En el 2023 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó los ataques contra la Iglesia católica, denuncia la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su último informe mundial presentado este jueves, en el capítulo referido a Nicaragua.
De acuerdo con la organización, el régimen orteguista incrementó las arremetidas “contra cualquier persona percibida como crítica”, incluyendo miembros de la Iglesia católica.
Además, el Gobierno continuó reprimiendo “a todos los sectores de la sociedad” y profundizó el aislamiento internacional de Nicaragua.
Si bien la persecución contra la Iglesia católica inició desde la crisis sociopolítica en 2018, las detenciones y criminalización contra sacerdotes y feligreses iniciaron en 2022, y en 2023 tomaron mucho más fuerza, resalta el organismo.
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Ola de detenciones y prohibiciones en Semana Santa
Durante 2023, los ataques se intensificaron en Semana Santa. Además que las procesiones tradicionales de esas fechas fueron prohibidas por la Policía Nacional, se ejecutaron detenciones y juicios exprés previa y durante la celebración, incluyendo a personas pertenecientes a la feligresía católica.
En este tiempo también se registró la expulsión de sacerdotes y monjas extranjeras.
En mayo de 2023, la Policía Nacional inició una investigación a varias diócesis por el delito de lavado de dinero, al supuestamente utilizar de forma ilegal “fondos y recursos de cuentas bancarias” de personas condenadas por traición a la patria.
Entre los miembros de la Iglesia católica que están acusados de traición a la patria se encuentra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Álvarez fue declarado apátrida en febrero del año pasado, luego que se negara a ser desterrado del país, con otras 222 personas presas políticas.

Sin juicio alguno, fue declarado culpable por traición a la patria y propagación de noticias falsas, y condenado a 26 años de cárcel. Actualmente sigue privado de libertad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, también conocido como La Modelo.
Persecución contra jesuitas
En agosto de 2023 la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de la Compañía de Jesús, fue despojada de su personería jurídica y confiscada de manera arbitraria.
La confiscación se realizó luego que la dictadura acusara a la institución jesuita de ser “un centro de terrorismo” y girara un “oficio” contra las autoridades académicas.
La casa donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaba ubicada en Villa El Carmen contiguo a la UCA, también fue confiscada por el régimen y los clérigos que habitaban en ella fueron desalojados forzosamente.
Solo días después de estos actos, el 23 de agosto de 2023, la Compañía de Jesús también fue despojada de su personería jurídica y todos sus bienes fueron confiscados.
Esto supuso la interrupción de la educación de miles de estudiantes y el exilio de varios sacerdotes jesuitas.
En octubre la dictadura desterró a 12 sacerdotes católicos detenidos en un contexto de persecución política y fueron enviados a la Ciudad del Vaticano, tras diversos acuerdos con la Santa Sede.
Iglesia católica sufre persecución y criminalización continua

Pese a la liberación de las más de 200 personas que estaban privadas hasta el 9 de febrero de 2023, la dictadura Ortega Murillo continuó con las detenciones arbitrarias, denuncia HRW en su informe.
“Hasta octubre, permanecían encarcelados 81 presos políticos, según una organización nicaragüense de derechos humanos. La mayoría estaban acusados de menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas”, señala HRW.
Mientras las personas detenidas enfrentan juicios a puerta cerrada sin la compañía de sus abogados y en medio de procesos totalmente arbitrarios y contrarios a la ley, las personas desterradas y desnacionalizadas —que se contabilizan más de 317—, fueron eliminadas del registro civil, de las universidades públicas y de las diferentes instituciones estatales.
“Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y, como se mencionó anteriormente, detenciones y procesos penales arbitrarios y privación de la nacionalidad”, continúa el organismo.
Desmantelamiento del espacio cívico
HRW también expuso que el régimen Ortega-Murillo clausuró más de 3 500 organizaciones no gubernamentales que incluían organizaciones de mujeres, religiosas, de asistencia internacional y médicas.
El cierre masivo de estas organizaciones empezó en 2023 y continuó hasta el año pasado. Muchas veces la cancelación de la personería jurídica también incluía la confiscación de las instalaciones del lugar.
“Esto representa aproximadamente el cierre del 50% de las organizaciones que operaban oficialmente en Nicaragua antes de abril de 2018. Los cierres han dejado sin servicios esenciales a muchos beneficiarios, indica el organismo.
El cierre de estos espacios también incluye el cierre de medios de comunicación y una mayor persecución a periodistas. Solo en 2023 se exiliaron al menos 23 periodistas, señala HRW. Esto sumaría a más de 208 personas de prensa que han huido del país debido a la criminalización de su oficio.
Ante esta continua represión han perecido los grupos más vulnerables como son las mujeres, niñas y adolescentes que sufren la desprotección y violencia machista; comunidades indígenas que viven impunemente los ataques de colonos; y personas con discapacidad que enfrentan graves problemas de acceso a sus derechos.