan muertos

Además de la tortura, las violaciones y los tratos crueles e inhumanos, el Sistema Penitenciario que tanto presume la ministra del Interior olvida los hechos más graves: la muerte del preso político Eddy Montes Praslín, ocurrida el 16 de mayo de 2019, luego de recibir un disparo durante un operativo en la cárcel “La Modelo”, donde permanecía privado de libertad por motivos políticos desde octubre de 2018, según el Ghren.

Hugo Torres, de 73 años e histórico exguerrillero sandinista, fue otro opositor político que falleció bajo custodia del Sistema Penitenciario el 12 de febrero de 2025, tras ser acusado por el régimen Ortega-Murillo de “conspiración”. Otros presos, como Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda, Humberto Ortega, José Modesto Solís Aguilar y Santos Sebastián Flores Castillo, también fueron víctimas de desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la vida, lo que evidencia la negligencia de las autoridades carcelarias y judiciales hacia los presos políticos. Según abogados y defensores de derechos humanos, negar atención médica oportuna y cambios de régimen carcelario a los reos de conciencia es un patrón sistemático de los órganos estatales —Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Fiscalía y Poder Judicial— que se intensifica con el tiempo.

A esto se suma que varios presos políticos continúan desaparecidos y otros no reciben atención médica adecuada pese a su delicado estado de salud. Uno de los casos más graves es el de Eliseo Castro Baltodano, de 61 años, quien permanece postrado en una cama del Hospital Antonio Lenín Fonseca desde el 13 de septiembre de 2021, cuando sufrió un derrame cerebral en una celda de “La Modelo”. Como consecuencia, Castro quedó parapléjico —con parálisis en la mitad del cuerpo— y perdió la capacidad de hablar. 

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) calificó su caso como un “terrible abuso de poder” y responsabilizó tanto al sistema judicial como al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por mantenerlo encarcelado pese a su grave estado de salud. El Colectivo Nicaragua Nunca Más también exigió, a través de un comunicado, la liberación inmediata de Eliseo Castro y de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

La narrativa oficial de humanidad y progreso que difunde Coronel ante los medios no es más que una maniobra de burda propaganda para encubrir un Sistema Penitenciario marcado por la crueldad y la impunidad. Las muertes bajo custodia, la tortura y las desapariciones revelan que en Nicaragua se castiga el pensamiento crítico y se somete a la disidencia. Lejos de ser “humano”, este sistema es uno de los rostros más claros de la descomposición moral y el carácter violento del régimen Ortega-Murillo, una realidad vigente por encima de su “discurso de paz y solidaridad”.