El “día D” en el proceso electoral de este 2023 está a pocas horas de comenzar en Guatemala. Mañana, 25 de junio, las urnas de las 24 mil 585 juntas receptoras de votos en los 340 municipios guatemaltecos estarán listas para recibir los sufragios a partir de las seis de la mañana. En esta contienda, el Tribunal Supremo Electoral espera la participación de 9 millones 372 mil 164 personas aptas para emitir su decisión según el padrón electoral. Serán unos comicios, insisten múltiples sectores, sin competencia y poco auditables.
Esta elección es la décima celebrada desde que Guatemala volvió a la democracia en 1985 luego de tres décadas de dictaduras militares de derecha, atravesadas por la misma línea contrainsurgente originadas en un golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos en 1954.
Este proceso ha estado abultado de tropiezos para las candidaturas que suponían un contratiempo para un pacto oficial procurado por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, las cortes del país, la clase política tradicional, el Ejército, el segmento más conservador de la oligarquía y el Ministerio Público. En síntesis, el denominado “pacto de corruptos”. De esta cuenta, tres binomios presidenciales fueron descalificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y por las dos máximas cortes del país. Así, Thelma Cabrera del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú del derechista Podemos y Carlos Pineda del derechista Prosperidad Ciudadana estarán ausentes en la papeleta blanca en la que 22 partidos políticos sí tendrán la oportunidad de ser votados por la sociedad.
Las tres candidaturas mencionadas tenían la particularidad de ser críticas del sistema y del gobierno de turno. Sus propuestas y sus discursos marcaron un encono contra la arremetida de un Estado que ha capturado u orillado al exilio a más de un centenar de jueces, fiscales, investigadores, periodistas y activistas de Derechos Humanos que desvelaron corrupción de los poderes actuales. Las tres candidaturas punteaban entre el primer y el tercer lugar de los sondeos de opinión e intención de voto. Pero con medidas arbitrarias les truncaron la participación.
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Ahora, según la última encuesta de la consultora ProDatos, publicada por el diario Prensa Libre, registra que en el primer lugar de intención de voto se ubica la exprimera dama, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 21.3%; Edmond Mulet de Cabal, con 13.4% y Zury Ríos del Partido Valor, alejada con un 9.1% de intención de voto. La preferencia por el voto nulo se duplicó, de acuerdo con esta medición, de un 6.3% en abril a un 13.5% en las primeras semanas de junio.
La credibilidad del proceso también fue estudiada por la empresa. Los resultados sobre este aspecto resaltan en un ambiente tenso en redes sociales con voces ciudadanas que pronostican o que ya perciben un fraude entendido por el manoseo de las cortes en la política. Según la encuesta, el 75% cree que el proceso no ha sido limpio ni transparente. Frente a la misma cuestionante planteada en el proceso de 2019, la desconfianza aumentó en 18%.
Al respecto del “día D”, es decir este domingo en las urnas, tan sólo el 30% de la gente encuestada considera que será limpio y transparente, una disminución del 19% con respecto al 2019 y de 21% comparado con la encuesta de 2015.
El analista y empresario, Enrique Godoy, pronosticó que el 45% de la ciudadanía habilitada para votar preferirá quedarse en casa debido a estos factores de indiferencia, exclusión de candidatos populares y la desconfianza en el proceso. En 2019, el abstencionismo ocupó el 38.21%.
Una elección intervenida por las cortes
Luego de la intervención de las cortes y del propio Tribunal Supremo Electoral, los candidatos con más posibilidades de alcanzar la presidencia pasando por una segunda vuelta son Sandra Torres y Edmond Mulet. Zury Ríos iría detrás de ambos y luego un primer pelotón que se ubican entre el 4 y el 6% de intención de votos, según la encuesta publicada en Prensa Libre.
En ese grupo se encuentra el candidato del partido oficial Vamos, Manuel Conde, quien alcanzaría un cuarto o quinto puesto debido a que el presidente Giammattei y su máximo operador, autodenominado su persona de más confianza, Miguel Martínez, lograron que 169 alcaldes (de 340) persiguieran la reelección con el oficialismo.
Dos reportajes elaborados en el marco de los Ciclos de Actualización Periodística (CAP) relatan cómo el oficialismo coaccionó a 144 jefes ediles de otros partidos para trasladarse a Vamos por medio de financiamientos indirectos a través del Programa Nacional para el Adulto Mayor, incremento en el presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (que se encargan de destinar fondos para ejecución de obra pública local) y de la construcción de infraestructura con empresas vinculadas a políticos y actores señalados de corrupción desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En los últimos dos días, The New York Times, El Faro y ConCriterio publicaron que la magistrada Blanca Alfaro del Tribunal Supremo Electoral habría denunciado en la embajada estadounidense en Guatemala que Miguel Martínez le entregó 50 mil quetzales (unos 6 mil dólares) como soborno. Esta reunión con funcionarios de la sede diplomática habría ocurrido a principios del 2022. Según las publicaciones, esa cantidad era recibida por los cinco magistrados titulares del tribunal con periodicidad mensual para favorecer los designios del mandatario. También explican las notas que los funcionarios estadounidenses rechazaron a Alfaro, ya que ella llevó consigo el efectivo recibido para mostrarles la evidencia y obtener apoyo.
El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, publicó un ensayo en el sitio de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL, por sus siglas en inglés) en el que cuestiona la intervención arbitraria de las cortes en este proceso electoral. El experto explica, luego de estudiar las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto de cinco candidaturas que en dos ocasiones, en los casos de Torres y Ríos, la máxima sala del país argumentó los derechos de participación política basados en los convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Guatemala.
Ambos binomios fueron objetados legalmente porque el artículo 186 de la Constitución impide, en el caso de la UNE, que su vicepresidenciable, Romeo Guerra, sea postulado por ser pastor evagelico. En el caso de Ríos, el mismo artículo le prohíbe participar por ser pariente de una persona que llegó al poder tras un golpe de Estado. Su padre, el fallecido general Efraín Ríos Montt fue jefe del gobierno de 1982 a 1983 tras un derrocamiento del presidente anterior.
Sin embargo, en los casos de Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y de Arzú con el partido Podemos; la corte prefirió evadir esos convenios que protegen la participación electoral y se inclinó por normas enmarcadas en la lucha contra la corrupción y a favor de la probidad, a pesar de que ambos procesos de exclusión se basaban en formalidades o procesos administrativos. En el caso de Pineda de Prosperidad Ciudadana, los magistrados fallaron en contra del candidato sin tomar en cuenta que la queja planteada en su contra excedía el plazo para impugnar candidaturas.
“Un análisis de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad revela que la regresión democrática en Guatemala no es un típico caso de autocratización, donde el poder se consolida en las manos de un solo líder o partido. En cambio, el caso de Guatemala se caracteriza por una coalición gobernante que ejerce influencia sobre órganos de pesos y contrapesos, como la CC, para alcanzar sus objetivos”, concluye Ortiz.
¿Los punteros a dedo?
Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Pasaría holgada a una segunda vuelta con más del 21% de los votos válidos. Ella participa por tercera ocasión y ha liderado la bancada más grande en el Congreso en las últimas cuatro legislaturas. Fue acusada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haberse financiado ilícitamente y guardó prisión por más de un año. Todos los cargos en su contra fueron retirados gracias a una alianza con el presidente Alejandro Giammattei, las cortes del país y la fiscal general, Consuelo Porras, tachada esta última de ser un actor antidemocrático y de obstruir la justicia por el Gobierno de los Estados Unidos en la llamada popularmente “Lista Engel”.
Edmond Mulet, Partido Cabal
Ronda el 13% de la intención de voto, según la encuesta mencionada. El candidato fundó el partido Cabal en 2020 por el cual se postula. En las elecciones del 2019, cuando participó por primera vez, apoyó a Giammattei en segunda vuelta. Hoy es crítico del presidente y de la fiscal Porras. Su recorrido político suma más de 40 años. Fue diputado al Congreso entre 1985 y 1993. Luego, dedicó su vida a la diplomacia como embajador en varios países y formó parte de la ONU hasta llegar a ser secretario general adjunto.
Su sombra más oscura es la acusación de tráfico de niños en los ochentas cuando Guatemala permitía que los abogados realizaran los trámites de adopción sin mayores trabas. Según sentencias e investigaciones nacionales y extranjeras, más de 5 mil niñas y niños fueron adoptados de manera ilegal o anómala entre 1977 y 2008. Mulet fue capturado en 1981 por cinco casos de adopciones, pero fue liberado a los días por sus vínculos políticos de la época. Aunque ha negado haber participado en más casos, los registros civiles dan cuenta de que colaboró en, al menos, 16 casos más entre 1984 y 1988.
Zury Ríos, Partido Valor
Este es su cuarto intento por llegar a la Presidencia. En 2011 declinó su candidatura luego de lanzarse con el Frente Republicano Guatemalteco, fundado por su padre, y de cuya bancada legislativa formó parte desde 1996 hasta el 2012 atravesando cuatro legislaturas. En 2013 acompañó al general Ríos Montt en un polémico juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a 80 años de prisión, pero la Corte de Constitucionalidad de ese momento anuló todo lo actuado, por lo que el proceso se repitió, pero el exdictador murió antes de la sentencia que absolvió al otro acusado, el exjefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez.
Ese tribunal determinó que sí hubo genocidio en el país durante el mandato del padre de la ahora candidata. En 2015 quedó en quinto lugar y en 2019 los magistrados de la entonces Corte de Constitucionalidad prohibieron su participación. Ríos es cercana a los grupos más conservadores de la extrema derecha que también apoyaron a su padre. La Fundación contra el Terrorismo fundada por veteranos militares y abogados de personajes señalados de violaciones de Derechos Humanos y corrupción, ha apoyado abiertamente a la candidata. Esta organización ha participado activamente en los procesos en contra de periodistas y operadores de justicia criminalizados por desvelar e investigar corrupción del poder. Trabaja de la mano de la fiscal general, Consuelo Porras.
Las cinco papeletas de unas elecciones controvertidas
Los guatemaltecos elegirán entre cinco papeletas a distintas autoridades del país y del Parlamento Centroamericano (Parlacen). En total, son 41 mil 403 personas postuladas en este proceso.
- La papeleta blanca postula a 22 binomios presidenciales.
- La papeleta verde mostrará a los 372 candidatos a diputados por el Listado Nacional. Esta papeleta llenará 32 curules.
- La papeleta celeste registra a los 2 mil 428 candidatos a diputados distritales que tienen dispuestos 128 escaños en el Congreso. Son 23 distritos electorales, Cada distrito representa a un departamento del país y la ciudad de Guatemala se separa del departamento de Guatemala para formar otro distrito.
- En la papeleta rosada se eligen a las 340 corporaciones municipales: incluye al alcalde, los síndicos y los concejales. En esta elección están inscritas 38 mil 281 personas para ocupar esos cargos.
- La última papeleta es la amarilla que será para elegir diputados al Parlacen representantes de Guatemala. En esta se encuentran 278 personas postuladas para ocupar 20 escaños.