La “Pista Gaza” atraviesa el centro histórico de Managua desde el pasado 29 de enero. La calle de 2.8 kilómetros, cercana a las costas del Lago Xolotlán, fue renombrada –antes era conocida como la Dupla Norte– por la Alcaldía de Managua en solidaridad con los palestinos por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.
En el centro de esta vía de circulación, las autoridades del régimen también inauguraron el “Parque Palestina” en “reconocimiento a la resistencia y heroísmo del hermano pueblo de Palestina”, según se lee en una placa develada en el lugar.
Los gestos de apoyo a Palestina por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo han sido simbólicos. El 23 de enero, solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano de la ONU, que les sea autorizado intervenir en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por supuestas violaciones a la Convención sobre Genocidio durante la guerra en Gaza.
“Como Estado Parte de la Convención contra el Genocidio, Nicaragua tiene la obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes”, detalla una nota de prensa difundida por medios oficialistas, que señala que la solicitud fue presentada por el embajador de Nicaragua en la CIJ, Carlos Argüello.
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La guerra entre Israel y Hamás empezó el 7 de octubre del año pasado, cuando un ataque de Hamás se saldó con 1200 muertos y más de 240 rehenes. Tras ello, el Ejército israelí lanzó una fuerte ofensiva sobre Gaza que ha dejado al menos 25 000 fallecidos. Un gran porcentaje de las víctimas han sido mujeres y niños.
Llevar al régimen a la justicia internacional
Juristas y analistas políticos consultados por DIVERGENTES consideran que con esta demanda, el régimen de Ortega-Murillo puede abrir las puertas para que otro Estado realice una demanda similar en su contra por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la pareja dictatorial y sus operadores represivos, documentados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU) a partir de las protestas de 2018.
Los expertos valoran que el régimen puede ser demandado de forma similar en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI), debido los señalamientos por su participación en delitos como persecución política y religiosa, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y privación arbitraria de la libertad, entre otros.
“Se puede llevar a cabo una demanda ante la CPI por los hechos punibles que, sin duda, está cometiendo la dictadura de Ortega”, dijo el exasesor de la OEA, Guillermo Belt. “Alguien debería de llevar el caso, por ejemplo, de la apatridia que ha cometido en los últimos años”, agregó.
Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma y la CPI no tiene jurisdicción para poder intervenir.
Sin embargo, Belt señala que “desde el punto de vista político, es un buen momento” para intentar apoyarse en la justicia internacional para demandar por los crímenes cometidos por el régimen de Nicaragua.
“Hay fundamentos de sobra para llevar al régimen a la CPI, y eso lo han planteado algunas personas, pero nadie toma acción, nadie lo hace”, afirmó Belt.
Una acción parecida fue la investigación que se abrió en Argentina en octubre de 2022, a raíz de la denuncia de dos abogados argentinos independientes.
Los juristas decidieron iniciar este proceso después de conocer las pocas probabilidades de que las víctimas puedan acceder a la justicia en Nicaragua, y un juez federal abrió la investigación.
La justicia federal Argentina tiene cierta experiencia en investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en otros países, como los del franquismo en España y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.
Un mes después, sobre la base de esta investigación, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) interpuso una denuncia en Argentina en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios por los crímenes perpetrados a partir de abril de 2018.
Alternativa en la CIJ
Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, dijo que el régimen Ortega-Murillo podría ser demandado de forma similar a Israel –que se basa en la Convención sobre Genocidio de la ONU– por los crímenes cometidos en la Costa Caribe de Nicaragua.
“El Estado de Nicaragua no puede ocultar los genocidios de manera sistemática en el Caribe, y se está agravando porque hay desplazamiento. El genocidio se comete sobre la base de una cuestión étnica y racial. Entonces, yo creo que cualquier Estado puede solicitar lo mismo en relación a Nicaragua”, dijo Ramírez-Ayérdiz.
“Dictadura tiene que rendir cuentas”
Gonzalo Carrión, del organismo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que la demanda del régimen contra Israel es una expresión de cinismo e hipocresía.
“Quienes tienen que rendir cuentas son la dictadura Ortega-Murillo”, dijo Carrión. “No obstante, lo que está sucediendo en ambos territorios (Israel y Palestina) debe ser motivo de conmoción y solidaridad”, agregó.
El pasado 9 de febrero, la CIJ aceptó formalmente la solicitud de Nicaragua para intervenir en el caso que Sudáfrica presentó contra Israel ante el organismo internacional por el presunto genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
La CIJ reconoció que Nicaragua tiene intereses jurídicos legítimos para formar parte de las audiencias, lo que se ajusta a los derechos y obligaciones establecidos por la Convención sobre el Genocidio para todos los Estados miembros.
Régimen quiere “lavarse la cara” a nivel internacional
Danny Ramírez-Ayérdiz considera que el régimen Ortega-Murillo “no tiene autoridad moral” porque está abogando por la situación en Gaza, “cuando en Nicaragua se están cometiendo crímenes de lesa humanidad”.
Para Ramírez-Ayérdiz, esta es una movida política de la dictadura “para limpiarse la cara internacionalmente, y para que la comunidad internacional noten que son abanderados de estas causas que tienen cierta aceptación por algunos países”.
El analista político, Guillermo Belt, considera que la demanda de Nicaragua revela el cinismo de la dictadura.
“Ortega es un incondicional de otras dictaduras, como la rusa, la iraní o la china, y vota en los foros internacionales a cómo votan estos países”, dijo Belt.
“La consecuencias políticas de esta demanda es mínima porque el peso político que tiene Nicaragua es mínimo, ya que sufre de un desprestigio muy grande”, agregó. Belt considera que la demanda de Nicaragua no agrega nada: “solamente es un gesto político para buscar la simpatía de otras dictaduras y movimientos terroristas internacionales”.