Unos 50 feligreses de la parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en Boaco, a 90 kilómetros de Managua, salieron a protestar la noche de este miércoles por la de tención de monseñor Leonardo Urbina, acusado por la presunta violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una niña de 12 años.
A pesar de que en Nicaragua el régimen sandinista mantiene un estado de excepción desde septiembre de 2018, cuando prohibió las protestas, los ciudadanos salieron de sus casas rumbo al templo para solidarizarse con Urbina. “Libertad, libertad”, gritaron los feligreses ante el acoso de las autoridades. “Viva la Iglesia Católica”, repitieron al unísono las mujeres y niños.
El religioso fue dejado en prisión preventiva y remitido al forense porque lo aquejan varios malestares, detalló una nota del medio oficialista El 19 digital. El acusado enfrentará la audiencia inicial el próximo 21 de julio de 2022, a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía mencionó que los hechos acusados ocurrieron supuestamente en Boaco, en distintas fechas y lugares (diciembre de 2021, enero y abril de 2022). “El sacerdote Leonardo Urbina, en 2016 conoció a la señora Tomasa Centeno, quien es abuela paterna de la víctima de iniciales M.J.V.S., y debido al grado de confianza entre el cura acusado y la abuela de la niña, este aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza a tal punto que la niña lo reconocía como su padrino”, detalla la acusación.
Según la información oficial, el sacerdote le dijo a la niña “que si contaba algo de lo sucedido, la iba a mandar a matar”. La defensa pidió detención domiciliaria, pero la judicial le impuso la prisión preventiva argumentando que se trataba de un delito grave.
Después de que finalizó la protesta y se difundieron las imágenes en redes sociales, los pobladores denunciaron que la Policía rodeó la casa del comunicador de Canal 10, Francisco Cantillano y ocupó su equipo periodístico, quien fue citado hoy por la policía.
El hostigamiento a Cantillano ocurre en medio de una nueva y silenciosa oleada represiva del régimen sandinista en contra del periodismo independiente. En la última semana la dictadura capturó a dos conductores de La Prensa a quienes tienen bajo investigación, y allanó las viviendas de otros reporteros del diario.
Segundo sacerdote arrestado
Este sería el segundo sacerdote que el régimen judicializa en menos de un mes. El primero fue Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario, de la ciudad de Nandaime. El cura fue declarado culpable por el delito de “amenaza con arma” en contra de cinco ciudadanos, en un caso repleto de irregularidades y testimonios contradictorios.
La detención de Urbina y la culpabilidad de García, llegan en medio de persecuciones contra la Iglesia Católica, una de las pocas instituciones dentro del país que mantiene su postura crítica contra la dictadura.
Hasta ahora la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado por ninguno de los dos casos. Únicamente mostró su solidaridad por la expulsión de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que abandonaron Nicaragua después de que el régimen de Daniel Ortega cerrara su asociación y la Policía las trasladara en un microbús hasta la frontera con Costa Rica.
El régimen ha desplegado desde las protestas de abril de 2018 toda una campaña contra la Iglesia Católica que abrió los templos para garantizar canales de ayuda humanitaria. La embestida ha provocado el exilio de los sacerdotes más críticos contra la dictadura, como lo son monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román, de Masaya.
Tras la escalada represiva de 2021, cuando la dictadura apresó a más de cuarenta líderes de oposición, activistas y empresarios, el foco represivo se ha puesto en los sacerdotes. Los casos más recientes fueron contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí; y el del padre Harving Padilla.