Si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, perdón, disculpen, digo: si los “cojefes supremos de las Fuerzas Armadas de Nicaragua” son criminales de lesa humanidad, no es para menos que los generales del Ejército de Nicaragua también lo sean. Y eso ha quedado demostrado por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas este 26 de febrero a través de un informe que desarticula aquel cuento recurrente de Julio César Avilés y sus secuaces de que la institución castrense no participó en la brutal represión por motivos políticos, desatada a partir de 2018 por Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, lo que el documento de la ONU demuestra no es que sólo sean miembros de la banda terrorista de Estado de El Carmen, sino que son cabecillas claves de la masacre de abril de ese año y sus consecuentes etapas persecutorias. 

Con “información creíble” a mano, los expertos de la ONU prueban y ahondan en la colusión del alto mando militar en la violenta estratagema en la que –hasta ahora– sólo solía implicar a policías y paramilitares sandinistas, cuyo saldo más grande son más de 350 personas asesinadas en 2018. Pero no sólo eso: los militares son criminales de lesa humanidad tan habilidosos como metódicos, dignos aprendices de sus antecesores uniformados de la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet y del Paraguay de Stroessner. 

O sea, que los militares comandados por el general Julio César Avilés son versátiles e hicieron todo lo que negaron: armaron a los paramilitares con fusiles de guerra –que sólo el Ejército podía tener–; militares participaron vestidos de civiles durante la “Operación Limpieza”; entrenaron a civiles como fuerzas paraestatales y espían, pero espían bastante… A través de la Dirección de Información para la Defensa, el Ejército tuvo acceso a datos recopilados por la Policía y otros organismos de seguridad, identificando a opositores y facilitando su detención o persecución. 

El informe, además, menciona una reunión clave el 20 de abril de 2018, en la que altos oficiales del Ejército recibieron instrucciones directas sobre cómo proceder contra los manifestantes. Se les informó que el país enfrentaba un “golpe de Estado” y que debían actuar en consecuencia para garantizar la permanencia de la tiranía matrimonial. En esa reunión estuvieron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros. Uno de ellos fue el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, quien leyó una orden presidencial que instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones. 

Por su parte –prosigue el documento– el general Avilés ordenó la participación de militares en la represión, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas, tal cual ocurrió: el peor derramamiento de sangre en Nicaragua desde la posguerra. Sangre que, como sospechábamos, ha manchado –sobre todo para la posteridad de la ignominia– el uniforme del Ejército de Nicaragua. En otras palabras, esa institución que después del triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro en los noventa se profesionalizó y se convirtió en uno de los baluartes de nuestro corto trayecto democrático. 

Después de un nacimiento originado en la Revolución Sandinista, el Ejército de Nicaragua logró deslindarse de sus medallas rojinegras y colgarse en la solapa verdeoliva una medalla de corte nacional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. No era casual entonces que después de la etapa más cruda de la rebelión de abril en 2018 se pensara en el Ejército como un actor de papel vital en una eventual transición democrática. Recuerdo que por esos días se trataba con recelo el promover o plantear sanciones internacionales para el Ejército y sus generales. Se creía todavía que iban a salvar el decoro militar –sobre todo por sus negocios varios a decir verdad–; que iban a sostener sus valores profesionales… pero qué va, si es que el Ejército y sus generales –empezando por Avilés– ya hace rato se habían jodido. 

¿En qué momento, parafraseando a Zavalita en Conversación en la Catedral, se jodió el respetado Ejército de Nicaragua? A partir de 2014, cuando el caudillo sandinista reformó el Código Militar y permitió la reelección indefinida del jefe del Ejército y eliminó la tradicional sucesión en la comandancia militar. La independencia institucional militar fue torpedeada y Avilés comenzó a reclutar con facilidades para la perdición a otros generales, mientras Ortega y Murillo purgaban o enviaban a retiro a otros. Mientras quienes aún les servían de militares falderos han sido enviados a instituciones públicas.

La sed de dinero y corrupción sometió y llevó a los generales del Ejército de Nicaragua a cruzar el Rubicón en 2018 y pusieron toda su capacidad militar al servicio de dos dictadores encolerizados que dispararon a matar. Permítanme recurrir a otro parafraseo con el lema del Ejército de Nicaragua que reza, desde hace mucho sin sentido, “Todo por la Patria”: de modo que los generales pusieron “todo su arsenal” contra la “patria”.  

Hasta el día de hoy con la publicación del informe de los Expertos de la ONU, el Ejército había navegado en una fragata con una bandera mellada de credibilidad: que nunca fueron represores y se limitaron “a proteger bienes estratégicos” del Estado en 2018. Esa bandera, con la contundencia de lo que dice el informe, ya no aguanta para ser izada y quizá sólo pueda ondear a partir de ahora en los océanos de cinismo, abyección y descaro de la pareja “copresidencial”. 

El Ejército de Nicaragua es una vergüenza nacional e histórica, a tal punto que callaron cuando su general fundador, Humberto Ortega Saavedra, falleció en cautiverio de los “copresidentes”. El Ejército de Nicaragua se dejó someter por sus generales hasta lo más hondo del zapato y la sandalia de Ortega y Murillo. La prueba más reciente de ese sometimiento se dio este viernes 21 de febrero, cuando el general Avilés fue juramentado para su cuarto período consecutivo. Con este nuevo mandato 2025-2031, el jefe castrense completaría 21 años en el cargo que tomó en 2010, un proceder inédito en la historia reciente militar y del país. 

Durante el acto de juramentación, Avilés agradeció a Ortega por su respaldo y le confirmó que cuente “con la firme determinación de todos para continuar aportando en la construcción de la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos”. De esa forma quedó consolidado el Ejército de los generales condecorados por criminales de lesa humanidad. Avilés ya bien puede cambiar el lema militar: “¡Todo por los Codictadores!”.