Desde que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asumieron el poder en el 2007, han “desmantelado” todos los controles institucionales al poder presidencial y profundizado la represión sistemática contra aquellos que se oponen a su régimen, abriendo procesos arbitrarios, coartando la libertad de expresión y religiosa, generando una grave crisis migratoria, recogió la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual 2023.
El documento del organismo expone diferentes aristas de la represión ejercida por la administración sandinista a partir de 2018, cuando las fuerzas del Estado reprimieron brutalmente las manifestaciones antigubernamentales, dejando más de 325 personas asesinadas, según registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al evaluar la situación de Nicaragua, HRW sostiene que Ortega y Murillo “ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Decenas de personas detenidas arbitrariamente continúan tras las rejas”.
Asimismo, la organización con sede en Nueva York, manifiesta que el clima de impunidad impera en el país desde hace más de cuatro años. Destaca que en 2018 muchos manifestantes fueron sometidos a torturas, golpizas violentas violaciones sexuales y, “ningún policía ha sido condenado en relación con estos abusos”.
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En su informe mundial, HRW señala que, hasta septiembre del año pasado, 209 personas percibidas como críticas al régimen, continúan detenidas, entre ellas las que fueron arrestadas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021.
“Las autoridades han acusado a críticos de menoscabar la integridad nacional, propagar noticias falsas, lavado de dinero y otros delitos. La mayoría han permanecido incomunicados durante semanas o meses en el centro de detención El Chipote; y, en algunos casos, en aislamiento prolongado”, enfatiza la publicación.
Entre febrero y mayo de 2022, la justicia sandinista ha condenado a 50 opositores en procesos penales, que según HRW se basaron en cargos “absurdos y sin garantías básicas de debido proceso”.
Sobre estos procesos penales contra opositores, en su última aparición pública, el pasado 10 de enero, Ortega dejó entrever que no liberará a los presos políticos, porque, dijo, “se debe de defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”.
“Blanco de amenazas”
La organización especifica que, en Nicaragua, los principales objetivos de represión gubernamental son los defensores de derechos humanos, periodistas y “otros actores críticos del gobierno”. Estos, según HRW, son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, detenciones arbitrarias y procesos penales.
“A menudo, la policía hace guardia frente a las viviendas de críticos, para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen en muchos casos detención arbitraria”, apunta el organismo.
La denuncia también destaca la detención arbitraria de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y de otros sacerdotes, seminaristas y camarógrafos que son parte del equipo de trabajo del religioso. La justicia sandinista envió a juicio al jerarca católico y lo acusa de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
El informe también da cuenta del cierre de más de dos mil organizaciones civiles durante el 2022, entre ellas organizaciones de mujeres, religiosas, de asistencia internacional y médicas.
“Muchos de esos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre ‘agentes extranjeros’ aprobada en 2020. Al menos otras 70 organizaciones fueron cerradas entre 2018 y 2021. También se canceló la personería jurídica de 18 universidades entre diciembre de 2021 y febrero 2022, interrumpiendo la formación de miles de estudiantes”, puntualiza HRW.
Libertad de expresión restringida
El informe también ofrece un apartado en el que destaca las violaciones a la libertad de prensa cometidas por la Administración Ortega-Murillo contra periodistas y medios de comunicación independientes.
Para el organismo, la dictadura nicaragüense, a través de los diputados de la Asamblea Nacional, ha aprobado leyes, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley sobre Agentes Extranjeros, que “restringen gravemente la libertad de expresión y de asociación”, y las utilizan para cerrar forzosamente organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, “para detener y procesar arbitrariamente a periodistas y defensores de derechos humanos”.
Destaca que seis periodistas fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021. Estos fueron acusados de los delitos de propagar “noticias falsas”, lavado de dinero y menoscabar la integridad nacional. “En 2022, fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión”.
De hecho, el último informe anual presentado por la red regional Voces del Sur, recoge que entre enero y diciembre de 2022 en Nicaragua se registraron 703 casos de violaciones a la libertad de prensa, cometidos por el régimen sandinista, siendo el abuso del poder estatal, las agresiones y ataques, los principales mecanismos de represión.
En la misma línea, HRW sostiene que las reformas y leyes adoptadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 han sido utilizadas para disuadir expresiones críticas, inhibir la participación de opositores en las elecciones y mantener encarcelados a críticos sin presentar acusaciones formales.
“En julio de 2022, las autoridades despidieron de facto a cinco alcaldes opositores electos, citando la falta de registro de su partido, y designaron a miembros del partido de gobierno para reemplazarlos”, menciona el informe.
Migración masiva
Al evaluar la situación migratoria en Nicaragua, la firma internacional citó los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para dimensionar la grave crisis que vive el país centroamericano, con más de 200 mil ciudadanos desplazados entre abril de 2018 y marzo de 2022. Todos empujados por el clima de opresión y crisis económica que impera en el país.
El apartado finaliza mencionando las cifras de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, las cuales revelan que, entre enero y septiembre de 2022, las autoridades de ese país detuvieron a un total de 164 mil nicaragüenses. Es decir, más de 50 mil detenidos que en el 2021.
Muchos otros nicaragüenses huyeron hacia Costa Rica, México, Panamá y Europa.