Desde que la justicia se convirtió en una de las demandas estratégicas del movimiento cívico nicaragüense en 2018, la idea de un proceso de justicia transicional ha estado presente en numerosos actores y organizaciones, especialmente las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un país donde la verdad y la justicia siempre han sido postergadas y nunca se han establecido responsabilidades luego de los recientes ciclos de conflicto interno, las perspectivas acerca de la justicia transicional son variadas y frecuentemente se la confunde con la necesaria justicia penal que deberán enfrentar los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Nicaragua desde 2018 hasta la actualidad.
¿Qué es la justicia transicional?
Pero, ¿qué es la justicia transicional? Es un concepto relativamente joven y se refiere a procesos en los que las sociedades deciden enfrentar violaciones graves y masivas y de derechos humanos. Son procesos de mediano y largo plazo que trascienden a la justicia penal y tienen como actores fundamentales a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Los procesos de justicia transicional son únicos porque se diseñan de acuerdo con las necesidades y condiciones de las sociedades que deciden emprenderlos. Usualmente se desarrollan en sociedades de postguerra, pero no únicamente como en el caso de Colombia, uno de los ejemplos más cercanos.
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Los tres pilares fundamentales de la justicia transicional son: memoria y verdad; justicia y reparación para las víctimas; y no repetición. La memoria se refiere al derecho de las víctimas de ser reconocidas, escuchadas y recordadas, se basan en la reconstrucción de los hechos ocurridos e incluye mecanismos que van desde los informes de organismos de derechos humanos y otras organizaciones; los relatos y testimonios de las víctimas, así como ceremoniales, monumentos y otros actos de recordación. La verdad es el derecho de la sociedad de conocer lo ocurrido; uno de los mecanismos más conocidos y empleados son las comisiones de la verdad. La memoria y la verdad son fundamentales para el siguiente pilar.
La justicia y reparación para las víctimas se refiere a las investigaciones y enjuiciamientos que deberán enfrentar los responsables de las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos. Los enjuiciamientos a veces requieren la aplicación de una combinación de enfoques porque son procesos especiales y muchas veces la justicia penal ordinaria no es suficiente. También requieren metodologías específicas de investigación y el enjuiciamiento de casos considerados estratégicos. Los enjuiciamientos pueden ser colectivos e individuales, nacionales o internacionales. La búsqueda de justicia para las víctimas no tiene que comenzar hasta que se produzca el cambio o la transición política; de hecho, en muchos casos ha comenzado antes, cuando las víctimas y las organizaciones de sociedad civil comienzan a documentar los crímenes de lesa humanidad.
La reparación a las víctimas no se agota con los enjuiciamientos; la premisa de partida es que tienen derecho a la reparación, ya sea a través de actos económicos, políticos, simbólicos y/o sociales. Las reparaciones económicas pueden incluir el pago de indemnizaciones o compensaciones; las políticas pueden significar la restitución de derechos y libertades; mientras que las reparaciones simbólicas y sociales pueden incluir disculpas públicas, memoriales y otros actos públicos.
La no repetición consiste en sentar las bases para que los crímenes cometidos no se repitan. Incluyen la revisión y reestructuración de instituciones, especialmente aquellas que jugaron un papel preponderante en los crímenes de lesa humanidad. Generalmente transcurre cuando se abre la oportunidad de una transición.
Justicia transicional para Nicaragua
A diferencia de otros países donde están en curso procesos de justicia transicional, en Nicaragua no hay conflicto bélico de por medio, pero la magnitud de las violaciones de derechos humanos que ha cometido el régimen de los Ortega-Murillo es tal, que diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), han reconocido que se trata de crímenes de lesa humanidad porque constituyen una práctica sistemática del Estado y por la cantidad de personas afectadas por tales prácticas. A eso se agrega la excepcionalidad de numerosos actos de persecución, las torturas practicadas contra las personas prisioneras políticas, el destierro y el despojo de nacionalidad, entre otras.
Desde los primeros asesinatos cometidos por la dictadura Ortega-Murillo en 2018, la sed de justicia se ha instalado en la sociedad nicaragüense, particularmente en las víctimas. Se afirma que a diferencia de otras épocas donde no ha habido verdad ni justicia, esta vez sí habrá. Desde entonces se han realizado numerosos esfuerzos de organizaciones de víctimas, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales encaminados a documentar los crímenes, construir la memoria y la verdad. Lo hecho constituye un enorme avance para los procesos de justicia penal que se realizarán más adelante. Las víctimas y sus familiares han estado en la primera fila de la demanda, la denuncia y la búsqueda de justicia.
Cada informe presentado en un foro o instancia internacional; cada acción de denuncia e incidencia emprendida es un paso más en la búsqueda de justicia. Hace dos años un grupo de abogados argentinos abrió un proceso judicial en ese país acusando a Daniel Ortega, Rosario Murillo y un grupo de 30 funcionarios públicos por delitos de lesa humanidad alegando el argumento de la jurisdicción universal. El juez admitió la causa y los abogados pidieron una orden de detención y captura internacional. El proceso ha generado muchas esperanzas y expectativas para que se haga justicia, pero también hay conciencia de que el camino puede ser largo y con obstáculos.
Desde algunas perspectivas, la justicia transicional es para después, cuando se produzca el cambio político y se abra la transición. Un proceso de esa naturaleza plantea grandes desafíos para Nicaragua como los que han enfrentado otras sociedades, pero ya hay valiosas lecciones aprendidas que vale la pena revisar de esas experiencias en otros países como del camino que ya se ha recorrido. Con los esfuerzos realizados y los avances que se consigan, el camino de la justicia transicional ya inició en Nicaragua y uno de los principales retos es que todo esfuerzo, por pequeño que sea, se haga teniéndola como telón de fondo.
ESCRIBE
Elvira Cuadra
Socióloga nicaragüense. Su trabajo de investigación se ha enfocado en el análisis de conflictos, seguridad y derechos humanos; también ha trabajado en el análisis del proceso político en Nicaragua, juventudes y cultura política. Actualmente es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Autora y co-autora de ensayos y libros.