El co-canciller Denis Moncada viajó a Cataluña para defender la imagen del Gobierno Ortega-Murillo ante simpatizantes europeos. Durante su intervención en el encuentro del Comité de Solidaridad con la Revolución Sandinista, afirmó que en Nicaragua se respetan los derechos humanos y la economía avanza. Sin embargo, los datos oficiales e informes internacionales muestran lo contrario. Diver Check verificó cinco de sus declaraciones.
Moncada afirmó que “en términos de soberanía alimentaria, somos el único país de Centroamérica que produce aproximadamente el 90% de los alimentos que consume”. La cifra suena alentadora y proyecta una imagen de autosuficiencia, pero es cuestionable y no verificable. El régimen basa este tipo de afirmaciones en reportes propios del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa (Mefcca), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio Agropecuario, sin respaldo de fuentes independientes, ni datos públicos que confirmen ese porcentaje.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), expulsada recientemente del país por el gobierno Ortega-Murillo, sostiene en su informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025” que utiliza “métodos estadísticos rigurosos” para medir el hambre y promover la transparencia entre los Estados miembros. En ese documento, Nicaragua figura como un país de ingresos bajos y con déficit alimentario, información que contrasta con lo mencionado por Moncada. Según este informe no existen reportes adicionales porque el Estado nicaragüense no ha enviado información oficial a la organización.
La Iniciativa de la Cuenta Regresiva para los Sistemas Alimentarios (Food Systems Countdown Initiative, FSCI) monitorea la situación alimentaria global en dimensiones como nutrición, salud, medioambiente, producción, pobreza y gobernanza. Según su último informe, actualizado hasta 2023, en Nicaragua el costo promedio de una dieta saludable es de 4.90 dólares PPP diarios por persona, y el 28% de la población no puede costearla.
Los datos también muestran que la disponibilidad de frutas alcanza los 135.8 gramos por persona al día, la de vegetales es de 98.8 gramos, y el índice de producción alimentaria se sitúa en 127,9 puntos (base 2004-2006 = 100). A pesar de estos niveles de producción, la prevalencia de subnutrición continúa en 17%, lo que evidencia que el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo una limitación para una parte importante de la población nicaragüense.
Los informes históricos de la FAO muestran que Nicaragua incrementó su producción de alimentos en un 68% desde 1990-1992 y logró, a inicios de los 2000, cubrir las necesidades calóricas básicas de su población. Sin embargo, esa mejora no equivale a producir el 90% de los alimentos que consume el país. La agricultura sigue siendo mayoritariamente de pequeña escala, con baja productividad y apenas un 3.2% de tierras cultivables bajo riego.
Pese al discurso oficial sobre la autosuficiencia alimentaria, los datos independientes muestran otra realidad. Mientras el Gobierno insiste en hablar de soberanía alimentaria, las cifras verificables revelan un país con brechas crecientes en el acceso a alimentos y sin información pública que respalde los supuestos avances.
Moncada exagera logros en alfabetización
“En enero de 2007 en Nicaragua había un 23% de analfabetismo, desde 2009, Nicaragua se declaró libre de analfabetismo. Y la lista sigue compañeros y compañeras y la lista aumentará progresivamente”, dijo Moncada en el encuentro internacional. Sin embargo, la afirmación del co-canciller es engañosa, pues aunque el régimen dice que el país está libre de analfabetismo, no es reconocido oficialmente por organismos internacionales como la Unesco.
La referencia de Moncada corresponde a agosto de 2019, cuando el Gobierno anunció haber alcanzado un 95.4% de alfabetización mediante la Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel”, impulsada por el Ministerio de Educación (Mined) y respaldada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Sin embargo, los datos nacionales no son verificables de forma independiente: el Estado no ha publicado censos actualizados, metodologías completas ni evaluaciones externas que confirmen ese porcentaje.
La Unesco define la tasa de alfabetización como el porcentaje de personas de 15 años o más que pueden leer y escribir un enunciado sencillo sobre su vida cotidiana (UIS Unesco). Según Juan Arrien, en su libro La alfabetización en Nicaragua, se suele establecer una relación entre escolarización y alfabetismo: una persona se considera alfabeta cuando ha completado al menos el 4.º grado de educación básica, y con mayor seguridad si ha superado el 6.º grado. Quienes alcanzan estos niveles poseen un dominio básico de lectura, escritura y cálculo que les permite desenvolverse en las actividades ordinarias de su vida personal, familiar y comunitaria.
“El último valor registrado en 2015 es del 82.61%, lo que representa un aumento con respecto al 78% de 2005. En comparación, el promedio mundial es del 82.52%, según datos de 45 países. Históricamente, el promedio para Nicaragua entre 2001 y 2015 es del 79.2 %. El valor mínimo, del 77%, se alcanzó en 2001, mientras que el máximo, del 82.61%, se registró en 2015”, dice un informe de The Global Economy.
En agosto de 2024, la copresidenta Rosario Murillo destacó que “… desde el 2007 en la segunda etapa de la Revolución se inició la campaña de Martí a Fidel, y en agosto de 2009 se declaró a Nicaragua territorio libre de analfabetismo, logrando reducir estas lacras del 23% que dejó la oscurana neoliberal al 4.7%”, matizó Moncada Colindres en su intervención.
Sin embargo, para que un país sea reconocido internacionalmente como libre de analfabetismo, debe existir evidencia pública verificable y, en algunos casos, validación de organismos como la Unesco. Aunque Nicaragua ha mostrado avances en alfabetización, las afirmaciones del régimen y de Moncada carecen de verificación independiente. No hay pruebas que respalden que el país haya alcanzado este estatus según los criterios internacionales, por lo que la proclamación oficial resulta exagerada y engañosa.
El mito de la seguridad: Nicaragua entre la propaganda y los señalamientos de narcoestado
Durante el encuentro, el cocanciller Denis Moncada afirmó que “somos el país más seguro de Centroamérica, y uno de los primeros a nivel de América Latina y el Caribe”, una declaración cuestionable. El régimen sostiene este argumento destacando la certificación internacional de sus puertos y aeropuertos, así como su papel como “muro de contención” frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, el Informe de Seguridad Global: Medición de la Seguridad Personal en el Mundo, elaborado por CID Gallup, ubica a El Salvador como el país más seguro de la región, contradiciendo lo dicho por Moncada. Además, aunque el Gobierno nicaragüense asegura que no existen maras, pistas clandestinas para el tráfico de drogas ni grupos de extorsión, la falta de información independiente, las denuncias sobre actividades ilícitas y la opacidad de los datos oficiales ponen en duda la versión oficial.
En este contexto, resulta contradictorio que el régimen se presente como garante de la seguridad regional cuando existen señalamientos internacionales sobre vínculos entre el país y el narcotráfico. De acuerdo con el politólogo Carlos Sánchez Berzaín, Nicaragua forma parte de un grupo de “narcoestados” junto con Venezuela, Cuba y Bolivia, citando incautaciones de droga provenientes del territorio nicaragüense en Italia y Rusia. A ello se suman acusaciones de la Fiscalía Federal de Nueva York que vinculan al entorno de Daniel Ortega con redes de tráfico gestionadas por el cártel venezolano Los Soles.
Así, aunque el régimen sostiene un discurso de seguridad y soberanía, las denuncias sobre corrupción, opacidad institucional y vínculos con el narcotráfico cuestionan la credibilidad de la narrativa oficial.
El país que presume igualdad mantiene a sus mujeres fuera del poder real y del mercado laboral
Durante el encuentro, Denis Moncada afirmó que “Nicaragua está entre los primeros países del mundo en equidad de género”, una declaración parcialmente cierta pero engañosa. Si bien el país figura en los primeros lugares del Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), esta posición se basa en información proporcionada por el propio régimen y no en evaluaciones independientes. El indicador mide la presencia femenina en cargos públicos, pero no el acceso real al poder, la libertad política ni el respeto a los derechos de las mujeres.
En la práctica, la paridad en Nicaragua es sobre todo formal y controlada: muchas funcionarias ocupan cargos sin autonomía ni capacidad de decisión, bajo la tutela del círculo presidencial. Al mismo tiempo, el Gobierno ha desmantelado organizaciones feministas y de derechos humanos, ha cancelado personerías jurídicas y ha perseguido a activistas y periodistas, varias de ellas exiliadas o desaparecidas.
Aun así, el país sigue apareciendo en los rankings internacionales de igualdad porque estos informes se elaboran con los datos oficiales que el Estado envía. Para feministas y analistas, esa información es incompleta y sesgada, construida para proyectar una imagen de equidad que no se corresponde con la realidad.
Según el WEF, Nicaragua obtuvo un puntaje de 0.783, lo que deja un 21.7% de desigualdad por resolver. En cuanto a la participación y oportunidades económicas, el país alcanzó apenas 0.533 puntos, ubicándose en el lugar 131 a nivel mundial, lo que evidencia que la brecha de género en empleo, salarios y puestos directivos sigue abierta, es decir, hay pocas mujeres en el mercado laboral, una gran desigualdad salarial y menores ingresos frente a los hombres. La afirmación de Moncada, también es engañosa, puesto que, según el WEF que de cada diez nicaragüenses el 4.8 mujeres participa en el mercado de trabajo frente al 8.3 hombres, una diferencia de -35 puntos porcentuales.
Estos datos reflejan que, las mujeres ganan menos de la mitad que los hombres en un año, pues aunque el país figura “alto” en igualdad salarial por trabajo similar, en la práctica el ingreso real de las mujeres sigue rezagado, porque hay menos mujeres en el mercado laboral, muchas están en el empleo informal o en puestos de baja remuneración, y pocas acceden a cargos de poder o mejor pagados.
Una “reforma democrática” que consolidó el poder absoluto del régimen
Durante el encuentro, Denis Moncada afirmó que, al reformar la Constitución Política, Nicaragua fortaleció su “modelo de democracia y el protagonismo del pueblo como líder del proceso revolucionario”. Según el funcionario, esta reforma vino a “alinear las instituciones públicas de manera más clara y coherente para servir mejor a nuestro pueblo, permitiendo un mayor crecimiento económico, mayor seguridad y estabilidad social, así como la permanente restitución de los derechos de las familias nicaragüenses”.
Sin embargo, no todos los nicaragüenses comparten esta visión. El economista Enrique Sáenz, en su artículo de opinión “Reforma Constitucional OrMu, autogolpe de Estado y vulgareo”, sostiene que “llamar o reconocer como reforma constitucional a lo que lisa y llanamente es un autogolpe de Estado que entierra las ruinas que quedaban de la Constitución, es reconocer la voluntad de la tiranía bicéfala como fuente de poder. Y abonar a su legitimación”.
Según el analista, se trata de una “acción política mediante la cual una persona o un grupo de personas, por sí y ante sí, sean civiles o militares, pero siempre con el respaldo de la fuerza, se arrogan el control total de las instituciones públicas, imponen su voluntad como fuente de derecho y administran a su arbitrio los derechos y libertades ciudadanas”. Sáenz sostiene que Daniel Ortega ya había desmantelado la Constitución Política, consolidando un control absoluto sobre el poder público.
“Esta reforma, en vez de modernizar nuestra Constitución, que de por sí ya estaba maltrecha por todas las reformas que han hecho durante los últimos 17 años, lo que hace es volvernos al medievo para instalar una figura de rey y reina… es decir, copresidentes con poderes plenipotenciarios. Figuras que pueden estar por encima de todos los poderes del Estado, y que tendrán voz, voto y decisión en materia legislativa, judicial, electoral, de defensa… en todas las materias del Estado”, dijo Jesús Tefel, presidente de la organización Hagamos Democracia a DIVERGENTES.
El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), en su informe titulado “Tiranía y legalidad”, detalla que el régimen modificó más de cien artículos de la Constitución Política, desapareciendo la democracia representativa. Según el estudio, los poderes del Estado dejaron de ser independientes y la Presidencia absorbió todas las funciones de coordinación institucional. “El régimen de los Ortega-Murillo, incapaz de aplastar las protestas y acciones de resistencia ciudadana iniciadas en abril de 2018, optó por la radicalización autoritaria y por imponer un estado policial sobre la población”, sostiene el informe.
El documento añade que institucionalizar este control total se convirtió en la prioridad del régimen, que “modificó el marco jurídico de Nicaragua para legalizar su proyecto político autoritario y dinástico”. Lo que significa, que lejos de fortalecer la democracia, las reformas impulsadas por el régimen Ortega-Murillo consolidaron un sistema de control total, donde la ley se usa para legitimar el autoritarismo y la concentración del poder bajo el discurso del “protagonismo popular”. Es decir, la Constitución ORMU vino a desmantelar la institucionalidad, eliminar los contrapesos y convertir la Carta Magna en un instrumento al servicio de la permanencia del poder.
Pese a los intentos del canciller Denis Moncada por maquillar en el exterior la imagen del régimen Ortega-Murillo, las evidencias son claras: Nicaragua vive bajo un poder concentrado en una pareja presidencial, sin transparencia, con disidencias silenciadas, presos políticos y una represión sistemática que desmiente cualquier discurso de democracia o equidad. Por tanto, su afirmación resulta engañosa.