Juez quiere condenar sin pruebas y a la carrera a integrantes de la Fundación Violeta

Después de una semana de audiencias, el juez pretende acelerar el proceso y terminarlo este jueves. Se trata de un juicio plagado de inconsistencias, contradicciones y arbitrariedades. Pese a que el juez permite ventajas a la Fiscalía, esta no ha logrado presentar pruebas contundentes en contra de los acusados

Los extrabajadores de la Fundación Violeta asisten a una cita a la Fiscalía previo a su juicio. Divergentes | Archivo.

La Fiscalía no ha logrado presentar ninguna prueba contundente contra los integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que están siendo acusados desde hace una semana por lavado de dinero y otros cargos. De acuerdo a una fuente de DIVERGENTES, la estrategia del juez a cargo, Luden Martín Quiroz, es acelerar el proceso “con la finalidad de que los procesados no puedan

 ejercer adecuadamente su derecho a la defensa”. El juez pretende terminar el juicio este jueves, lo que limitaría el tiempo que requieren los abogados defensores para presentar alegatos. 

En el juicio contra la FVBCh están siendo procesados la que fue aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, como expresidenta de la organización; Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y ex vicepresidente de la fundación; los trabajadores Walter Gómez, financiero, Marcos Fletes, contador, y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana. 

Cristiana ha dicho que creó desde 1997 la FVBCh para “apoyar al periodismo independiente y mejorar las capacidades”. La fundación licitó y administró fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias internacionales de cooperación, lo que sirvió de “argumento” para que el régimen la acusara de supuestamente desviar los recursos para financiar a la oposición nicaragüense.

Desde el dos de junio de este año, Cristiana Chamorro está bajo el régimen de casa por cárcel. Fue la primera de los seis aspirantes presidenciales que fueron capturados por el régimen antes de las elecciones presidenciales del seis de noviembre. 

Fiscalía acusa a periodistas y plataformas digitales

Divergentes.

Durante el juicio que inició el 3 de marzo, la Fiscalía ha acusado a los periodistas que fueron beneficiados por proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) por supuesta apropiación indebida de estos recursos. Según la acusación, los periodistas “buscan la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”. Entre las plataformas señaladas se encuentran DIVERGENTES y Wilfredo Miranda Aburto, cofundador de este medio de comunicación. 

Los programas promovidos por la fundación daban servicios de capacitaciones a periodistas y eran del conocimiento público. 

En el juicio la Fiscalía no ha presentado pruebas contra de los acusados por cargos de lavado de dinero, administración abusiva y apropiación indebida. El primer día declararon testigos civiles y en los días posteriores lo hicieron algunos policías. Según nuestra fuente, “ninguno ha podido aportar prueba en contra de los acusados y más bien mostraron contradicciones y falsedades”. 

Las contradicciones más evidentes son sobre los detalles de los arrestos y allanamientos, donde habían encontrado las supuestas pruebas del caso. Además de los detalles de los reportes presentados por la FVBCh

Una de las contradicciones es que se confirmó que los fondos provienen de Usaid. Por lo tanto, si los fondos son lícitos, no existe lavado de dinero. Además, la misma agencia, Usaid, se pronunció el 27 de mayo de 2021 negando que la FVBCh haya lavado dinero. 

Arbitrariedades en el juicio

La redacción de La Prensa sigue confiscada por el gobierno. EFE

La fuente explicó que el juez que lleva el caso también ha cometido fallos legales. Por ejemplo, ha permitido que la Fiscalía tenga acceso para hablar con los procesados y a toda la documentación del caso desde hace más de nueve meses, mientras que los abogados defensores no han tenido acceso ni siquiera a entrevistarse con sus defendidos, y menos al expediente del proceso, que se ha mantenido en secreto. 

A los fiscales se les permite tener computadores, tabletas electrónicas y celulares con acceso a internet, mientras que a los abogados defensores sólo se les permite tener documentos y bolígrafos. No tienen derecho de hacer una llamada porque los celulares son retenidos en la recepción de El Chipote, la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde se realizan los juicios en contra de los presos políticos. Estos procesos deben realizarse en el Complejo Judicial, con audiencias orales y públicas, con acceso a los medios de comunicación y los familiares de los presos políticos. 

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