Durante la ratificación “paulatina” de la Constitución OrMu se aprobó este martes 28 de enero, una moción para darle el poder a los mandatarios sandinistas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de elegir a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), una elección que antes correspondía a los mismos magistrados de estas entidades.
La moción, además, aumenta 10 cargos entre magistrados de la CSJ y el sistema judicial, del CSE y contralores propietarios y suplentes. En la primera instancia se habían eliminado 25 cargos en estos poderes –ahora órganos– del Estado. Es decir, la “purga”, que adquirió rango constitucional, eliminó 15 cargos públicos. De los 42 cargos que había en la anterior Constitución, pasó a 27 con la reforma.
La moción modificó cinco artículos (157 ter, 157 quinquies, 159, 160 y 168) del artículo noveno que tiene que ver con la “Organización del Estado”. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, explicó que la moción se aprobó “para hacer más coherente el artículo”.
Ortega y Murillo con más control sobre la CSJ

Porras, diputado sandinista y con orden de captura por la justicia argentina acusado de violaciones a los derechos humanos, dijo que el aumento de cargos “pretende que los magistrados sean pares para alcanzar la equidad de género” y “establecer, en la organización interna, el aumento de período de seis años, como están establecidos en los demás cargos en los órganos del Estado”.
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Con la modificación, se aumenta de nueve a 10 magistrados en la CSJ, y el período de tres a seis años para los magistrados en cada una de las Salas (Constitucional, Civil, Penal y de lo Contencioso Administrativo, y otras Salas que determine la ley) que conforman la CSJ. A los presidentes de estas salas también se les aumentó el período de tres, a seis años.
Además de quitarles el poder a los magistrados de elegir al presidente de la CSJ, que ahora lo tiene la Presidencia, se les quitó la posibilidad de ser reelectos, aunque su período aumentó de tres a seis años. También se eliminó la representación administrativa al presidente de la CSJ.
Otra de las modificaciones es que los integrantes del Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial –quienes ejercen la representación legal, administrativa, dirige la carrera judicial y conoce, investiga y resuelve en lo que compete, las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del Derecho y los funcionarios de Carrera Judicial– serán nombrados por la Presidencia de la República y sus atribuciones estarán establecidas en la ley.
Antes, este Consejo Nacional de Administración de la Carrera Judicial estaba integrado por tres magistrados de la CSJ, electos por la Corte Plena.
El Poder Judicial sigue siendo uno de los más afectados por la purga que ejecuta Rosario Murillo. Desde 2023 se contabiliza la destitución de más de 1100 funcionarios. Una barrida que alcanzó a empleados judiciales de todos los niveles, desde magistrados hasta conserjes y conductores.
Además, en enero pasado, el Parlamento aprobó una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley se asignaba al Poder Judicial.
La Corte Suprema tenía 10 de los 16 magistrados que la integraban, es decir con seis vacantes, cuatro por dimisión y dos por fallecimientos. Otros cuatro magistrados, entre ellos la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, han sido desalojados de sus oficinas y enviados a sus casas, y estarían bajo investigación de las fuerzas represivas de la dictadura.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema se han referido desde noviembre de 2024 a estas detenciones e investigaciones. Alba Luz Ramos, a quien no se le ve en público desde hace meses, dejó de participar en los actos oficiales que encabeza Ortega.
Un magistrado adicional en el CSE y se extienden sus períodos

La moción aumentó de cinco a seis los magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Antes de la reforma OrMu, el CSE estaba integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes.
Al igual que en la CSJ, el presidente del CSE será propuesto por la Presidencia, cuando antes era electo por los propios magistrados de este órgano. Y, aunque se les aumentó el período en el cargo de tres a seis años, se eliminó la posibilidad de que fueran reelectos.
En la Contraloría General de la República fue donde más hubo aumento de cargos: pasó de estar integrada por tres miembros, en la primera legislatura, a estar integrada por ocho miembros (cinco propietarios y tres suplentes), como estaba establecida en la Constitución anterior.
El Consejo Superior de la Contraloría estaba integrado por cinco contralores propietarios y tres suplentes desde el pacto Alemán-Ortega. Incluso, llegó a estar integrado por 14 miembros (siete propietarios y siete suplentes).
La reforma constitucional no tocó a la Asamblea Legislativa, pues siempre estará integrada por 90 diputados, y el período aumentará de cinco a seis años en el cargo.
En una comunicación de la propaganda de la dictadura sandinista, el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, justificó que no se disminuyera el número de diputados porque “ellos son electos por el pueblo nicaragüense” y no designados como los demás funcionarios públicos.
“La cantidad de diputados está, en directa proporción de la cantidad de habitantes que lo eligen, tanto en una circunscripción departamental como en una circunscripción nacional, por lo tanto, para poder hacer ajustes a la cantidad de diputados, debés de tener muchísimo cuidado, y evitar en todo lo posible, que se reduzca la participación del pueblo nicaragüense, porque ahí es donde participa de manera directa”, agregó.
Aprueban copresidencia de Ortega y Murillo

Entre los artículos que se aprobaron este martes 28 de enero se encuentra el 132, que faculta a la Presidencia de la República como la que dirige el Gobierno y coordina a los demás órganos del Estado, de control y fiscalización, regionales y municipales; el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Es decir, el sometimiento de todos los poderes en manos de la pareja presidencial
También se aprobó el artículo 133, en el que ratifica que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, “que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”.
No hubo mociones ni disposiciones transitorias que indiquen que Ortega y Murillo permanecerán en el cargo durante seis años más, porque el artículo 135 de esta misma reforma OrMu establece que el copresidente y la copresidenta deberán ser electos.
Especialistas consultados por DIVERGENTES adelantaron que estas reformas constitucionales no especificaron el funcionamiento de la copresidencia ni la extensión de los períodos presidenciales. Para ello, se necesitaría que se aprobara una disposición transitoria en segunda legislatura, que especificara de cuánto sería la extensión de este período presidencial, es decir, si se suma un año o los seis años que establece la nueva Constitución.
Sin embargo, Porras explicó que esto quedará establecido a través de las modificaciones al marco jurídico del Consejo Supremo Electoral. Uno de los especialistas consultados, Juan Diego Barberena, apuntó que el tema de fondo es que en las elecciones de 2021, cuando ganó el Frente Sandinista en una “pantomima” electoral, se votó básicamente por tres razones: el cargo (presidente y vicepresidente), las personas (Ortega y Murillo) y por el período (2022-2027).
Es decir, los ciudadanos nicaragüenses no votaron para que Ortega y Murillo fueran copresidentes por un período de seis años. “Esto es un argumento de fondo por el que se podría refutar este aspecto de la reforma”, explicó Barberena.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputada sandinista, Arling Alonso, dijo que la reforma “plantea con contundencia que el Estado de Nicaragua es revolucionario”. Alonso dijo que aprobar esta reforma es un “acto de soberanía y de autodeterminación nacional”, y que los nicaragüenses “estamos haciendo historia”.