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El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, afirmó durante la apertura de la cosecha cafetalera 2025-2026 en Wawaslí, Jinotega, que el país “garantiza las condiciones de paz”. La declaración se alinea con el discurso oficialista que insiste en presentar a Nicaragua como “el país más seguro de Centroamérica” y busca transmitir confianza a los productores en el inicio de la temporada. Sin embargo, informes de organismos internacionales describen a las fuerzas armadas como un instrumento clave de control político y represión al servicio de la pareja presidencial.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua” (2025), señala que, aunque el Ejército instaló destacamentos militares y creó el Batallón Ecológico Bosawás con el objetivo de “restringir el acceso y asentamiento de colonos, traficantes de tierras y depredadores en áreas protegidas”, la militarización de la región no ha prevenido la violencia, ni las invasiones de tierra ancestrales, sino que las ha agravado. 

Según la CIDH, en la última década “la intensa militarización favoreció el recrudecimiento de la violencia armada y de las invasiones de tierras”, además de documentar casos de represión y abusos cometidos por efectivos militares y la falta de protección efectiva a las comunidades indígenas.

La represión también ha alcanzado a dirigentes comunitarios y guardabosques mayangnas. El 13 de septiembre de 2024, Stedman Fagoth, entonces asesor presidencial para Asuntos de Pueblos Originarios y exlíder de Yatama, fue detenido arbitrariamente por el Ejército, tras denunciar la complicidad de autoridades en el despojo de tierras indígenas y la venta ilegal de territorios ancestrales. 

Guardabosques del sector Kahkah, en la Reserva de Biosfera Bosawás —Rodrigo Bruno Arcángel (48), Víctor Castro (20), Stony Bruno Smith (28) y un menor de edad— fueron detenidos violentamente por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y del Batallón Ecológico del Ejército, según denuncias de organizaciones indígenas.

Durante la audiencia sobre la “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, realizada en el 172° Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH, el Estado nicaragüense sostuvo que la violencia en esas zonas se debe a “conflictos comunes”, y que el Ejército y la Policía Nacional intervienen en “esfuerzos de pacificación”. 

No obstante, el informe de la CIDH publicado en octubre de 2025 contradice esa versión: documenta que entre los atacantes hay exmilitares desmovilizados y miembros activos del Ejército y de las Tropas de Tácticas y Armas Policiales e Intervención y Rescate (Tapir), además de múltiples denuncias públicas realizadas por comunidades y organizaciones sobre la complicidad o inacción estatal ante estos hechos. 

Fundación del Río ha denunciado la presencia del Ejército realizando labores de inteligencia en zonas de extracción minera, así como la actuación o tolerancia frente a grupos armados que han invadido más de un millón de hectáreas de territorios indígenas en la Costa Caribe. Muchas de estas invasiones ocurren dentro de áreas protegidas, donde se explotan recursos naturales y se provoca el desplazamiento forzado de comunidades que históricamente han habitado estos territorios, sin que existan acciones efectivas de contención o justicia. 

“Nuestra evaluación concluye que la invasión forma parte de una estrategia de control territorial del Ejército… La presencia de familias invasoras permite al Ejército obtener información en zonas donde antes no tenía capacidad de vigilancia”, dijo Amaru Ruiz, presidente de esta organización ambientalista. Esta evaluación contradice el discurso oficial sobre el rol pacificador de las fuerzas armadas y sugiere, más bien, una relación permisiva o encubridora ante la violencia y el despojo en la región.

Un Ejército señalado por represión y ejecuciones extrajudiciales

La paz que refiere el general Julio César Avilés, tampoco corresponde con la represión interna ni con la alianza histórica entre el Ejército y el régimen Ortega-Murillo. Según organismos internacionales, las fuerzas armadas permitieron la represión de 2018, marcada por ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de las Naciones Unidas reportó en su informe de febrero de 2025 que obtuvo información creíble sobre la participación del Ejército en la represión contra manifestantes durante las protestas de 2018, incluyendo el uso de armas letales en coordinación con la Policía Nacional y grupos parapoliciales.

De acuerdo con el informe, el 20 de abril de 2018, dos días después del inicio de las manifestaciones, se realizó una reunión entre oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia Militar y Personal de Cuadros, en la cual se afirmó que “el país enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”. Esta directriz marcó el inicio de una estrategia represiva coordinada entre instituciones de seguridad del Estado. 

Según el Ghren, el 20 de abril de 2018, dos días después del inicio de las protestas masivas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros, en la que se dijo que “se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”, y por ende, debían  “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones, según la orden presidencial informada por el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez. 

En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del Ejército, Julio César Avilés, por su apoyo al régimen de Daniel Ortega y por su papel en la represión política iniciada en 2018. Los antecedentes documentados indican que ni el Ejército, ni sus mandos pueden considerarse garantes de la paz, sino actores subordinados a una estructura de poder que utilizan la fuerza para sostener el control de una familia de todo un Estado.