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En el desfile por el 46 aniversario de la Policía Nacional, Daniel Ortega volvió a improvisar de historiador y crítico político. Arremetió contra Estados Unidos por sus acciones hacia Venezuela y, al defender al régimen de Nicolás Maduro, aseguró que “no es con la muerte, no es matando que se resuelven los problemas”. Sin embargo, el mandatario omitió su propia historia reciente: en 2018 ordenó la represión de las protestas sociales en Nicaragua, dejando más de 355 personas asesinadas —entre ellas estudiantes, niñas, niños, adolescentes y también 34 policías— según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con la actualización del registro de víctimas publicada en noviembre de 2021 por la CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), las protestas de 2018 estuvieron marcadas por el “uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales”. 

Para el 21 de mayo de ese año ya se contabilizaban 212 personas asesinadas, y la represión continuó hasta sumar al menos 355 víctimas entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019.

Aunque Ortega, Rosario Murillo y sus allegados niegan la violencia y la represión, justificándose como “golpe de Estado”, el Meseni recopiló y sistematizó información de múltiples fuentes: datos parciales del régimen, testimonios de víctimas y familiares, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), reportes de organismos internacionales y hasta los informes de la oficialista Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. En total, la CIDH documentó 1,786 testimonios.

A esto se suma el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado el 26 de febrero durante la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, confirmó la participación activa del Ejército en la represión de 2018 y las violaciones sistemáticas a los derechos de la población. La respuesta del régimen fue inmediata: anunció su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse del Consejo y de todos sus mecanismos, alegando que dicho organismo violaba su propia normativa establecida en la Resolución 62/51 de 2006.

El documento de Naciones Unidas identifica a 54 personas que, según los expertos, desempeñaron funciones clave en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la sociedad civil y medios de comunicación, así como en campañas de desnacionalización y confiscación de bienes. 

“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo. “Este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”, dice. 

Un señalamiento que desmonta cualquier intento de Ortega de erigirse como voz moral en la región, cuando fue él quien ordenó y permitió la muerte de 355 personas —entre ellas decenas de estudiantes que protestaban pacíficamente en 2018—. Y la represión no se detuvo ahí. 

Hoy persiste en contra los presos políticos un nuevo patrón documentado por organismos de derechos humanos, que combina desapariciones forzadas con privaciones arbitrarias de la vida. Ejemplo son las muertes bajo custodia de Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda, Humberto Ortega, Hugo Torres, José Modesto Solís Aguilar, Santos Sebastián Flores Castillo y Eddy Antonio Montes Praslin.

Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló que las recientes muertes de presos políticos —Alonso Petri, detenido junto a su hijo en julio de 2025 y entregado sin vida el 25 de agosto tras al menos 38 días desaparecido; y Carlos Cárdenas Zepeda, abogado opositor arrestado unas dos semanas antes y también entregado muerto a su familia en agosto de 2025— constituyen un patrón cruel y perverso que genera seria preocupación.

“El régimen, en un período de tiempo muy corto, desaparece a personas disidentes y entrega esos cuerpos a sus familiares. Lo que vemos desde la distancia, tratando de comprender el mensaje, es que pareciera que el régimen quisiera normalizar la situación e indica que el Estado se toma para sí mismo esa práctica, que constituye un crimen bajo el derecho internacional”, dice la defensora de derechos humanos, al tiempo que denuncia que las recientes muertes de opositores cruzan las líneas más mínimas, que “es la desaparición arbitraria de la vida”. Una afirmación que desmonta el discurso de Ortega, quien intenta presentarse como garante de paz, mientras su propio Gobierno multiplica la represión y la muerte.