La falacia del diputado sandinista Filiberto Rodríguez: “a nadie se le confisca en Nicaragua”

A pesar que voceros del régimen Ortega-Murillo insisten en que la Constitución OrMu no establece las confiscaciones de bienes, el artículo 16 y 112 del Código Penal reformado establece el despojo de bienes para delitos achacados a opositores


Lo dicho:

“Los traidores se enjuagan la boca diciendo que usted que está fuera del país, que le van a quitar sus bienes, aquí no hay confiscación. A nadie se le confisca un bien porque está en nuestra Constitución”.

Clasificación:

Falso - La información no es verdadera

Verificamos:

El artículo 46 de la nueva reforma constitucional ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que prohíbe la confiscación de bienes y garantiza el derecho a la propiedad privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, familiar y mixta, contrasta abiertamente con la realidad de las 451 personas desnacionalizadas y las 5505 organizaciones cuya personería jurídica ha sido cancelada desde 2018. 

Según datos de Red Local, al menos 1825 activos de estas entidades han sido ocupados de facto por el régimen, desmintiendo las afirmaciones oficiales de que “aquí no hay confiscación”. Es decir, que pese a lo establecido en la Constitución, las confiscaciones han sido ocupadas como una herramienta de persecución política en el país. 

Las confiscaciones, que luego son declaradas de “utilidad pública” por la Procuraduría General de la República, han afectado a un amplio espectro de sectores: empresarios, medios de comunicación, ambientalistas, historiadores, politólogos, excandidatos presidenciales y organizaciones consideradas “traidores a la patria”. 

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, lleva un registro de las confiscaciones del Gobierno sandinista en su informe titulado “La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo: Más de 250 millones de dólares en confiscaciones legales”. Entre 2018 y mayo de 2023, el régimen confiscó 135 propiedades, valoradas en más de 250 millones de dólares, en un contexto marcado por la crisis sociopolítica iniciada en 2018.

A pesar de la denuncia de algunos opositores, se estima que las cifras de las confiscaciones podrían ser mayores, ya que la falta de información oficial y el temor de las víctimas a denunciar por posibles represalias han dificultado la cuantificación de las nuevas apropiaciones de inmuebles, dice Amaru Ruiz, director de Fundación del Río.

Ruiz enfatiza que una de las estrategias que el régimen utiliza para ocultar las confiscaciones es la modificación de los registros catastrales de las propiedades expropiadas. “Es difícil comprobar el origen de los bienes confiscados porque el sistema de información de Catastro ha sido deliberadamente alterado, lo que dificulta el rastreo de las propiedades”, señala.

Reformas legales para oficializar la confiscación

Estas confiscaciones se oficializaron mediante reformas legales que contradicen principios constitucionales. En febrero de 2023, la Asamblea Nacional reformó el artículo 20 de la Constitución para establecer que los bienes de los “traidores a la patria”, además de perder su nacionalidad, pasarían a nombre del Estado. Este cambio quedó reflejado en el actual artículo 17, de la nueva reforma constitucional, que dicta: “Los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. Aunque la nueva Constitución no menciona explícitamente el despojo de bienes, el régimen modificó también el artículo 16 y 112 del Código Penal (Ley 641), referido al “principio de universalidad” y habilitando la confiscación de bienes a nicaragüenses y extranjeros acusados de delitos como lavado de activos, terrorismo, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.

“Los bienes o activos, incluyendo los activos virtuales de origen lícito necesarios, estarán sujetos a decomiso, a fin de responder por las responsabilidades penales o cubrir la reparación de los daños y perjuicios de la víctima”, refiere el artículo 112 del Código Penal.

Nadie se salva 

Las confiscaciones también han alcanzado a universidades, a la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) y medios de comunicación. Según Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), entre 2018 y 2023 al menos 54 medios fueron cerrados en Nicaragua. De estos, cinco fueron allanados y sus propiedades confiscadas, incluyendo el diario La Prensa, ahora convertido en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho; Confidencial, transformado en la Casa Materna del Distrito 1 “Camila López”; 100% Noticias, reconvertido en un centro de atención para adicciones y drogadicción; y La Trinchera de la Noticia.

Según analistas políticos, estas disposiciones equivalen a confiscaciones prohibidas por la Constitución, generalmente justificadas como reparación de daños contra “el Estado de Nicaragua”. Félix Maradiaga, en un artículo de opinión, señaló que estas medidas han permitido al régimen desnacionalizar y despojar de sus bienes a cientos de opositores, quienes, al encontrarse fuera del país, no pueden defenderse de los cargos fabricados en su contra. Mientras tanto el régimen continuará apropiándose de bienes bajo la declaratoria de utilidad pública, consolidando así su política de expropiaciones contra instituciones académicas y civiles.